Acuse de recibo
La ocupación de un panteón familiar en el cementerio de Alquízar denuncia Félix Alberto Témerez Pérez, desde calle 5ta. final No. 11B, entre E y F, reparto Hermanos Cruz, de la ciudad de Pinar del Río: su abuelo Tomás Pérez Rodríguez, vecino de Avenida 89, entre 80 y 82, Alquízar, constató en esa necrópolis que la bóveda, a título de la madre de su esposa, estaba pintada y arreglada, con cemento más reciente en la tapa. Sobre esta, la lápida de alguien fallecido el 17 de enero de 2018. Y cerca, abandonadas y arrojadas, las lápidas y jardineras de los familiares.
La mamá y la tía de Félix fueron a la funeraria de Alquízar el 18 de noviembre de 2019. Y en el Registro de inhumados estaban los nombres y fechas de entierro de sus familiares, sin que figurara la inhumación de alguien más. Presentaron al Director de Comunales el documento que avala la venta del terreno donde se construyó la bóveda, para que certificara su legitimidad y emitiera el que avale la actualización de dicho título.
El Director exigió el título de propiedad, la certificación de defunción de la bisabuela, quien consta como propietaria de la misma, una solicitud realizada por la abuela de Félix y su certificación de nacimiento. Y dijo que con esos documentos no había problema para expedir la actualización. Después, la administradora de servicios funerarios planteó que debía asistir al cementerio para verificar en sus planos la ubicación de la bóveda.
El 21 de noviembre, el abuelo, la administradora de la funeraria y Félix fueron al cementerio. Y se dijo que al día siguiente podían recoger el documento actualizado. El 22, en la funeraria la administradora afirmó que no pudo elaborar el mismo por falta de «modelos».
«Se han apoderado ilegalmente de la bóveda de nuestra familia —afirma Témerez Pérez—. Fuimos a la Fiscalía. La Fiscal que atiende los derechos ciudadanos nos orientó contactar con la fiscal Yairelys, a quien explicamos la situación. Y mi abuelo formuló denuncia en la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria municipal».
El 26 de noviembre, los abuelos fueron a recoger en Comunales el documento actualizado, y el director dijo que no podía entregarlo porque el aportado «no constituye propiedad». Que «la bóveda hacía más de 30 años se encontraba abandonada». Que revisaría e investigaría. Al pasar los días y no aparecer, el abuelo fue a Comunales, sin resultados. Y en visita el 9 de diciembre, una funcionaria de la Dirección Provincial de Comunales de Artemisa señaló que la bóveda no es considerada un bien inmueble, y Comunales no es responsable de los cementerios. Que el sepulcro era del Gobierno, sin precisar a qué nivel.
Para colmo, el Director de Comunales expresó que se encontraban enterrados dos cadáveres más en nuestra bóveda, autorizados por una funcionaria de Comunales, quien el 1ro. de diciembre de 2019 fue a casa de los abuelos a disculparse, pues «se había equivocado» al autorizar enterramientos en esa bóveda; y por ello se había visto obligada a pedir la renuncia a su cargo.
«Mis abuelos cuentan con la propiedad de la bóveda, que aunque comprobante de pago por venta de un terreno en el cementerio, es un documento válido y legítimo, sin que se expidiera algún otro en aquel entonces (1964), como tampoco autorizaciones para construir en este. Nos pertenece la bóveda por el principio de Derecho de que “lo accesorio sigue a lo principal”, sin que el tiempo afecte las facultades de posesión, uso, disfrute y disposición.
«A raíz del proceso penal incoado es necesario, y amparado en los derechos hereditarios que ostenta mi abuela, que se adjudique dicho bien, hasta la fecha en propiedad mediante compraventa de mi bisabuela, María Caridad Sierra Conde; sin que hasta la fecha se haya podido concretar dicho acto, debido al retraso, excusas absurdas e ilógicas…
«A fines de 2019 visitamos la bóveda y nos percatamos de que había sido destapada de nuevo. Me pregunto si es una gaveta que se abre y se cierra al antojo de personas irrespetuosas, que no sienten el más mínimo pudor y respeto por los muertos ajenos», concluye.
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