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Protestas por la liberación de patentes en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Autor: EFE Publicado: 15/05/2021 | 08:40 pm
Con ese toque de «adivino certificado» que tienen los columnistas auténticos, el argentino Eduardo Febbro escribió un día en Página 12 que la vacuna contra la COVID-19 había dado lugar a dos guerras mientras otra se agazapaba en el horizonte: la primera fue por su descubrimiento; la segunda, por su distribución, y la tercera —mundial, como ese par de antecesoras— es la batalla de las licencias.
Esta última es más visible desde que se hiciera público que el Gobierno de Estados Unidos respalda la suspensión temporal de patentes de las vacunas contra la pandemia. Enseguida, el presidente Joe Biden acaparó, en titulares sesgados, el foco de la idea. Que cuando habla la Casa Blanca…
Tal vez el primer estadista en reparar en el yanquicentrismo de esa noticia fue el argentino Alberto Fernández, quien observó que «la vacuna parece ahora haber entrado en otros escenarios cuando el presidente de los Estados Unidos pidió que las licencias cesen y se haga de ella un bien global», a pesar de que él, «en soledad», había planteado lo mismo en dos reuniones del G20 donde apenas recibió el apoyo de Emmanuel Macron y Andrés Manuel López Obrador.
«Alguien poderoso planteó que la vacuna no puede ser un negocio sino que debe ser un bien global, lo mismo que he planteado muchas veces y lo mismo que ha dicho el querido papa Francisco», concluyó Fernández en una frase que cada cual puede completar a su modo.
Antes, la idea había sido defendida varias veces por unos 60 países en desarrollo, liderados por India y Sudáfrica, en el Consejo de Derechos de Propiedad Intelectual de la Organización Mundial del Comercio, y en abril, en carta abierta a la Casa Blanca, más de 170 exjefes de Estado y de Gobierno y Premios Nobel pidieron a Biden que apoyara la eliminación de los derechos de esas patentes y abriera el camino a vacunas para todos.
Hay un detalle: mientras Estados Unidos aboga solo por liberar las vacunas, la propuesta de India y Sudáfrica incluye la apertura de medicamentos, pruebas de diagnóstico y otras tecnologías que completan el arsenal sanitario contra la pandemia.
La carta —coordinada por la People’s Vaccine Alliance, una coalición de más de 50 organizaciones— avisó que, con la tasa de inmunización vigente, es probable que solo el diez por ciento de la población del Tercer Mundo sea vacunado en 2022. Como van las cosas, la mayoría de las naciones pobres tendrán que esperar al menos hasta 2024 para lograr la inmunización masiva. ¿Habrá, allí, para ese año, «masas» que inmunizar?
Esta parte se sabe: Katherine Tai, representante de Comercio Exterior estadounidense, comunicó en un tuit el apoyo de su Gobierno a la exención temporal de estas protecciones de propiedad intelectual y desde entonces parece que el cielo —entiéndase el mercado bursátil— se va a caer: mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS) calificó la postura como «monumental», el sector farmacéutico, un dolor de cabeza cuando se lo propone, prometió batalla a mister president.
Ámpulas de la discordia
Aunque lo que se proyecta es apenas la opción de discutir el asunto en la Organización Mundial de Comercio (OMC), la industria farmacéutica «erizó sus agujas». El grupo de Investigadores y Manufactureros Farmacéuticos de Estados Unidos, que agrupa fabricantes como AstraZeneca, Pfizer y Johnson & Johnson, afirmó que la propuesta «debilitará aún más las cadenas de suministro y alimentará la proliferación de vacunas falsificadas».
Celoso mastín de la chequera de los ricos, el diario The Wall Street Journal preguntó en un editorial —titulado nada menos que El robo de las patentes de vacunas de Biden— «¿quién invertirá en terapias en el futuro cuando la Casa Blanca ayuda a otros Gobiernos a robar?», y el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, comentó a la prensa que la propuesta «no tiene ningún sentido».
Tampoco a la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones Farmacéuticas le agradó la postura de Biden —que llega, escrito sea de paso, en un momento en el que su país, gran acaparador de vacunas, tiene a más del 32 por ciento de la población inmunizada— y la ha calificado como «decepcionante». Según esta Federación, la exención «es la respuesta simple, pero incorrecta, a un problema complejo».
