Quien pensara que la guerra antinmigrante de Donald Trump o su contienda de amenazas arancelarias le harían olvidar el anunciado propósito de retomar para su país el control sobre el Canal de Panamá, estaba equivocado.
La más reciente visita a ese país del jefe del departamento de la Defensa, Pete Hegseth, el miércoles pasado, desmiente cualquier hipótesis al respecto.
Un memorando divulgado unas cuantas horas después, primero desde Washington y luego en la nación istmeña, permitirá ver otra vez a marines estadounidenses aposentarse en bases que antes fueron tristemente famosas por darles cobija, como las de Howard y Rodman.
Ello ha provocado que muchos ciudadanos se sientan indignados y recuerden la invasión estadounidense de 1989, que provocó una cantidad aún no bien precisada de muertos, y con la que el Pentágono estrenó y ensayó armas ultramodernas, supuestamente, tras la captura del entonces jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá, Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico.
La Cancillería istmeña ha dicho que la permanencia de las tropas estadounidenses y su parafernalia militar es temporal y que el motivo es puntual: la realización de maniobras conjuntas.
Pero hay muchos motivos de inquietud para la ciudadanía, porque el pasado intervencionista de EE. UU. en la vida económica y política de su nación es demasiado reciente, y revertirla costó décadas de lucha por la «panameñidad» de la vía, y por la salida de la soldadesca de la denominada Zona del Canal.
Existen, además, otros motivos en materia diplomática para estar sobre aviso y que despiertan suspicacia bien fundada, como el hecho de que, por segunda vez luego de la visita de un funcionario de la administración Trump —antes fue el secretario de Estado, Marco Rubio— la traducción al inglés de los textos finales de lo acordado, omitiera la frase que reivindica la soberanía istmeña sobre ese enclave.
Ha sido después de ello que el presidente José Raúl Mulino ha declarado que el paso interoceánico es únicamente panameño.
Por demás, observadores han destacado el carácter desigual del recién firmado y poco divulgado convenio, que devuelve la venia para el despliegue de tropas estadounidenses en Panamá. Según ha trascendido, el pacto incluye que EE. UU. tendrá prioridad y exenciones en el tránsito de sus buques de guerra por el Canal, mientras que Panamá recibiría una «compensación» todavía no clara, por servicios de seguridad.
El convenio sigue a la declaración de Panamá que certificó su salida de las iniciativas chinas de la Franja y la Ruta de la Seda; obviamente, una medida requerida por la Casa Blanca, que ya se sabe está librando una batalla sin cuartel contra el desarrollo tecnológico y la expansión de las relaciones comerciales del Gigante Asiático en América Latina. De eso también se trata la mira puesta por Washington en el Canal.
No ha sido lo único en ese campo, pues también se ha hablado de la suspensión de las tratativas para que dos empresas de Hong Kong operen en puertos istmeños…
Cualquiera pudiera pensar que las amenazas de Trump sobre «retomar» el Canal, algo que no le pertenece a su país, son puras amenazas para conseguir sus objetivos, visto su accionar en el asunto de los aranceles: los declara, otorga plazos, negocia a lo mejor que le dé el postor...
Lo peligroso es que, en el caso panameño, poco a poco, sus propósitos se están cumpliendo.
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