El control del control

Todo parece indicar que el Parlamento cubano recién electo, en su nueva legislatura, va a tomar el toro por los cuernos en materia de descontrol, esa insuficiencia que está entorpeciendo los propósitos de actualización del modelo económico cubano.

Las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular, reunidas ayer y hoy como una especie de calistenia para el primer período ordinario de la 8va. Legislatura que sesionará este sábado, han analizado y opinado acerca del impostergable control interno, la asignatura pendiente que aún la economía y la sociedad cubanas deben seguir revalidando.

Ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano, la contralora general de la República, Gladys Bejerano, subrayó como causales de las insuficiencias en el control interno, que generan condiciones para el delito y la corrupción, las debilidades en la conducta de los cuadros para establecer orden, disciplina y exigencia. Y también destacó la importancia del control obrero, como mecanismo democrático para revertir esas distorsiones.

Al destacar la responsabilidad de los cuadros de dirección ante todas las fisuras por donde se escapan recursos y valores morales de la sociedad, sentenció que el bandido sobrevive allí donde quien tiene que cumplir su papel de garante del control no lo hace.

Valoró asimismo la importancia de atender los estados de opinión de la población, y la receptividad de la Contraloría a las denuncias de los ciudadanos en tal sentido. Significó cómo estas últimas, años atrás, eran mayoritariamente anónimas, y hoy el 76 por ciento de las mismas llegan con la identificación de sus emisores. Ello, según la Contralora, revela que ha crecido la confianza de la población.

Al comentar las palabras de la Contralora, el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo, remarcó la responsabilidad histórica de esta Legislatura Parlamentaria de hacer cumplir sin dilaciones la legislación y normas jurídicas y todo lo que está establecido. Va a ser una Legislatura fuerte y exigente, y hay que trabajar duro, afirmó.

La dimensión verdadera

El control interno no debe verse como el mecanismo para dictaminar la ocurrencia o no del delito o corrupción, sino que debe convertirse en el mejor modo de establecer una estrategia que permita realizar una gestión de la calidad de los procesos que llevan a cabo los diferentes organismos, organizaciones y entidades, es decir, para perfeccionar lo que hacemos.

Así lo enfatizó el miembro del Buró Político Miguel Díaz-Canel Bermúdez, primer vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, en el intercambio que sostuvo, en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, con los parlamentarios que integran la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente.

«La correcta aplicación de la Resolución 60/11 emitida por la Contraloría, que muchas veces se asume como una carga, debe aprovecharse para evaluar cómo funcionamos, cómo podemos encaminarnos hacia un mejoramiento continuo. Por supuesto, si funcionamos mal, mayores son los riesgos y las oportunidades para que aparezcan las pérdidas, el despilfarro, los usos indebidos, actos ilícitos... Más que una fórmula, la Resolución 60/11 es un modelo de gestión», abundó Díaz-Canel.

Sus reflexiones las provocó el debate que suscitó la información que ofreciera Acela Martínez Hidalgo, vicecontralora general, sobre los resultados del control interno efectuado por la Contraloría General de la República (CGR) como parte de la VII Comprobación Nacional que se realizara a finales de 2012, cuyo objetivo era evaluar el estado de control de algunos programas de impacto social vinculados a los Lineamientos aprobados en el VI Congreso del Partido.

Sobre los resultados de la VII Comprobación Nacional, la funcionaria informó que el 65 por ciento de esas verificaciones se comportó de modo aceptable o satisfactorio, y que los principales problemas se encuentran en la base, de ahí la importancia de fortalecer el control interno.

Díaz-Canel insistió en que ese índice de satisfacción solo puede conducirnos a intensificar el control, las acciones de prevención y enfrentamiento a las ilegalidades y a fortalecer el Sistema Nacional de Auditoría. «Cierto que existe más conciencia, más comprensión, pero no estamos bien.

«La única forma de evitar la vulnerabilidad es gestionando la calidad en un ambiente de planificación adecuado; en un ambiente normativo, en un ambiente de participación de todos, de discusión y de polémica, en el que cada cual, a partir de la necesaria organización, conozca su responsabilidad: qué, cómo y quién debe hacer en cada área. Ahí tenemos la herramienta, solo hay que gestionar, orientar y controlar de una manera distinta, más eficiente».

Regla García, diputada que representa al municipio de Plaza de la Revolución, en la capital, se interesó por la valoración de la Contraloría acerca de la marcha de los proyectos no estatales e indagó por las principales denuncias que le llegan de la población. Se supo que estas están relacionadas, fundamentalmente, con violaciones en la política de cuadros, con el sistema de control interno y con el desvío de recursos.

