Acuse de recibo
Las gemelas de Yisnelys Almagro Dorticós (República No. 10, entre José Miguel y Victoria, Párraga, Arroyo Naranjo, La Habana) cuentan ya un año y siete meses, y desde que tan solo tenían cinco meses comenzó su mamá —trabajadora estatal— las gestiones para que les otorgaran el círculo infantil. Hasta ahora todo han sido dilaciones, espera y nada.
Desde principios de año, cuenta Yisnelys, ha visitado y llamado a instancias de la CTC de su municipio «y siempre me decían que tenían que despachar o esperar a los otorgamientos que supuestamente son todos los meses. La última respuesta fue que en (…) marzo (…) seguro les bajaba a mis niñas. A principios de abril me presento en el municipio de Educación de Arroyo Naranjo y me dicen que tenía que renovar la carta de madre trabajadora, que no había capacidad y que en el mes de junio habría un otorgamiento masivo; es decir, que las jimaguas entrarían en tercer año (de vida), ya que son nacidas en el mes de septiembre»…
Comprende la mamá que el país se encuentra en una compleja situación con el otorgamiento de matrículas en círculos infantiles, pero le alarma que en tanto tiempo no existiera un cupo para ella en los cuatro o cinco círculos más cercanos…. Además, como se trata de dos niñas le resulta a la familia mucho más difícil vérselas con el costo de un cuidador particular.
¿Qué tienen que esclarecer al respecto las autoridades implicadas? ¿Por qué en asuntos tan delicados no se transparentan más los procesos de otorgamiento, los escalafones y las prioridades? ¿No existe algún mecanismo que priorice casos como el de esta mamá que tiene responsabilidad multiplicada por dos?
La de María del Carmen Companioni Sosa (calle 56 No. 723A, entre 7A y 11, Jagüey Grande, Matanzas) es otra historia de peloteo e incongruencias. Relata la matancera un calvario de gestiones para lograr la legalización de tres inmuebles destruidos por el ciclón Michelle (2001) y que fueran aprobados para su cambio de uso y convertirlos en seis viviendas para trabajadores de la UEB Alimentos Jagüey Grande.
A la trabajadora, que ha desempeñado el puesto de financista en dicha entidad por 34 años, le fue otorgada una de las áreas del inmueble descrito para construir por esfuerzo propio su hogar; pues el que habita se halla en pésimas condiciones.
El cambio de uso de la edificación de marras, refiere la mujer, fue aprobado por las siguientes instancias:
«1. Director UEB Alimentos Jagüey Grande, el 17 de octubre de 2012; 2. Dirección de Planificación Física de la provincia de Matanzas, el 27 de noviembre de 2012; 3. Director de la Empresa de Alimentos de la provincia de Matanzas, el 20 de noviembre del 2013; 4. Carta enviada por Tania León Silveira, del Gobierno de Matanzas, a Eberto Martínez Pérez, presidente del CAM Jagüey Grande, comunicándole la aprobación de la Resolución No. 9709-0, donde se autoriza a darles a estos inmuebles el destino proyectado; 5. Carta del 4 de julio de 2015, por el vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, con firma de Amado Ricardo Guerra, Secretario del Consejo de Ministros y Reg. Ent. No. 803 del 15/07/15 en el Poder Popular Provincial de Matanzas (…); 6. OLPP Jagüey Grande, Acuerdo No. 302-16, de fecha 11 de mayo de 2017».
Sin embargo, aún con todas estas aprobaciones y supervisiones, la directora y la jurídica de la Dirección Municipal de Vivienda les informaron a los beneficiados que no les podían emitir las correspondientes licencias de construcción, por lo que todavía no han logrado obtener el documento legal para comenzar la remodelación y adaptación del inmueble, apunta la lectora. Asimismo, la Directora Municipal de Planificación Física arguye que «no tiene una resolución que autorice el cambio de uso».
Y la afectada se pregunta si todas los consentimientos y papeles que se han emitido por distintas instancias y organismos no tienen validez alguna. ¿Qué más hay que esperar? ¿Por qué complejizar tanto lo que debía ser una solución expedita?
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