Acuse de recibo
Un alerta sobre la depredación de las especies marinas como consecuencia del uso indiscriminado del chinchorro en la pesca en la bahía de Gibara, lanzó aquí el pasado 20 de enero un lector de esa localidad holguinera, bajo el nombre de Patricio Leyva.
Al respecto responde hoy el doctor Israel Mayo Parra, delegado territorial del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) en Holguín: se le indicó al especialista del CITMA en Gibara entrevistarse con el reclamante para abundar en el asunto. Y en la dirección citada no reside esa persona, ni tampoco en la comunidad se conoce a alguien por ese nombre.
Todo parece indicar que es una queja encausada con una identidad falsa. Pero lo más importante es la inquietud que trasunta, por ello el doctor Mayo estableció contacto con la persona que en estos momentos está al frente de la Oficina de Inspección Pesquera en Holguín, quien le planteó que «existe una política en el territorio dirigida a ir eliminando las acciones de chinchorreo de forma paulatina, a mediano y largo plazos».
Pero, según le comunicó el funcionario de inspección pesquera, actualmente no existe resolución alguna que prohíba esa práctica de pesca y, al mismo tiempo, no cuentan con el documento acreditativo que los ampare para realizar dicha actividad. Por ello, la inspección pesquera se queda sin herramientas para actuar.
Posteriormente, Mayo se comunicó con el jefe de la Oficina Nacional de Inspección Pesquera, Juan Jun Riverón, «el cual alega que la información emitida en el territorio es correcta», y ratificó que «no se cuenta con marco jurídico al respecto».
Posteriormente, significa Mayo, «nos informamos por medio de Yusimí Montalvo Perdomo, especialista del Departamento de Ciencia, y Maritza Reyes Valdés, especialista de Seguridad Biológica del Departamento de Regulación Pesquera, que no tienen conocimiento sobre normativas en el tema de referencia, por lo que no pueden asesorarnos al respecto».
Y, finalmente, consultó el tema con el propio CITMA, a nivel central, por lo cual, se define que la queja debe ser remitida para su solución final a la instancia del Ministerio de la Industria Alimentaria que regula la actividad pesquera, responsable de dar respuesta a tan acuciante problemática.
La denuncia viene del poblado de Cascajal, en el municipio villaclareño de Santo Domingo. Y la suscriben dos vecinos: Miriam Rodríguez (Martí 61), y José Pérez López (Juan Abrahantes 8); porque sus hogares están a solo unos metros de la unidad Revolución, donde se elaboran los alimentos del Sistema de Ayuda Familiar, también para la venta a la población, y la merienda escolar.
Refieren que dichos alimentos se cocinan en un fogón de leña, que despide un humo muy agresivo para los hogares colindantes. Los dos hijos de Miriam, uno alérgico y la otra operada de la garganta y con faringitis, en muchas ocasiones tienen que salir del cuarto. «Constantemente vivimos envueltos en hollín y mal olor».
Ese problema es de conocimiento público hace más de ocho años. Se han hecho denuncias a Salud Pública y a las autoridades municipales, se ha planteado en las asambleas de rendición de cuentas, y nadie lo frena. Unas veces se han aplicado multas, otras se ha cerrado el local y se ha reconstruido el fogón; pero luego se reabre y todo sigue igual.
«El humo es dueño de nuestro entorno, y no tenemos derecho a respirar aire limpio y puro, a dormir en camas limpias, ponernos ropas sin mal olor; y, sobre todo mejorar nuestro bienestar y calidad de vida», afirman, y concluyen con este emplazamiento:
«Para dar un servicio y resolver los problemas de un grupo de personas, ¿es necesario molestar y afectar la salud a los vecinos y a los propios trabajadores del establecimiento? ¿Es que no se puede trasladar ese generador de humo a un lugar no poblado, donde no cause tantas molestias y angustias?».
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