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Evo anunció la nueva legislación y firmó decretos para el alza de los salarios el Primero de Mayo, en Oruro. Autor: ABI Publicado: 03/05/2018 | 06:54 pm
Evo, aplicando su máxima de «gobernar obedeciendo», ha pedido al Senado que deje en suspenso la puesta en vigor de una dinamizadora y revolucionaria legislación anunciada 24 horas antes, hasta que esa instancia parlamentaria converse con el empresariado privado, y ajuste —señaló el titular de la Cámara alta— detalles técnicos.
La decisión parece sabia, habida cuenta de la alharaca de temores infundados con que los dueños de fábricas y negocios reaccionaron al anuncio formulado por el Presidente de Bolivia, el Día del Trabajo: la posibilidad de que las empresas privadas que hayan quebrado puedan ser tomadas, dirigidas, y puestas a funcionar de nuevo por los empleados que, con la quiebra, se quedaban sin puestos de labor.
La medida se conoce en Bolivia como Ley de creación de empresas sociales y, aunque la Confederación de Empresarios Privados se ha declarado en paro contra ella, dice que es inconstitucional, anuncia «medidas legales» y proclama que la ley es un «atentado» a la propiedad, lo cierto es que la decisión se muestra, ante todo, justa con los trabajadores dejados «a la deriva» por los patronos cuando estos cierran sin asegurarles la subsistencia. En nada pone zancadillas a los dueños.
Evo salió al paso a las elucubraciones. «Esta creación de las empresas sociales no es para quitar sus empresas e industrias a los privados. Si ese privado no puede, o abandona, o está en déficit, ahí los trabajadores se organizan para tener una empresa social», explicó en el acto por el Primero de Mayo, en Oruro.
Al dar a conocer el paréntesis anunciado para ajustar la ley con los empresarios, el presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto González, les invitó a reunirse este viernes para «darles algunas explicaciones respecto a las modificaciones que seguramente se van a incorporar en este proyecto», y explicó que la reunión «pretende descartar que la medida tenga un propósito de confiscación o expropiación de la propiedad privada».
Es esa otra de las alegaciones de la Confederación. Sin embargo, los propósitos de la Ley 118 parecen claros: reactivar la producción y reorganizar y absorber la mano de obra de los trabajadores, tomando en cuenta que es obligación del Estado el resguardo de los derechos laborales y la generación de oportunidades de empleo, así como impulsar el desarrollo del aparato productivo nacional.
Solo en las localidades de El Alto y La Paz existen varias fábricas que no habrían cerrado si la ley hubiese estado en vigor, comentó el titular de la Confederación de Trabajadores Fabriles, quien adelantó que ahora serán reactivadas.
La medida fue anunciada por Evo el día 1ro., justo cuando se cumplían 12 años de la nacionalización de los hidrocarburos, una decisión que posibilitó a Bolivia recuperar sus reservas —virtualmente en cero cuando el primer presidente indígena llegó al poder— y redistribuir esas ganancias, que hasta entonces se llevaban las transnacionales.
Ahora, la propuesta para que los obreros puedan crear empresas sociales resulta un modo racional de recuperar lo que en manos de los privados ya estaba perdido, y hacerlo producir para ellos y para el Estado, con una dirección colectiva que resulta novedosa y ejemplar.
Una experiencia parecida se inició en Argentina desde poco antes de la asunción de Néstor Kirchner, cuando los desempleados por la crisis neoliberal precedente acometieron lo que allí se conoce como recuperación de empresas y autogestión: un fenómeno que de salvavidas a la pobreza se convirtió en movimiento, de modo que para el año 2013 se reportaban 350 empresas recuperadas en ese país. Y no se ha sabido que nadie haya sido despojado de nada.
Implementarla ahora en Bolivia con carácter de ley, sería un aporte al modelo refundador de ese país, que muestra cuánto la izquierda en los Gobiernos puede hacer todavía, y cuánto puede avanzar en favor de los pueblos. Claro, siempre que la dejen avanzar.
