Acuse de recibo
«Estamos entregando el espacio público a los indisciplinados y a los delincuentes», sentencia en su carta Julio Víctor Palmero Díaz, residente en el edificio 2, apto. 13, Micro 10, en el reparto Alamar, del municipio capitalino de Habana del Este.
Y aunque a ciertos puristas cautelosos les inquiete y parezca exagerada la afirmación, Julio Víctor tiene el coraje de decirlo. Hay que obrar en consonancia para enfrentar a toda costa y sin concesiones ese flagelo, en medio de un repunte de la pandemia de la COVID-19 y un agravamiento de las dificultades económicas.
Julio Víctor refiere que él y su esposa, con 78 y 74 años, respectivamente, cada día siguen por la TV al doctor Durán. Y considera que sería idílico confiarse en que la mayoría de los cubanos sigue a pie juntillas sus diarios informes y alertas sobre la magnitud de la pandemia.
Intuye él que quienes escuchan al gran Durán son verdaderamente los cubanos disciplinados y conscientes de lo que se vive. Y duda de que sigan sus sabias palabras los padres de los niños y adolescentes que corretean por calles y solares sin nasobuco, o con él pero a nariz descubierta. Más ajenos se le antojan esos adultos que se reúnen en las esquinas y entradas de los edificios a compartir promiscuamente ron y cigarro; y a vociferar, arriando esa bandera de la protección que es el nasobuco.
Lo peor, según el remitente, es que no haya siempre alguna autoridad que haga cumplir las normativas y disposiciones al respecto. La policía, dice, hace el recorrido en patrullas solo por avenidas y calles principales, sin mirar siempre a los lados. Y advierte que no ve policías a pie, de barrio, como siempre existió en Cuba.
Sugiere que para neutralizar a los desentendidos recalcitrantes que hacen peligrar el esfuerzo del país frente al virus, junto a la PNR, las FAR actúen para hacer valer la disciplina y la autoridad. «Si lo hacen, liquidamos la pandemia; si no se toman medidas enérgicas, perderemos la batalla», concluye.
El doctor Carlos Alberto González Río, especialista en Neurología del Hospital Clínico Quirúrgico 10 de Octubre y residente en Belinda no. 11006, entre Mario Díaz y Lindero, Diezmero, San Miguel del Padrón, La Habana, cuenta que se encuentra en la zona roja de atención a pacientes con la COVID-19, y le es imposible hacer compras en el comercio de su municipio en cualquier momento y horario.
Y en esas tiendas de San Miguel, a diferencia de etapas anteriores de la COVID-19 menos complicadas, se ha topado con el argumento por parte de los encargados de organizar y controlar las colas y el acceso a los alimentos, de que los trabajadores de Salud Pública ya no tienen la prioridad para comprar, por orientación del Gobierno.
«El 23 de junio, dice, pasé por la tienda ubicada en la garita del Diezmero a las 5:00 p.m., al volver del hospital. Y no pude comprar porque la oficial del orden interior al frente del grupo de trabajo me argumentó que Salud Pública no tenía prioridad. El 28 de junio pasé de nuevo por esa tienda. Pude intercambiar con dicha oficial y expresarle mi desacuerdo, quien, de la mejor forma, me explicó que esa orientación la habían dado en una reunión en el Gobierno».
Carlos está consciente de que no son un sector superior al resto del país, y que el sacrificio es la palabra de orden en esa profesión; a la vez cree que esa prioridad no debe desaparecer, pues los profesionales de la salud llevan más de un año sin descanso, luchando día a día en el enfrentamiento a la pandemia en condiciones muy difíciles; mientras los coleros revendedores hacen de las suyas gravando los bolsillos del pueblo.
«Y ahí estamos, seguimos y continuaremos, convencidos de que no es nada extraordinario lo que hacemos, sino lo que nos corresponde. Y lo asumimos de la mejor manera. Con la mayor humildad, compromiso y lealtad, pregunto si esa decisión tomada por el gobierno (no sé si municipal, provincial o central) es seria, justa, estimulante, digna del reconocimiento a nuestro trabajo y que creo, merecemos por derecho propio», concluye.
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