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Las decisiones conservadoras de la Corte Suprema representan un duro golpe para las minorías. Foto: AP Autor: AP Publicado: 08/07/2023 | 08:42 pm
El resultado de la votación se ha repetido en las más recientes decisiones de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos 6-3, coincidiendo con el desequilibrio ideológico, incluso más que partidista, obtenido por Donald Trump durante su administración, cuando logró designar tres de los nueve magistrados del cuarto poder.
Así inclinó la balanza de la dama de ojos vendados hacia las posiciones más conservadoras, y hasta de extrema derecha, con allegados al Partido Republicano dominando la situación, y dejando en franca minoría al liberalismo que se asume en los demócratas.
El viernes 30 de junio la víctima fue el plan del presidente Joseph Biden que condonaba los préstamos estudiantiles. Argumentaron que el mandatario se había extralimitado en su autoridad ejecutiva sobre Ley Héroes de 2003.
Dicha legislación fue instituida durante las guerras contra Afganistán e Irak para beneficiar financieramente a los militares estadounidenses que participaban en las invasiones y ocupación de esos países y en general a los que luchaban en el extranjero, al permitir que el secretario de Educación renunciara o modificara las condiciones de los préstamos federales para estudiantes en caso de «emergencia nacional».
Biden hizo una promesa cuando aspiraba a la Presidencia, y ganó con ello no pocos votos de los ciudadanos más jóvenes, por lo general más remisos a acudir a las urnas, y de las llamadas
minorías étnicas (negros y latinos, fundamentalmente).
Por fin, a finales de agosto de 2022, se dispuso a cumplir la promesa y en conferencia de prensa dijo: «Durante mi campaña presidencial, me comprometí a aliviar la deuda de los estudiantes, y hoy cumplo ese compromiso. Haciendo uso de la autoridad que el Congreso otorgó al Departamento de Educación, condonaremos 10 000 dólares en préstamos estudiantiles federales pendientes».
Se calcula que unos 45 millones de estadounidenses deben 1,75 billones de dólares por becas de estudios, y cuando comenzó la COVID-19, estando Trump en la Casa Blanca, se suspendió el reembolso de esos créditos al amparo de la ley de 2003, es decir, se congeló la deuda, pero no se canceló.
Biden subió la parada, y los republicanos arremetieron de inmediato contra esa decisión. Seis estados bajo dominio del GOP (Grand Old Party o Partido Republicano) pusieron la demanda contra el Presidente: Nebraska, Arkansas, Kansas, Iowa, Missouri y Carolina del Sur. Desde una posición populista engañosa, la oposición republicana afirmó que los trabajadores contribuyentes que no han ido a la universidad subsidiarían a los estudiantes que finalmente ganarían más que ellos, explicación totalmente contraria a la de los Demócratas, que argumentan ayudar a los prestatarios de clase media y trabajadora.
La polémica se mantiene desde entonces sobre este plan abortado por la injusticia, pero no ha sido el único golpe bajo que da a la esperanza de millones de jóvenes estadounidenses de menores ingresos o de los grupos sometidos históricamente a la discriminación.
Esa Corte Suprema desbalanceada también se pronunció, con igual votación de 6-3 sobre las políticas de acción afirmativa en colleges y universidades. Otro controversial tema que divide a la sociedad.
En dos casos judiciales llevados a esa instancia los jueces supremos del neoconservadurismo dictaminaron que Harvard, la universidad privada más antigua del país, y la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, la universidad estatal más antigua, estaban discriminando ilegalmente por motivos de raza y violando la Enmienda 14 de la Constitución.
El presidente del Tribunal Supremo, John G. Roberts Jr., tomó como base la Constitución para decir que «el punto central de la Cláusula de Igual Protección es que tratar a alguien de manera diferente por el color de su piel no es como tratarlo de manera diferente porque es de una ciudad o de un suburbio, o porque toca el violín mal o bien».
Se equivoca usted si piensa que esa decisión del Tribunal protege a las minorías, todo lo contrario. Se oponen a que estas tengan prioridad en la admisión, porque la política de acción afirmativa ha intentado debilitar la desigualdad racial en el acceso a la educación superior de un segmento de la población que en su mayoría forman filas en los menos favorecidos por la fortuna y son doblemente discriminados en el ejercicio de lo que deben ser sus derechos a la superación y a su desarrollo. Por eso también se le llama «discriminación positiva».
Por tanto, la Corte Suprema rechaza decisiones anteriores que tienen fecha de hace 45 años, cuando en 1978 consideraron que era apremiante para las universidades estadounidenses buscar la diversidad en sus aulas y tener en ellas a estudiantes negros y latinos bien calificados.
Al eliminar esa «ventaja», que bien pudiera verse como una rectificación histórica hacia quienes mucho han contribuido a forjar esa nación, los campus de las instituciones superiores del país vuelven a blanquearse como predios elitistas.
Estados Unidos en este siglo XXI sigue dando marcha atrás en lo que respecta a la defensa de los derechos humanos, la democracia y la igualdad de la que se pavonea. La discriminación sigue siendo fundamento estructural de una república que nació con una parte de su población como esclava y no acaba de romper esa atadura.
