El viernes 15 expira la ley que ha permitido a la administración de George W. Bush espiar llamadas telefónicas internacionales y correos electrónicos, bajo el manto de la guerra contra el terrorismo y ese plazo tiene a la Casa Blanca corriendo para que la Cámara de Representantes y el Senado le den la luz verde a la prolongación del autorizo.
Este miércoles, la Cámara desoyó los apuros del mandatario y prolongó por tres semanas más el debate sobre las impugnadas escuchas clandestinas, a diferencia del Senado que las aprobó con la prontitud que le exigía Bush, el hijo, quien velozmente hizo una declaración conminatoria: «El tiempo para debatir terminó. No aceptaré ninguna extensión temporaria. Los miembros de la Cámara de Representantes han tenido mucho tiempo para aprobar un buen proyecto».
En el trasfondo de la discusión de esta ley —que califica en detalle con la descripción orwelliana de una sociedad totalmente controlada por el régimen represivo y tiránico que muestra en su novela 1984—, está la preocupación entre no pocos legisladores demócratas del papel de espías asignado a las compañías de telecomunicaciones, que en la propuesta son totalmente protegidas ante cualquier demanda en cortes por parte de ciudadanos o instituciones que defiendan sus derechos civiles y humanos.
La Cámara no propone protección para esas industrias y contiene restricciones del poder del gobierno, lo que soliviantó a Bush, al punto que salió a defender las prerrogativas de su poder imperial con argumentos en extremo belicosos: «Para ser capaces de descubrir los planes enemigos, necesitamos la colaboración de las compañías de telecomunicaciones... Si estas compañías son objeto de juicios que podrían costarles miles de millones de dólares, no participarán. No ayudarán a proteger a Estados Unidos. La protección contra responsabilidades es fundamental para obtener la colaboración del sector privado en los esfuerzos de nuestra inteligencia».
Unos dijeron que era una «farsa» y otros la catalogaron de «peligrosa».
La versión del Senado, aprobada este martes, es explícita en esas características: las compañías telefónicas que tomen parte en el programa de espionaje doméstico que no necesita de autorizo judicial, recibirán inmunidad retroactiva en cualquier pleito en las cortes.
Unas 40 demandas civiles, por violar los derechos de privacidad, están ya establecidas y acusan a las empresas AT&T Inc., Verizon Communications Inc., y Sprint Nextel Corp por esas prácticas represoras y policiacas impuestas luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001, las que echan a un lado las órdenes judiciales y dieron pie a una cacería de brujas bajo la sombrilla de rastrear a supuestos terroristas.
Entonces, W. Bush y su equipo no se preocuparon, ni ocuparon, de advertir y lograr la anuencia del sistema judicial, ni de los legisladores, a pesar de que violaban la FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act de 1978), por la cual se requiere que el gobierno reciba la aprobación de una corte FISA secreta para conducir cualquier vigilancia dentro de Estados Unidos sobre sospechosos de ser extranjeros enemigos.
Justo cuando está en discusión este actuar ilegal y dictatorial de los bushianos, la revista The Progressive ha publicado que más de 23 000 representantes de la industria privada, que trabajan calladamente con el FBI (Buró Federal de Investigaciones) y el Departamento de Seguridad de la Patria, en ese espionaje extendido, están agrupados en una organización conocida como InfraGard, donde el FBI les asegura recibir las advertencias de amenazas terroristas directamente, aun antes de que alerten a la ciudadanía.
La denuncia, realizada por el periodista Matt Rothschild, autor del libro You Have No Rights: Stories of America in an Age of Repression (Usted no tiene derechos: historias de Estados Unidos en la era de la represión), detalla que esos 23 000 líderes del mundo de los negocios proveen de información al gobierno que, además, les ha dado a los miembros de InfraGard permiso para disparar a matar en caso de ser impuesta la ley marcial.
El FBI formó InfraGard en 1996, en Cleveland, para investigar y perseguir un caso de cyber espionaje, y como vio que era bueno para sus intereses policíacos, fue ampliándolo al resto del país y actualmente tiene 86 capítulos de InfraGard, más de 23 000 asociados y en su membresía aparecen más de 350 de las 500 mayores compañías estadounidenses de la lista de la revista Fortune.
Reuniones secretas se dan en todo Estados Unidos y está claro que tienen «responsabilidades» otorgadas por el FBI y el Departamento de seguridad interna para tiempos de emergencia y estado de sitio.
Como recordatorio, George W. Bush y su gente han ido conformando un estado dictatorial, y en la entrevista para la emisora Democracy Now, el reportero-investigador Matt Rothschild comentaba que el 9 de mayo de 2007, mediante una directiva de seguridad nacional, Bush se auto-otorgó el poder de controlar todo el gobierno y de «cuidar» de la Constitución en momentos de cualquier emergencia, auxiliándose de personas del sector privado... esos son los InfraGard con permiso para matar...
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