A su debido tiempo han ido emergiendo a la luz pública de nuestros medios, un caso tras otro, la aplicación de la justicia a quienes, enquistados en sus parcelas de poder y pretendiéndose impunes de por vida, medraron en pos del enriquecimiento personal con recursos que son tan caros para un país pobre bajo implacable hostigamiento imperial.
Nadie que no la deba, ni por tanto la tema, tendría razón alguna para alarmarse por la paulatina difusión, pasada y futura, de graves hechos delictivos fehacientemente comprobados y sus consecuencias ante los tribunales que juzgan. Ni tampoco se justificaría continuar recurriendo al manido y paralizante comodín retórico de que nos «hace daño», «nos perjudica», amparado en viciosos y perjudiciales secretismos, que en lugar de esclarecer y movilizar propician infundadas y turbias especulaciones.
Por el contrario, la aleccionadora puesta en conocimiento ciudadano de la investigación responsable y minuciosa de las irregularidades delincuenciales y la merecida sanción correspondiente constituyen bienvenida acción sanadora, desde el momento que coloca en causa a núcleos de agazapados pillos en ropajes de funcionarios con potencial capacidad contaminadora. Del mismo modo con que se ha estado informando hay que hacerlos visibles e identificables, a tono con el grave daño que inflijan a la economía del país.
Cuantos han estado actuando al margen de la ley y la ética más elemental, y los que todavía lo sigan haciendo, tal vez demasiado confiados en una impunidad blindada por una comunidad de intereses forjada en aparatos burocráticos, de hecho se han erigido en envenenados patrones invertidos de comportamientos, que marcan una torcida ruta a seguir para encontrar en el latrocinio y otras ilegalidades la fuente del «éxito» material individualista. Y en rigor han de acorralarse en una enérgica batida sin ningún tibio escrúpulo de que «caiga quien caiga».
Corruptos y corruptores al fin y al cabo, ellos son disgregadores de nuestros más sagrados valores y, por consiguiente, si a los hechos concretos nos remitimos, demuestran una intención zapadora del socialismo, la de la vuelta atrás en la que probablemente ya deliran viéndose a sí mismos en la imaginada cresta de opulentos explotadores.
De ninguna manera debe subestimárseles «ni un tantico», y mucho menos bajar la guardia. Es apreciable la decisión gubernamental de seguir desmontando los mecanismos burocráticos en los que se encaja y acomoda la corrupción, y propiciar estructuras administrativas actualizadas que favorezcan articuladas participación y vigilancia populares, para que la solvencia moral se expanda.
No abrigo la menor duda de que nuestro pueblo trabajador, cualquier ciudadano honesto y preocupado por el futuro del país, divisa con aliento a la Contraloría de la Nación, afincándose paso a paso y firmemente en la afinación de sus instrumentales de pesquisa sancionadora o preventiva sin importar qué institución, empresa, o unidad productiva o de servicios, donde conviene siempre transparentar y aclarar cuentas. Si es para curarse en salud, mejor aún.
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