Acuse de recibo
EL 23 de octubre de 2020, y desde Perico, en Matanzas, el campesino Alberto Carmenate Ortega denunció aquí la morosidad en pagarle 459 kilogramos de carne de cerdo que entregó a la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Ramón Rodríguez Milián, de la cual es asociado.
El 8 de enero de 2019 la granja urbana del municipio le pagó el monto de la carne a la cooperativa, refería, mediante la factura 00002. Y a esas alturas, todavía la CCS no le había desembolsado la suma.
Alberto comenzó a reclamar en marzo de 2019. En la CCS le dijeron que no tenían dinero. Él informó de esto a Atención a la Población del Gobierno y el Partido en el municipio y al delegado de la Agricultura. «Y todos plantean que la CCS me tiene que pagar, porque ese dinero es mío», comentaba.
«Hice una reclamación por escrito a Fiscalía del municipio, añadía. Y no me dio respuesta… Entró a la CCS, pero solamente revisó créditos bancarios y no el pago a los campesinos, algo tan importante».
Al constatar que no tenía respuesta en el municipio, en medio de la pandemia lo notificó telefónicamente en Atención a la Población del Gobierno provincial, y quien le atendió le dijo que esa situación la debe resolver el municipio. En la ANAP provincial le confirmaron que tenían que entregarle el dinero. Lo informó también en Atención a la Población del Partido en la provincia. Todas las instancias le daban la razón, pero hasta ahí.
Alberto acotaba que, como él, había otros asociados en la misma situación, porque la CCS utilizó el dinero para pagar deudas a otras entidades. «Es una falta de respeto, decía. ¿Hasta cuándo tengo que esperar para cobrar mi dinero, fruto de trabajo y sacrificio? Ha pasado un año y ocho meses y no he tenido ni dinero ni respuesta convincente».
Al respecto, el pasado 9 de enero respondieron Carlos Luis Naranjo Suárez, delegado provincial de la Agricultura en Matanzas, y Marlenis Sánchez Álvarez, jefa del departamento de Atención a la Población del Partido: Informan que para el caso se creó un grupo de trabajo integrado por el jefe de Atención a las Bases Productivas en la delegación provincial, el delegado municipal, la ANAP en la provincia y el municipio, la Empresa Agropecuaria Máximo Gómez y los organismos globales de la economía en el municipio.
Tras un análisis con la junta directiva de la CCS el 10 de noviembre de 2020, añaden, se acordó analizar el asunto en la asamblea de asociados de esta, la cual se hizo el 23 de ese mes. Y allí se aprobó por unanimidad proponerle al Banco la solicitud de un préstamo de la cuenta sociocultural a la cuenta corriente, para saldar la deuda con Alberto y otros productores afectados por la misma causa.
Se decidió hacer un esquema de producción y comercialización que permita a la CCS captar ingresos para ir solventando sus deudas con los productores; y reforzar la nueva junta directiva, en especial el aparato económico y contable, para lograr un mejor funcionamiento.
El Banco solicitó para dicho trámite un aval de la ANAP Provincial y el acta de la Asamblea con el número de acuerdo donde se aprobó por la junta directiva el préstamo de la cuenta sociocultural a la cuenta corriente. Los datos solicitados ya fueron entregados y de inmediato se procederá al proceso de liberación del préstamo.
Precisan que lo anterior se le notificó a Alberto vía telefónica y se continuará dando seguimiento hasta que el productor haya cobrado su deuda. Y califican la denuncia con razón.
Agradezco la respuesta, con la esperanza de que Alberto y los otros productores no demoren en recibir su dinero. Ya hace tiempo se revela que el impago a los campesinos puede provenir también de las juntas directivas de esas formas productivas, que violan así los principios del cooperativismo.
Solo queda preguntar, una vez más, por qué cuando Alberto lo denunció a todas las instancias, no se acudió consecuentemente ni se adoptaron esas mismas medidas. Nada se hace con otorgar la razón meramente, y dejar al perjudicado a su suerte.
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