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Cuba puso en marcha su proceso electoral, caracterizado por la amplitud de la participación directa de la población desde la base como expresión de su ejercicio democrático, informa Prensa Latina.
Para ello, el Consejo de Estado convocó a comicios el próximo 25 de abril con el objetivo de elegir, mediante el voto directo y secreto, a los delegados que representarán a la población de las distintas circunscripciones electorales en los gobiernos municipales.
El sistema electoral existente en la Isla de acuerdo a la Constitución aprobada por el pueblo en 1976, dista mucho del de otros países.
Se trata del predominio de la voluntad expresa de los ciudadanos no sólo en el acto de colocación de las boletas en las urnas, sino en la organización de los comicios y en la propuesta de los candidatos a los cargos.
En Cuba brilla por su ausencia la postulación por parte de partidos políticos como es corriente en otras sociedades, frecuentemente escenario de imposiciones en ese sentido por parte de grupos de poder político o económico.
Tras la creación de más de 15 mil comisiones de circunscripción destinadas a viabilizar la marcha del proceso y el inicio de la capacitación de sus integrantes, los vecinos de las distintas barriadas y municipios tendrán acceso al registro de votantes.
A partir del 24 de febrero comenzarán las asambleas populares donde la propia población seleccionará a quienes consideren con méritos suficientes para estar presentes en las boletas electorales.
Es decir, el pueblo escoge a los candidatos y después vota para elegir entre los propuestos a los que mejor pueden desempeñar la labor, una tarea a desarrollar sin pago alguno y un mandato revocable, si no cumplen sus deberes, por quienes los eligieron .
A partir de ahí se constituyen las asambleas municipales con los electos y en ese marco se designan los candidatos a integrar un Parlamento que, tras su composición con el voto de la ciudadanía, tiene la tarea de elegir a las más altas autoridades de la nación.
En definitiva, se trata de un proceso genuino, propio, que consagra el ejercicio del poder por los pobladores, quienes postulan, eligen y hasta pueden destituir a sus representantes a lo largo de todos los episodios electorales.
