Acuse de recibo
Sábado 10 de marzo de 2007, 9:30 p.m. Rosa Muñoz y su esposo llegan al restaurante El Mandarín, en La Rampa habanera, a probar suerte no convertible. Ordenan pollo asado a la cantonesa (30 pesos), lechón asado (28), dos raciones de arroz frito (2 x 25), dos ensaladas mixtas (2 x 4). En divisa, un agua gaseada (0,50 CUC) y una malta Bucanero (0,70 CUC).
Los precios son fiebre de sábado por la noche para bolsillos de profesores. Pero todo se complica: espera prolongada, para que luego la camarera traiga las bebidas y las deje caer sobre la mesa con desgano, sin abrirlas ni servirlas; contrario a lo que debieron enseñarle en la escuela de Gastronomía. Una piedra en el arroz frito. Lechón asado frío. El pollo huele a podrido. La camarera lo retira, y al poco rato viene con una nueva ración de pollo... ¡en el mismo plato!
Llaman a la capitana. Preguntan si deben pagar 30 pesos por un plato en mal estado. Parece que sí. Piden la cuenta para liquidar y huir. Camino a la caja registradora, la capitana se convence de la estafa, y ordena restar el pollo putrefacto.
La camarera trae la cuenta con desgano: 92 pesos y 1,50 CUC. Se sorprenden: les han cobrado el plato de la discordia. Y les están cobrando 0.30 CUC de más. Reclaman, y la camarera argumenta que se debe a su deferencia de alcanzarles las bebidas desde el bar del restaurante. Se preguntan por qué ello no se refleja así en la carta de precios, que corresponde al restaurante y no al bar. Les devuelven la diferencia con molestia visible.
Camino a su casa en Morales 506-A, esquina a Desagüe, en El Cerro, se cuestionan cómo puede un restaurante procesar y servir carne podrida sin que nadie en la cadena de servicio lo perciba. Se preguntan más: por qué sobrevive un establecimiento así, cuando debería quebrar, hundirse en una crisis de imagen.
Días antes, la noche del viernes 23 de febrero, Gilberto Salazar y otros seis estudiantes universitarios se sientan en el Café Literario de G y 23, en el Vedado. El dependiente, sin carta alguna, se acerca y pregunta: ¿Qué quieren? Piden seis mojitos y un daiquirí. Rápidamente están los cocteles, y pésimos. En cada vaso un cuarto de limón con cáscara incluida, demasiado hielo y la hierbabuena negra y mustia. Los absorbentes mordidos por las puntas y doblados. Usados.
En la mesa vecina, tres extranjeros piden mojitos. «La calidad cambió mucho», recuerda Cristóbal, «al menos en el aspecto». Al preguntarle al dependiente por qué la diferencia, con tranquilidad les responde: Sencillo, ellos pagan el mojito en CUC y el trago está preparado con Havana Club.
—Entonces como pagamos en pesos, tenemos que usar absorbentes usados... —replica Gilberto.
—Tiene que haber sido un error —responde el camarero.
—Pero siete errores es una falta de respeto... ¡Tráigame la cuenta...!
—Está bien —dice el empleado imperturbable. Y los muchachos, resoplando ira, se pierden por la calle 23. Al día siguiente, en su casa de calle 21 número 1110, en el Vedado, Gilberto hace catarsis escribiéndome una carta.
«¿Dónde podemos reclamar, cómo podemos controlar, qué mecanismos, qué medidas, que instituciones sociales, qué normas nos protegen (o nos protegerán) de nosotros mismos? Este tipo de preguntas nos toca respondernos a todos (consumidores y vendedores) como ciudadanos, pero creo que especialmente, en estos casos, a autoridades como el Ministerio de Comercio Interior y las direcciones provinciales y municipales de Comercio y Gastronomía, entre otros, con competencia para establecer estándares de calidad y controlarlos con mecanismos que, ojalá pronto, nos protejan efectivamente de nosotros mismos».
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