Iris Betancourt, diputada por Manzanillo, está convencida de que lo esencial es lograr una mayor toma de conciencia y participación de las instituciones en sus mecanismos de control, mientras Mirtha Millán Nieves (Isla de la Juventud) expresó que «no basta con que se detecten los problemas. Hay que discutirlos sobre todo con los trabajadores —en ocasiones no se enteran de los resultados de las auditorías—, indicar los responsables, presentar las soluciones y hacer que estas se pongan en práctica».

Según Zuleica Romay (La Habana Vieja) el éxito de la Contraloría también descansa en la elevación de la profesionalidad de las auditorías. «Me preocupa que sobre todo se insiste en la preparación técnica de los auditores, lo que por supuesto es esencial, y no sé si se lleva con la misma fuerza la parte conductual, ética, porque es muy importante el sentido de la justicia, del equilibrio, para que no se confunda la causa con la consecuencia, para que un auditor no se conforme con la primera impresión, sino que llegue a la raíz de los problemas».

En la Comisión de Asuntos Económicos se alertó en cuanto a la necesidad de, profilácticamente, dar seguimiento estricto a la «ruta crítica» de funcionarios y cuadros administrativos que han incurrido en actos de corrupción y otros delitos. También se planteó la preocupación en cuanto al insuficiente completamiento de los aparatos contables en no pocas entidades.

Trabajar en control, no para él

El cambio de mentalidad que necesita la Cuba actual no es una abstracción ni un asunto de caprichos: Cuando se habla de trabajar en un ambiente de control y no para él, no para cuando vengan a examinarnos, cuando se habla de aprender a controlar en vez de aprender a ser controlados, se está haciendo alusión a una nueva filosofía que debe abrirse paso en medio de una lucha de vida o muerte: la lucha contra la corrupción.

Ese fue el eje conceptual de la información ofrecida por representantes de la Contraloría General de la República a parlamentarios cubanos, sobre el cumplimiento de las principales funciones y retos que enfrenta ese órgano superior del Estado nacido hace ya casi cinco años en aras de fortalecer y transparentar el funcionamiento de las instituciones.

Como parte de las actividades de los diputados en el Primer Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en su VIII Legislatura, la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer tuvo este jueves su primera jornada de trabajo en el Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas Victoria de Girón, durante la cual el contralor asesor de la Contraloría General de la República, José Luis Nicolau, hizo una explicación sobre las principales misiones de esa entidad.

Todas las acciones de la Contraloría, expresó, están encaminadas a señalar cuál de los Lineamientos Económicos y Sociales del Partido y la Revolución se está violando; y están fundamentalmente destinadas a los primeros 12 Lineamientos que definen el modelo de gestión económica. Subrayó la idea de que el nacimiento de la Contraloría marca una nueva etapa en la sociedad en la cual la actividad de administración es sujeto y actor principal, y en la cual el control debe dejar de ser una tarea aislada para estar presente en cada actividad y programa como función principal en los procesos de dirección.

Se trata de una etapa —resaltó— en la cual se movilice y haga participar a los trabajadores, en la que se aporten argumentos, información, se fortalezcan la crítica y la autocrítica y valores como la honestidad, la disciplina y el respeto por la legalidad. Eso será posible, reflexionó Nicolau, si se transforma la base económica, premisa que no será posible si antes no hay control.

Para el año próximo, cuando se cumpla el aniversario quinto de la Contraloría General, la entidad está preparando, según informó Nicolau, una suerte de rendición de cuentas al Parlamento cubano.

Ante la interrogante alusiva a cuál ha sido el impacto de la labor de la Contraloría General en el escenario del país, respondió que entre los resultados está que los problemas han dejado de ser tabúes y se nombran, y que se han modificado muchas de las bases normativas para el control.

Desde luego, reconoció, todavía no puede hablarse de que hayamos detenido las amenazas que acechan la salud de nuestra sociedad, porque «hay una brecha entre lo que ocurre y lo que se detecta, y otra más dolorosa entre lo que se detecta y no se informa». La Contraloría, destacó, tiene dos caminos cardinales en el trabajo de la prevención: perfeccionar las normas de control, y preparar a las administraciones porque, a fin de cuentas, como dijera Martí, en prever está todo el arte de salvar.

Exigir más

Los diputados de la Comisión de Industria, Construcción y Energía expresaron su convicción de que exigir más, ser más rigurosos en los controles y buscar las causas que generan los problemas para combatirlos desde la raíz son la fórmula fundamental para eliminar los hechos de corrupción y mal manejo de los recursos que ocurren en el país.

Si la fuente de abastecimiento está en nuestras empresas, si los insumos u objetos que venden los cuentapropistas salen de manera ilegal, es la dirección de esa entidad la que debe responder por lo que está sucediendo.

