Acuse de recibo
Reubicado por una comisión médica, pues no puede hacer esfuerzo físico alguno, Daniel Díaz Monteagudo reorientó su vida el 31 de enero de 2005, cuando comenzó a laborar como custodio en el Instituto Politécnico Cástor Regino Martínez, de la ciudad de Santa Clara.
Daniel, quien reside en Independencia 420, reparto Virginia de esa ciudad, cuenta en su carta que al ingresar en el politécnico se le hizo el contrato de trabajo por tiempo indeterminado como «custodio». Y como tal, ha venido cobrando un salario básico de 250 pesos, más 20 de estímulo. Así, sencillamente.
Pero hace unos días, cuando se disponía a cobrar, le comunican que le habían bajado el salario básico a 235 pesos porque ahora, al cabo de dos años y seis meses era «sereno». Todo fue así, «de sopetón», sin una información previa, ni siquiera a quienes le pagan. «¿Se puede violar un contrato firmado de mutuo acuerdo, sin contar con la contraparte?», cuestiona el afectado.
Curiosamente, señala el lector que en esos dos años y seis meses que lleva allí, ahora en junio de 2007 es que vienen a pagarle retroactivamente la nocturnidad, pero a partir de enero de 2007. «¿Y los dos años que anteceden qué?», pregunta Daniel.
Aclara el reclamante que en ese centro docente tienen bajo su custodia valiosos recursos del estado: computadoras, videos, televisores y otros medios escolares, víveres, ropa. Y lo que es más: la integridad física de los estudiantes. «Lo hacemos además con amor, porque es nuestro trabajo, y la fuente de alimentación de nuestros hijos», recalca.
Pero Daniel no deja de señalar otros agravantes que hacen su labor más difícil: la mayoría de las aulas tienen puertas y ventanas rotas, y en etapa de vacaciones se complica más cuidar del centro, mucho más con las deficiencias de iluminación que tienen. Y faltan cercas perimetrales al fondo de la escuela.
Y en cuanto al pago del salario, «nosotros nunca sabemos cuándo vamos a cobrar (día fijo). En ocasiones hemos cobrado hasta 13 días después del cierre del mes. Y las vacaciones te las pagan luego de que sales a disfrutarlas, no antes».
Como si fuera poco, denuncia Daniel que «en cuanto a derechos, nosotros los custodios no nos enteramos de las cosas que se otorgan en el centro. Cuando lo conocemos, es porque ya fueron otorgadas, y lo ponen en un documento a la vista, pero no antes. Así sucedió con las gomas de bicicletas».
Daniel todo el tiempo habla de «nosotros», y no sé si se refiere a él solamente, por esa costumbre bastante enraizada de esconder la individualidad en la primera persona del plural, o porque está relatando la situación de otros custodios que ahora se descubren serenos. Lo cierto es que, según sus palabras, hay disgusto y desaliento allí, en el politécnico, por más de una razón.
La segunda carta es también una inquietud de índole laboral. Idalvis Massó Sánchez, vecina de avenida 29 número 1609, entre 16 y 18, en la localidad habanera de Catalina de Güines, denuncia en nombre de la familia el caso de su hermana Virgen Massó Sánchez, obrera agrícola de la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Celia Sánchez Manduley, ubicada en Carretera Playa del Rosario, kilómetro cuatro y medio, Bizarrón, en Güines.
Relata Idalvis que Virgen fue víctima de un accidente laboral en una turbina de la cooperativa, que no tenía protector del cardán. Las lesiones fueron graves, pues tuvo pérdida temporal del conocimiento, y le dejó deformaciones en el antebrazo derecho, entre otras afectaciones.
Pero al reincorporarse, la trabajadora ha sido maltratada, según su hermana: la ubicaron en labores duras, que duplican su afectación física, como lo es la guataquea de boniato. E Idalvis considera que ha sido sumamente insensible que se trate así a una obrera, que es madre de dos niños y su sustento.
«¿Puede hacerse justicia así, teniendo en cuenta la ley aplicable que establece que los centros de trabajo deben asumir los accidentes laborales por incumplir con las medidas de seguridad y protección?», pregunta Idalvis.
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