Acuse de recibo
Así mismo, como lo leyó en el título: a José González López (calle 10 No. 71, entre Roberto Rodríguez Norte y Oriente Norte, Manicaragua, Villa Clara) le deben 98.30 CUC, resultado de su trabajo, y no se divisa, luego de años reclamando, el pago de marras.
El remitente prestó colaboración en la República Bolivariana de Venezuela (misión Barrio Adentro Deportivo), desde octubre de 2011 hasta septiembre del 2013. «Al llegar a ese país me acogí al descuento del 40 por ciento de mi salario allá, el cual se me acreditaría en Cuba, a través de mi cuenta bancaria (tarjeta magnética)», evoca. «En enero del año 2015 presenté reclamación, ya que de ese descuento de mi salario (…), se me debían dos meses, uno de 113.85 CUC y otro de 98.30 CUC».
Debe señalarse, según apunta el colaborador, que para hacer esa reclamación tuvo que sacar un registro «histórico» en Bandec, por el cual abonó 5.00 CUC de su bolsillo.
«El 10 de julio de ese año 2015 se me acreditó el mes de 113.85 CUC, no así el otro, de 98.30 CUC, que también había reclamado. A partir de ese momento he vuelto a reclamar en reiteradas ocasiones, tanto en mi municipio como en la provincia, el mes que aún me deben, entregando siempre la planilla de reclamación que está establecida para estos fines, con todos los datos requeridos. Siempre se me dice que sí, que ese dinero se me debe, pero que hay que esperar. Yo me pregunto: ¿A qué hay que esperar si ya va a hacer cuatro años (en este septiembre) que regresé de mi misión?»...
Le preocupa además al villaclareño que en el próximo octubre vence su tarjeta magnética. Si esto pasara sin que aún le hayan pagado su dinero, ¿tendría que sacar otra para que se lo entreguen finalmente?
Lo hemos dicho otras veces, pero no huelga repetirlo: ¿hasta cuándo estas incongruencias irrespetuosas del sagrado pago al trabajo? Si a las entidades que deben hacerse cargo y no lo hacen les costara una altísima indemnización para el afectado, seguramente otro gallo cantaría.
«Conectar al Batey», tal fue el reclamo que desde Camino de la Isla s/n, Batey Central Cristino Naranjo, Cacocum, Holguín, remitiera Martha Leyva López, y que publicamos aquí el 2 de agosto de 2016.
«Tenemos extrema necesidad de un teléfono, aunque sea de minutos, y que sirva para todos los vecinos de esta área», reclamaba Martha, presidenta de su CDR.
El 16 de marzo de 2017 vio la luz en estas líneas la respuesta de Mariela Cruz Herrera, máxima autoridad de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cacocum, quien, tras una detallada argumentación de procedimiento, pedía se considerara pendiente de respuesta el caso por Etecsa y no por el Gobierno local.
Con carta fechada el 3 de mayo y llegada a JR el 5 de mayo último —nueve meses después de publicado el problema—, responde, a nombre de la Empresa de Telecomunicaciones, Tania Velázquez Rodríguez, directora de la Dirección Central de Comercial y Mercadotecnia.
Según afirma Tania, se comprobó que la comunidad donde reside Martha, con poco menos de cien habitantes, forma parte de una circunscripción urbana de ocho CDR, los cuales, con excepción del suyo, fueron beneficiados con la asignación de nuevos servicios telefónicos, «a partir de las disponibilidades técnicas creadas como parte del Programa Tarea Álvaro Reinoso (…) quedando el servicio público más cercano a casi un kilómetro de su localidad.
«Como las inversiones que impactan en el crecimiento de los servicios dependen de recursos limitados, se trabaja por prioridades; de esta manera, se antepone garantizar el servicio para los asentamientos con 200 o más habitantes; de los cuales quedan pendientes 24 en el territorio holguinero», precisa la funcionaria.
Y termina su misiva manifestando que «esta solicitud se ha canalizado en más de una ocasión como planteamiento de los electores» y se les ha explicado «a los vecinos y al Gobierno en el territorio las causas de no solución (limitaciones técnicas de las redes telefónicas), por lo que reiteramos la respuesta»…
Agradezco la muy demorada contestación. Solo apunto que, más allá de comprensibles carencias, es triste a estas alturas, que la simple estadística de densidad de población sea el argumento rotundo para vetar un servicio. Tanto el Gobierno local como la Empresa y los demás factores de la comunidad podrían explorar otras posibles vías de solución.
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