Acuse de recibo
«Cultura es respeto», dije el pasado 16 de septiembre, ante la queja de Jogly Suárez (Calzada del Cerro No. 1258, entre Consejero Arango y Cruz del Padre, Cerro, La Habana), por la contaminación sonora proveniente de la vecina Casa de Cultura de ese municipio.
Contaba Jogly que a la institución solo la separa un muro de dos metros de alto de su hogar, y todo lo que se habla, ensaya y amplifica allí es como si estuviera en la sala de su casa, especialmente cuando toca un grupo folclórico u otros, o en los ensayos musicales. «No podemos ver el televisor —apuntaba—, los ancianos no pueden dormir el mediodía, los niños no pueden hacer sus tareas escolares…».
Añadía que elevaron quejas a las direcciones municipal y provincial de Cultura. A raíz de ello, agregaba, se creaban comisiones, se hicieron reajustes de horario para paliar la situación, pero al poco tiempo se olvidaba todo.
«El pasado 8 de agosto —señalaba— entregué una carta en el Ministerio de Cultura, y el 11 de septiembre entregué la segunda. La situación es de conocimiento del Poder Popular. Tenemos recogidas firmas y testimonios de los vecinos de la manzana, sin respuesta de ninguna entidad. ¿Qué hacemos con este caso de insoportable indisciplina social?».
Coralia Bárbara Ruiz, directora de Cultura en el municipio del Cerro, reconoce las molestias ocasionadas a los vecinos, por la estrecha colindancia. Precisa que la Casa de Cultura, cuya razón de ser es propiciar espacios participativos de creación y apreciación artísticas en la comunidad, tras encuestar a vecinos y escuchar sugerencias, tomó medidas organizativas.
Manifiesta que las medidas no satisfacen del todo las inquietudes de los vecinos, pero son las que actualmente pueden adoptar. La solución definitiva, precisa, pasaría por encontrar otro local, algo extremadamente complejo en un territorio con un nivel de deterioro constructivo y habitacional.
Entre las medidas señala la eliminación de los ensayos del grupo folclórico, manifestación que más molestias ocasiona, según los vecinos encuestados: se reubicaron los grupos que practican ese género en otro local. Y se decidió que un miembro del Consejo de Dirección estará siempre a cargo de las actividades del día, cuidando la disciplina del lugar.
Se acordó que las actividades de fines de semana comiencen y concluyan a horas prudenciales, que permitan el necesario descanso de los vecinos; y se efectuó una reunión con los trabajadores de la Casa de Cultura para intercambiar criterios sobre dichas problemáticas.
Apunta Coralia Bárbara que se mantendrán al tanto y en observación estricta de lo pactado con los vecinos. Y adjunta algo señalado por Jogly cuando conversaron con él sobre el tema y su solución: «Con la aprobación de estas medidas, doy un voto de confianza a la Dirección Municipal de Cultura, que se compromete a mantener bajos los niveles de la música en las actividades, y controlar el cumplimiento de las acciones tomadas».
Matglien Pérez (Calle 54 No. 29-F, entre Waldemar Díz y 65, reparto La Loma, Las Tunas) cuenta que su abuelo poseía una finca de 0,42 caballerías (una caballería equivale a 13,42 hectáreas) en Cuarenta Pesos, en el municipio tunero de Jobabo. Y en 1969, ante la necesidad de fomentar un plan cañero y una presa en la zona, se le permutó esa área por un terreno de 40 por 20 metros en la periferia de la ciudad de Las Tunas, hoy reparto La Loma.
El área del abuelo hoy sirve de asiento a tres casas: la de la mamá, la de la abuela y la del tío de Matglien, quienes poseen documentos emitidos en diferentes momentos por jurídicos de la Agricultura, que avalan la permuta. Ahora se les ha presentado un litigio, y al enseñar los documentos en Vivienda, les dicen que no tienen valor, pues no tienen cómo demostrar que ese terreno es de su abuelo. Que, por lo tanto, es del Estado.
Varias veces Matglien solicitó a Tenencia de Tierras de la Agricultura que buscara los documentos que él sabe existen. «Siempre dieron evasivas: que podrían aparecer, pero había que buscar en un archivo lleno de polvo. Otras, que muchos archivos viejos se habían quemado. Así, jamás me entregaron documento alguno».
Matglien pudo tener el 16 de julio pasado un despacho con el Delegado de la Agricultura en Las Tunas, quien se comprometió a que, en el plazo de un mes, le daba una respuesta al respecto. «Esta es la fecha en que sigo esperando aún por ella —apunta—. ¿Cómo es posible que una institución estatal permita que se destruya un archivo con documentos de incalculable valor?».
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