Así contestó a una inquietud de la diputada por La Habana, Alicia Alonso, la contralora Darma Karina Solá López, jefa de la Dirección Integral de Control de Infraestructura de la Contraloría General de la República.

La especialista explicó que es la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, la encargada de fiscalizar ese nuevo tipo de trabajo, aunque la contraloría puede intervenir en caso de que sea de interés del Estado.

Hemos realizado algunas acciones, puntualizó, de conjunto con la Fiscalía y el Ministerio del Interior, y si el descontrol de una empresa propicia que salgan de una entidad materias primas u otros objetos eso es responsabilidad de las administraciones y eso puede ser detectado por alguno de nuestros controles, argumentó.

También se refirió a que debe estar bien documentado cuando una entidad del Estado utiliza a un trabajador por cuenta propia para realizar algún tipo de labor en el centro.

Hemos encontrado trabajos con precios muy altos, y quién puede asegurar que de ese dinero no se beneficie también algún directivo de la empresa, dijo. Además, siempre hay que revisar cuál es el actor económico, estatal o no, que puede dar el mismo servicio en mejores condiciones.

El sistema de control interno, la disciplina, el atacar a tiempo los problemas, fueron también elementos debatidos por los diputados de la Comisión.

Igualmente los diputados argumentaron que la Guía de Control Interno no debe ser un papel guardado en una gaveta, sino motivo de análisis, de trabajo, de poner en práctica, de prevenir para que los problemas no crezcan antes de que se les encuentre solución. Al respecto se pronunciaron los diputados José Cabreras, de Pinar del Río, y Rafael López, de Playa, quienes opinaron que ya los directivos están capacitados, pero muchas veces falta la actuación, velar por la disciplina, por la autocrítica en el momento adecuado.

Hay que combatir el error, ser críticos, porque sino los problemas crecen, y lo que pudo tener solución con un llamado de atención se convierte en un hecho de corrupción, porque la impunidad trae delito, señalaron.

El control en manos de todos

Uno de los planteamientos principales que condujeron los debates en la Comisión de Relaciones Internacionales fue la necesidad de que se ejerza el control popular. No es suficiente —afirmó la diputada Kenia Serrano— con tener buenos mecanismos, sistemas informatizados, personal especializado que ejerza el control, cuando lo fundamental es que se inmiscuya en ello todo el pueblo, tal como se establece en los Lineamientos del VI Congreso del Partido.

Para el diputado Alberto Núñez falta reconocimiento público de los resultados del trabajo que durante estos años ha desarrollado la Contraloría General de la República. Es importante reconocer —aseveró— que en la medida que la población conozca de los resultados de auditorías profundas, tendrá confianza de que no existe impunidad y se trabaja para enfrentar los hechos de corrupción e ilegalidades.

¿Herramienta de dirección?

El funcionamiento eficaz del control interno en el sector agroalimentario es una asignatura todavía pendiente, recalcó el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ulises Rosales del Toro.

Al exponer sus experiencias relacionadas con esta problemática a los diputados de la Comisión que atiende permanentemente la actividad agroalimentaria, significó que el autocontrol es uno de los eslabones más débiles dentro de la cadena que conforma el sistema de fiscalización, cuando debería ser el más objetivo para evitar la corrupción y los delitos.

Rosales del Toro insistió en que cada vez que se audite una organización se tenga en cuenta las supervisiones precedentes, pues hay que identificar los problemas teniendo en cuenta los cambios que están ocurriendo a raíz de la implementación de los Lineamientos que sostienen la actualización del modelo económico en el país, y que consolidan la institucionalidad.

Sobre los principales problemas detectados por la Contraloría al sector agroalimentario inquirió la diputada Karen Alvarado Rufo, investigadora del Centro de Desarrollo de Montaña, de Yateras, en Guantánamo. Rolando Lorenzo, contralor jefe de la dirección para atender el sector agroalimentario en la Contraloría General de la República, mencionó como la principal incidencia el incumplimiento de los planes productivos.

Precisó que en la agricultura el año pasado se incumplieron varios renglones productivos y también el grupo azucarero Azcuba dejó de producir más de 100 000 toneladas de azúcar.

«Todavía nos encontramos en una etapa donde no se utiliza el control interno como una herramienta de dirección, y los planes de prevención son formales. Tampoco se logra identificar los principales riesgos que no solo están relacionados con las indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de corrupción, sino con la gestión de las organizaciones que componen este sector», precisó.

Lorenzo enfatizó en que los análisis de las causas y condiciones de los problemas también constituyen debilidades para el sector agroalimentario. Las verdaderas causas no siempre son identificadas, muchas veces se quedan en el modo de operar o en las principales deficiencias. Eso conspira— según dijo— contra la elaboración de medidas efectivas para minimizar las dificultades.

