Acuse de recibo
La información es salud social y transparencia. Para orientarse en la vida y hacerse criterios sólidos, los ciudadanos necesitan no solo la información periodística, sino también la de las instituciones estatales, cuya razón de existir es el individuo.
Pero existen entidades públicas en nuestro país que se han acostumbrado a no explicar los porqués, ni las causas de los asuntos o medidas que un buen día se aplican. Y el ciudadano se extravía, y no sabe si tal paso es una disposición legal, «que viene de arriba», «que está establecida»; o libretazo y arbitrariedad.
Eso le sucede a Deisy Morales Companioni (Cisneros No. 23-A, entre Bonachea y Nueva, Morón, Ciego de Ávila). Ella es propietaria, por herencia de familia, de un terreno del cual quiso donar una parte de 18 por 4 metros.
Para ello, fue a la Dirección Municipal de la Vivienda y allí le indicaron realizar una desagregación del terreno, además del dictamen de la Regulación Urbanística. Y que, por medio de un abogado de Bufete Colectivo, después de inscribirlo en el Registro de la Propiedad, se le diera cuerpo legal a la documentación, para así presentarla finalmente a Vivienda municipal.
Después de haber estado siete meses en la gestión de los documentos, y de haber efectuado en tiempo los pagos correspondientes, ahora la abogada del Bufete le comunica que, al entregar ella el expediente en Vivienda municipal, le informaron que esos trámites no se están ejecutando en estos momentos.
Lo mismo le dijeron a Deisy en las direcciones Municipal y Provincial de la Vivienda. Más explícito, le respondieron: «No hay ninguna ley que lo establezca, pero esos trámites de donación de terrenos están paralizados».
Deisy no domina el origen de tal paralización, ni quién y dónde la dictó. Y pregunta: «¿Ya no puedo hacer el donativo? ¿Qué pasa con el dinero empleado en trámites que ahora no tienen curso? ¿Por qué no se hace cumplir la ley?».
A Miguel Rivero Cuesta (Habana No. 627, entre Muralla y Teniente Rey, La Habana Vieja, La Habana) se le entregó un local en 1990 para adaptarlo como vivienda, pues el inmueble donde vivía quedó inhabitable por derrumbe del piso.
En 1992 concluyó la obra de la casa, condición establecida por Vivienda municipal para poder legalizarla. Y desde entonces, a pesar de tener todos los documentos en regla, y haber pasado varias inspecciones de esa institución, no le han legalizado el habitable. Y después dicen que 20 años no es nada…
«Es increíble —opina— que en 20 años mi expediente haya transitado por los Gobiernos municipal y provincial, Vivienda municipal y provincial, y la Unidad municipal Inversionista de la Vivienda.
«Todos los años dan la misma respuesta: falta la firma de un acuerdo del Consejo de la Administración Municipal o del Consejo de la Administración Provincial. ¿Cuántos años más debo esperar para que me legalicen mi vivienda?
Agrega que en estos 20 años, en Vivienda municipal le han botado su expediente en múltiples ocasiones, y ha tenido que comenzar desde cero.
«Ya he recorrido todos los caminos que tienen que ver con el caso, y siento que quienes me atienden me reciben con la raqueta en la mano, pues me ven como una pelota de tenis».
Al borde del infarto estuvo Héctor Cuervo el pasado 19 de octubre, cuando llegó a su domicilio, en Paseo No. 609, entre 25 y 27, en el Vedado, La Habana. No era para menos: se percató entonces de que en el cercano agromercado de 19 y B había pagado los 20 CUP que le costó el arroz adquirido… ¡con un billete de 20 CUC!
Angustiado, se desató a correr hacia el agro. Y nada más entrar al establecimiento, quien vendía el arroz liberado, le dijo: «Cálmese, que yo sabía que usted regresaba. Aquí tengo su dinero».
«El vendedor se llama Ismael Bell Mayeta —señala Héctor—; ese hombre devolvió lo que no era suyo. Cuánto no hubiera resuelto con los 20 convertibles… Para que de esta satisfacción participen también sus familiares y amigos, es que deseo publique mi eterno agradecimiento. La honradez existe».
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