A nivel geopolítico, la idea dibuja mapas singulares. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, declaró que la UE «está lista para discutir» —y ya sabemos el tiempo que les toma a los europeos discutir— cómo una renuncia de la protección de la propiedad intelectual para las vacunas «podría ayudar a lograr el objetivo de combatir esta crisis», pero nada menos que la canciller federal alemana, Angela Merkel, dijo ver en la idea «más riesgos que oportunidades». Merkel es tajante: «No creo que liberar las patentes sea la solución para proporcionar las vacunas a más gente».
Para hacer contrapeso a la mesa, el presidente ruso, Vladimir Putin, no solo dijo que su país «es el único que está dispuesto a compartir con otros la tecnología de producción» de sus vacunas, sino que encomendó al Gobierno estudiar cómo llegar a un acuerdo para liberar las patentes y producirlas en apego a las reglas de la OMC. «En las condiciones presentes tenemos que pensar no en cómo obtener las máximas ganancias, sino en cómo garantizar la seguridad de las personas», señaló.
Los dueños del egoísmo
De origen indio ella misma —así que la pandemia ha de dolerle sobremanera— la catedrática Jayati Ghosh, de la Universidad de Amherst, en Massachusetts, afirma que «los únicos perjudicados (con la exención) serían las grandes multinacionales farmacéuticas. Y ellas ya se han embolsado sus beneficios» porque primero «los estados les dieron dinero para investigación y desarrollo».
«Pfizer —que prevé ingresar 15 000 millones de dólares gracias a la COVID-19— recibió 2 000 millones de dólares de dinero público para hacer el I+D para su vacuna. Moderna se embolsó 1 200 millones. Todos los costes de desarrollar estas vacunas han sido pagados por las subvenciones públicas en EE. UU., la UE, Japón… Luego las empresas las han vendido a precios bastante elevados. Es decir que ya han registrado excelentes beneficios. Pero todavía se agarran a los derechos de propiedad intelectual y abusan de su poder monopolístico», explica Ghosh antes de agregar una frase lapidaria: « Lo cierto es que a las grandes farmacéuticas no les gusta desarrollar vacunas porque no es rentable una vez que has vacunado a todo el mundo».
La académica es aún más terminante: «Todas las vacunas han ido a los países desarrollados: Canadá, por ejemplo, parece que tiene siete u ocho veces más de lo que necesita… pero no va a servirles. Si la gente en el resto del mundo se queda sin vacunarse, habrá cada vez más mutaciones, de manera que volverán a contagiarse las personas en los países ricos. Así que el peligro no desaparecerá. Si se da luz verde a más producción para poder vacunar a todos, eliminaríamos ese riesgo».
Ellen ‘t Hoen, directora de Medicines Law & Policy, coincide con sus criterios: «Tal vez el estribillo más común en el sector es que compartir la propiedad intelectual significa que las empresas y sus inversores tienen que renunciar a los altos rendimientos que garantizan las patentes y otras formas de monopolio. Como resultado, no habrá más incentivos para la innovación farmacéutica. Este es un argumento extraño en el contexto de las vacunas anti-COVID-19, porque las empresas se libraron en gran medida de los riesgos con grandes cantidades de financiación pública».
La humanidad en el vacunatorio
Más allá de Biden, de Fernández, de India o Sudáfrica, la exención es una idea de la humanidad, porque de ella es también el peligro. El camino a concretarla parece más largo que el tiempo disponible. A fines de marzo, un trabajo de la revista Nature afirmaba que se necesita 11 000 millones de dosis de vacunas para lograr la inmunidad de grupo a escala mundial. ¿Quién las alcanza, con las reglas actuales?
Los expertos consideran que, con patentes liberadas, en ocho meses todos los terrícolas pudiéramos estar «pinchados», pero hay que apurarse: un estudio de 77 científicos de un equipo internacional estableció que, dentro de un año o menos, las mutaciones del virus volverán inservible la primera generación de vacunas. ¿Votaremos, con el dinero invertido en ellas, nuevas vidas o compartiremos de una vez «los derechos reservados» de la existencia humana? Todo es cuestión de dar el hombro.