Otros problemas que ha detectado la Contraloría en este sector están relacionados con la contratación económica. De acuerdo con lo manifestado por Lorenzo, hay insuficiencias y lagunas en este aspecto que deben ser abordadas con inmediatez, porque existen los mecanismos, las normas y resoluciones para que este asunto funcione de una mejor manera.

Como dificultad que continúa flagelando al sector señaló también la comercialización de los productos. Aunque refirió que se han dado pasos en los últimos días para establecer nuevas formas, estimó que se trata de un asunto no resuelto todavía; y que la nueva norma es un paso que debe complementarse con el control.

«Estamos ante formas no estatales de comercialización. Habrá relaciones entre formas no estatales y también entre estas últimas y las estatales. En la medida en que esta experiencia se consolide, la Contraloría evaluará este nuevo proceso. Es muy incipiente para hablar de problemas, pero está concebido para la octava comprobación nacional —a finales de octubre— valorar esta forma de comercialización de productos agropecuarios», apuntó.

En esta comisión se mostró preocupación sobre el modo en que las nuevas cooperativas que participarán en la comercialización de productos agropecuarios serán controladas para que cumplan con sus compromisos sociales.

Lorenzo aclaró que la Contraloría podrá, a través de las empresas con las que se relacionan estas cooperativas, comprobar cómo se cumplen los contratos y otros deberes, entre estos los fiscales, pero que el manejo de los recursos propios de estas cooperativas es responsabilidad de cada una. No obstante, ponderó la importancia de que estas cooperativas hagan uso de los sistemas internos de control para que funcionen con eficiencia.

El termómetro

El mayor termómetro es el pueblo: este es el único medidor capaz de retroalimentar sobre las deficiencias y la calidad del trabajo de las autoridades y organismos en todos los sectores de la sociedad, para buscar soluciones y concebir un Plan de Acciones de Control más efectivo.

Esta fue una de las líneas que guió los debates de los diputados en la Comisión de Atención a los Servicios.

El diputado Pablo Hernández, de la provincia de La Habana, significó la necesidad de lograr una buena selección de los cuadros de dirección, que no responda a los «amiguismos», ni a la mera formalidad de ocupar los espacios vacíos. «Debemos abogar porque nuestros dirigentes, desde la base, sean personas profesionales con las capacidades y valores que sus cargos requieren, para que tengan un buen desempeño», argumentó.

Otro elemento esencial —agregó— es la rendición de cuentas que estos deben hacer ante sus trabajadores, quienes tienen la potestad de exigir que sean profundas y críticas, desprovistas de meras formalidades.

Víctor Manuel Almani, de Sancti Spíritus, señaló la importancia de realizar procesos de «contracontrol», como una herramienta efectiva en la evaluación de los sistemas de auditoría que se realizan en las instituciones del país. Dania Bacallao de Trava, contralora jefa de la dirección integral de Control en Turismo, Comercio y Servicios, explicó, a instancia de los diputados, que no hay una tarifa establecida para las contrataciones entre los sectores estatal y por cuenta propia, un tema en el que se debe profundizar.

Señaló que para enfrentar estas irregularidades una de las premisas es la mejor preparación de los cuadros y directivos, y la participación de los trabajadores en la valoración y toma de decisiones de una empresa.

Hizo hincapié en la falta de conocimiento práctico, pues en no pocas ocasiones los económicos tienen una visión empírica que no les permite solucionar los problemas nacidos de una cotidianidad tan cambiante.

El general de división Antonio Enrique Lussón, vicepresidente del Consejo de Ministros, consideró que uno de los puntos débiles hoy es la pérdida de valores éticos y morales, donde en ocasiones predomina la filosofía de pensar en «lo mío» por encima de «lo nuestro».

Significó el papel de la administración en la solución de los problemas particulares de cada entidad, como un deber social, donde también es importante el rol desempeñado por las organizaciones como el sindicato, la UJC y el Partido.

Tener conciencia de que el control interno no es una tarea, sino una herramienta imprescindible para todos aquellos que tienen responsabilidades de dirección, fue uno de los aspectos debatidos por los diputados de la Comisión de Salud y Deporte.

El Dr. Jorge González, presidente de la comisión, recalcó cómo los diputados pueden hacer conciencia en su radio de acción para que todos (directivos, ejecutivos, funcionarios, trabajadores...) hagan de la autoevaluación de su gestión una herramienta permanente, y que cuando corresponda se le dé seguimiento a las medidas administrativas, para de ese modo poder corregir cualquier falla o insuficiencia.

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