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LA PAZ, diciembre 23.— Mil 500 procesados injustamente por la persecución política instaurada durante el ejecutivo usurpador de Jeanine Áñez podrán recibir indulto, a tenor de dos decretos supremos que alista el Gobierno de Luis Arce.
El anuncio lo dio a conocer el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles Bazán, al expresar que dichas normas «generan protección para todas estas personas procesadas injusta e ilegalmente; esperemos sea aprobado en el gabinete. Un segundo decreto que estamos trabajando, abrogando el Decreto Supremo 4100, es de reparación integral».
Según reportó Telesur, el decreto de amnistía e indulto fue presentado a la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas, y posteriormente será puesto a consideración del gabinete de ministros.
Esta propuesta, abundó el despacho, fue elaborada para dar una solución global a los casos de los procesados y los perseguidos políticos del Gobierno de facto.
En cuanto al decreto de reparación integral se supo que servirá para brindar asistencia económica, seguro de salud y atención sicológica a las víctimas, además de un resarcimiento de 100 000 bolívares para sus familiares, y reparaciones económicas y otros tipos de ayuda a quienes resultaron con heridas u otras secuelas de los abusos policiales y militares.
«Queremos trabajar en la reparación del daño que han ocasionado estos procesos y el mismo golpe (de Estado). Hay heridos, hay muertos, hay familiares de muertos que requieren resarcimiento», puntualizó el viceministro Siles.
En virtud de la puesta en orden de la justicia, que fue manipulada durante el período golpista, hace algunas semanas fueron dejados sin efecto los cargos de terrorismo y sedición impuestos injustamente a Evo Morales, al fundamentarse que los derechos principales del expresidente se habían violado, por incumplimiento de los requisitos establecidos.
Este miércoles otra víctima del lawfare (judicialización de la política), Elena Flores, retomó sus cargos como presidenta de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), luego de que la Sala Constitucional Cuarta del Tribunal de Justicia de La Paz declaró procedente un recurso de amparo y ordenó su restitución en el directorio, informó ABI.
«Ha sido un perjuicio de casi diez meses, ocho detenida en (la cárcel de) Obrajes y dos con detención domiciliaria, pero ya tengo libertad pura y simple, puedo movilizarme tranquilamente», señaló Flores en una entrevista concedida a la Agencia Boliviana de Información.
Como parte de la puesta en orden de un país sometido por las ilegalidades cometidas por Áñez, también se supo del inicio de una revisión de contratos suscritos en perjuicio de los intereses de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), según dio a conocer el ministro de Hidrocarburos y Energía, Franklin Molina.
«Quiero recalcar que vamos a revisar cada uno de esos contratos y vamos a establecer responsabilidades por estas firmas de contratos lesivos al Estado», señaló el titular durante un acto para celebrar los 84 años de YPFB.
Molina precisó que la revisión se enmarca en la política de reactivación de esa empresa estatal y en la lucha contra la corrupción instruida por el presidente Luis Arce.
