Acuse de recibo
Jorge Luis Pérez escribe a nombre de 13 familias que viven junto al exmotel La Arboleda, del Minaz, hoy de la Empresa de Alojamiento Provincial, en la ciudad de Ciego de Ávila, una comunidad creada antes por necesidad de la antigua Delegación Provincial del Minaz de llevar fuerza de trabajo especializada desde otras regiones.
En 2008 comenzó la inversión del Minaz para cambiar de uso locales aledaños al motel, y remodelarlos como viviendas, con la aprobación del Gobierno provincial. Y mientras concluían las obras, la Dirección Municipal de la Vivienda emitió documentación a cada propietario para legalizar trámites ante el Banco y el servicio eléctrico. Este último se hizo en la Organización Básica Eléctrica (OBE) municipal, mas les dijeron que no se podían instalar líneas eléctricas con sus respectivos metros contadores, pues era un asentamiento pequeño, ante otras grandes tendederas colectivas.
El Minaz decidió mantener el suministro eléctrico desde el motel y abonar el pago a partir de un levantamiento, que fijó un promedio de gasto y una tarifa mensual para cada familia. Los montos de cobro no eran altos.
En 2019, el motel pasó a la Empresa de Alojamiento. En octubre de ese año se independizaron las viviendas, con un metrocontador colectivo. Antes, la OBE censó los equipos por casa para estimar la carga, y el promedio de gasto a pagar por cada casa. Al mes llegó un recibo colectivo por 11 000 pesos. Y cada familia debía abonar la cifra fijada por el levantamiento. Los vecinos mostraron inconformidad a la Empresa Eléctrica Provincial por el monto, y reiteraron la necesidad de metrocontadores para el pago por cada casa. Y la OBE les redujó el pago a 7 000 pesos.
Los afectados se reunieron con la Delegada de la circunscripción y el Presidente del consejo popular, para plantear su criterio sobre el importe. La Delegada llamó al Director de la OBE municipal, cuya respuesta fue que no había solución.
El 22 de octubre el Presidente del consejo popular les informó que en reunión con el Presidente y Vicepresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular se analizó el caso, y se concluyó que estaba fuera de su alcance: la solución se encontraba a instancia provincial. Entregaron carta en Atención a la Población del Gobierno, y la respuesta de la Empresa Eléctrica Provincial, firmada por su Director, notificó que tenían razón en parte: Se informó la decisión de ajustar una nueva tarifa, más accesible. Y se aclaró que la decisión de acometer una inversión en la comunidad era facultad del Consejo de la Administración del territorio.
Tras la carta empezaron a llegar los recibos y el pago se hacía sin problemas hasta 2021, que llegó el Ordenamiento. La factura de enero fue de 24 142,30 pesos. El Presidente del CDR, en nombre de los vecinos, se reunió con una funcionaria de Atención a la Población de la Empresa Eléctrica Provincial, quien aclaró que era la tarifa más baja; de lo contrario el cobro sería de 34 000 pesos.
El 19 de febrero les indicaron que les retirarían el servicio por impago. Y al otro día, una comitiva de los vecinos tuvo un encuentro con el Intendente municipal, el Director de la OBE municipal y otros funcionarios, pero sin solución. Dijeron que no hay recursos para instalar los 13 contadores. Y que de no pagar, se retiraría el servicio, y con ello el agua, pues al ser una comunidad distante un kilómetro de la ciudad, no cuenta con acueducto y depende de un pozo con turbina.
El 26 de febrero en la mañana se retiró el servicio eléctrico, y ya a las 5:00 p.m., se restableció. Aún los vecinos no saben el porqué.
El 19 de marzo de la Empresa Eléctrica Provincial les avisó para que buscaran una carta de respuesta, en la que se declaró Sin razón y no solucionado el reclamo. «Al recibir la respuesta, dice, nos llamó la atención que la anterior carta de la Empresa Eléctrica nos daba la razón en parte y esta nos negaba cualquier reconocimiento.
«Tal aumento pone en situación muy difícil la economía y la vida de cada familia, aun con el aumento salarial. Frente a números tan altos, que superan los ingresos básicos de cada familia, los vecinos decidimos reclamar a los niveles correspondientes y declararnos en impago, no en acto de rebeldía, sino ante la imposibilidad de abonar esas cifras. Mientras tanto, el tiempo pasa, se acumulan los adeudos y no aparece una solución», concluye.
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