Acuse de recibo
EL pasado 22 de junio, y desde la ciudad de Camagüey, Arnielis Díaz Fernández contó aquí la larga espera desde que el 24 de enero de 2023, en el Bufete de Servicios Especializados de calle E, entre 21 y 23, Vedado, La Habana, solicitó la legalización por el Minrex de varios documentos, entre registrales y académicos.
Los documentos a legalizar eran tres certificaciones de nacimiento suyas, una de su hermano y dos de matrimonio de sus padres. Y también para él el título de Doctor en Medicina Veterinaria, el de Doctor en Ciencias Veterinarias y el de Máster en Diagnóstico Veterinario.
El 8 de febrero, añadía, a través de la Consultoría Jurídica Internacional en Camagüey, solicitó legalizar por el Minrex dos antecedentes penales a su nombre. Y el 14 de ese mes, en el Bufete de Servicios Especializados del Vedado, mandó a legalizar otros documentos que el 24 de enero no tenía en su poder: una certificación de notas y el plan temático de la carrera de Medicina Veterinaria, una certificación de notas y un plan temático de Maestría en Diagnóstico veterinario, y un chequeo médico.
Y la abogada que le hizo el contrato le explicó que los documentos académicos, antes de enviarlos al Minrex, debían ir primero al Ministerio de Educación Superior (MES) para verificarlos. Y le indicó que en el caso de los documentos registrales como certificaciones de nacimiento y de matrimonio, su tránsito era directo al Minrex.
El 18 de abril y el 7 de junio, refería, la abogada le informó que había recibido legalizados sus títulos de Doctor en Ciencias Veterinarias y Doctor en Medicina Veterinaria, respectivamente.
«Hasta este momento en que le escribo —decía Arnielis— no he recibido ninguna confirmación de legalización del resto de los documentos. Y dentro de pocos días se cumplirán cinco meses de la primera solicitud, el 24 de enero. ¿Cómo es posible que los únicos dos documentos ya legalizados sean académicos y no registrales, si es sabido que los primeros deben pasar antes por el MES a diferencia de los segundos, que no llevan ese procedimiento? ¿Cuántos meses más tengo que seguir esperando para tener mis documentos legalizados?», concluía.
Este 5 de julio llegó respuesta de Lilia María Hernández Doejo, presidenta de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos: Señaló que ante la inconformidad del cliente, se investigó el estado de los trámites suscritos con esa entidad. Y se confirmó que él suscribió el 24 de enero siete convenios de servicios jurídicos, pagando la tarifa establecida para esos servicios y para la legalización de documentos que surten efecto fuera del territorio nacional.
En cuanto a los documentos docentes, informó que estaban en trámite, algunos ya en estado de legalizados ante el Minrex, otros firmados por este y otros en trámites de legalización previa ante el organismo central, pendientes de entrada al Minrex. Y de los registrales, se encontraban en trámite: uno en estado legalizado y otro firmado ante el Minrex.
Sobre los documentos cuyos contratos no fueron suscritos por él, como la certificación de nacimiento de su hermano y las de matrimonio y de estado conyugal al momento de contraer matrimonio de sus padres, estaban en igual procedimiento de tramitación, con estado firmado.
Acerca de la debida comunicación cliente-abogado, que debe mediar como parte del servicio, se corroboró que fue fluida y efectiva, mediante el intercambio de mensajes y audios vía WhatsApp.
Finalmente indica que «todos los documentos que interesó legalizar están siguiendo el procedimiento establecido, y sujetos a las dilaciones que actualmente existen en la tramitación, cuyas causas han sido abordadas por diferentes medios de difusión, situación de la que, desde el inicio, ha estado impuesto el cliente.
«No obstante, la demora no admite justificación. Y se trabaja intensamente por las entidades involucradas, en acortar los tiempos de tramitación para entregar al cliente los documentos que precisa», concluye.
Agradezco la respuesta, y solo lamento que no se precisaran las causas de las dilaciones, aunque hayan sido difundidas antes; con más razón cuando la propia Presidenta afirma que «la demora no admite justificación».
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