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Compasivo, esa fue una palabrita que durante sus campañas electorales en busca de la Casa Blanca utilizó George W. Bush. Luego que se sentó en la silla, el término casi desapareció de su vocabulario, pero no resulta inapropiado traerlo ahora a colación.
Una propuesta bipartidista en el Comité de Finanzas del Senado, que ampliaría el seguro de salud a 3,3 millones de niños de bajos ingresos en Estados Unidos está ante la guillotina a punto de ser decapitado. Un mandatario listo para vetarla dará dos golpes al mismo tiempo contra la salud de los estadounidenses.
Hace una semana, senadores demócratas y republicanos se pusieron de acuerdo para añadir 35 000 millones de dólares al Programa de Seguro de Salud para Niños en un lapso de cinco años. Los fondos saldrían de un aumento al impuesto federal a los cigarrillos —61 centavos de dólar más por cajetilla—, medida nada popular pero que también contribuiría de paso a poner un valladar a un hábito que daña considerablemente la salud. Sin embargo, el sábado se conoció que el veto es la decisión recomendada a Bush, el hijo, y el programa de 1997, que proveía 40 000 millones en diez años, expira el 30 de septiembre.
En la Cámara de Representantes, los demócratas buscan un incremento mayor: 50 000 millones de dólares para financiar cinco años, lo que permitiría que los 8,3 millones de niños que no cuentan con seguro médico puedan alcanzarlo y también proveer de cierta cobertura a los 45 millones de estadounidenses desprotegidos.
Pero los truenos anuncian que no habrá extensión para el financiamiento adicional. Por si usted no lo sabe, quien no está asegurado simplemente no es apto para recibir cuidados médicos si acude a un hospital público de ese país.
¿Que ese es un derecho humano elemental? A quién le importa. Bush y su gente se oponen resueltamente a la propuesta y solo están dispuestos a ceder 5 000 millones de dólares. Alegan que, de aprobarse la cifra original que proponen los senadores, estimularía a que la gente abandone la cobertura privada de salud y se enrole en el programa subsidiado por el gobierno. Más claro ni el agua, no es nada bueno para los bushianos que los emporios médicos pierdan posibles «clientes».
Los ultra-neoconservadores en el poder asentaron desde un principio su filosofía de que el Estado no debe tener un papel protagónico en solucionar los problemas de la ciudadanía; la sacrosanta empresa privada es la destinada a regir oferta y demanda. La industria médica no es una excepción, y es sabido que junto con la farmacéutica constituye uno de los negocios más lucrativos en EE.UU. y también cuentan en la lista de los consorcios que más han aportado capital a las campañas electorales. Recordemos aquello: «quien paga, manda».
Cuánta razón tiene el cineasta Michael Moore con su filme documental Sicko: los cuidados médicos en Estados Unidos gozan de mala salud y la administración Bush ni siquiera la ayuda a caminar con muletas.
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