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Además del repudio popular, las sanciones yanquis son denunciadas por el Gobierno bolivariano. Autor: albaciudad.org Publicado: 15/12/2020 | 11:28 pm
Caracas, diciembre 15.— El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, expresó este martes a través de un comunicado que fue ratificada la consignación de pruebas, evidencias y confesiones que sustentan la demanda que su país mantiene en curso ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el Gobierno de Estados Unidos por crímenes de lesa humanidad.
Un informe de la CPI, hecho público la víspera, expresa los avances durante el período del 6 al 14 de diciembre de 2020, en relación con diez situaciones en examen para estudiar las acusaciones de Venezuela contra funcionarios norteamericanos por crímenes de lesa humanidad, como resultado de la aplicación de las medidas coercitivas.
Según reporta Telesur, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, indicó que la fiscal de la Corte Internacional, Fatou Bensouda, confirmó que recibió el informe del fiscal general, como parte de la cooperación en el contexto de una reunión bilateral que sostuvieron el pasado 4 de noviembre.
La demanda venezolana expresa que las sanciones fueron impuestas por Estados Unidos «con el objetivo de promover un cambio de régimen, y que las consecuencias de las sanciones pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad». El texto cita, entre uno de sus puntos, «la privación de acceso a alimentación y medicinas» y asegura que esto promovió «un clima que disparó la migración masiva desde Venezuela» a otros países de la región, e incluso, de otros continentes.
La vicepresidenta ejecutiva del país, Delcy Rodríguez, informó que se presentó ante la CPI un nuevo grupo de elementos probatorios de que el bloqueo de Washington contra Venezuela es un crimen de lesa humanidad y viola de manera sistemática los derechos elementales de los venezolanos.
El pasado 4 de noviembre de 2020 la fiscal Bensouda —sancionada ella misma por Estados Unidos— se reunió con una delegación de alto nivel de Venezuela, que incluía al fiscal general, Tarek William Saab, y al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz.
Las reuniones han permitido a la fiscal solicitar información a los representantes de Venezuela sobre procedimientos nacionales relevantes. Hasta el momento, se ha demostrado conformidad al recibir los requisitos del Estatuto de Roma.
