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Parecía que el aplauso a la Constituyente, el afán por capitalizar el éxito del plebiscito y su obligado apoyo —aunque con cortapisas— a una nueva Carta Magna, iban a lograr estabilidad y «salvar» al presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Pero he aquí que apenas un mes después de la consulta ha vuelto a aflorar el pedido de dimisión, que estalló casi tan estentóreo como a fines de 2019.
Si bien dieron un respiro al Gobierno el triste azote de la Covid-19 y la celebración del plebiscito para consultar a la nación si quería la nueva Constitución pedida hace un año por los manifestantes —y aprobada por amplio margen—, lo cierto es que ese plazo de gracia parece terminado, a juzgar por el malestar que desde distintos flancos volvió a expresarse en las calles, donde se ha pedido la renuncia del mandatario mientras, en el Parlamento, un grupo de legisladores presentaba un tronchado proyecto para que las elecciones presidenciales se adelanten de su fecha original de noviembre de 2021, a abril del año entrante.
De modo paralelo, paros generales de gremios específicos con sus demandas puntuales, como los de los trabajadores de la Salud, convirtieron la semana anterior en siete días candentes.
Sin embargo, lo que de manera más homogénea ha hecho aflorar otra vez el disgusto ha sido la inicial negativa presidencial para que los trabajadores pudieran realizar una segunda extracción del diez por ciento de sus fondos de pensiones. Ellos aducen que necesitan el dinero en medio de la crisis económica y social desatada por la pandemia, y a pesar de las partidas que, se arguye desde el oficialismo, se han destinado como emergencia, aunque en su contra hay quejas de que se quedaron cortas y llegaron a destiempo.
Que Piñera paralizara el proyecto aprobado en la Cámara para permitir la segunda extracción —ya se realizó una en julio— y, peor, que pusiera el asunto en manos de la justicia, hirió profundamente a la ciudadanía, que estima cada vez más que el mandatario prioriza los intereses de las poderosas Aseguradoras del Fondo de Pensiones (AFP) por sobre las necesidades de la gente. Se considera que las AFP —empresas privadas encargadas de gestionar el dinero ahorrado por los trabajadores— registraron utilidades por 649 millones de dólares en 2019, mientras las pensiones promediaban 382 dólares para los hombres y 232 dólares en mujeres. Ellos solo quieren extraer un poco de su propio dinero.
«Chile no resiste 16 meses más a Sebastián Piñera en La Moneda», comentó hace unos días el senador Alejandro Guillier, uno de los defensores del adelanto de los comicios presidenciales, en tanto su colega Jaime Mulet opinaba que «(el Presidente) lo mejor que puede hacer es dar un paso al costado».
Sin embargo, Piñera ha repetido la jugada de la Constituyente: actuó otra vez de modo flexible ante la fuerza del reclamo y presentó su propio proyecto de extracción de fondos, que contempla impuestos para los que más ganan.
En su defensa, el Jefe de Estado ha argumentado que «hay que saber respetar la decisión libre y soberana de la gente y las reglas del juego de la República», al recordar que «las chilenas y chilenos eligieron libremente un presidente y un Congreso por cuatro años».
Pero ese recordatorio, solo, no ha surtido efecto. Su popularidad sigue en picada. Según reveló este lunes la encuesta semanal chilena Plaza Pública, los índices de aceptación del mandatario han caído hasta apenas el 13 por ciento: solo un punto más de los que mostraba en julio, cuando se reportó la impopularidad más alta.
Mientras, prosigue el proceso constituyente, de cuya necesidad da cuenta el propio dilema de los fondos de pensiones. Al parapetarse en contra de la entrega de otro diez por ciento, el Gobierno argumentó que la decisión sería «anticonstitucional».
Ello demuestra que una nueva Carta Magna puede que no satisfaga los reclamos de todos los chilenos, como apuntan algunos: pero difícilmente algo se podrá mover si no se renueva la Ley de leyes.
El cumplimiento del cronograma fijado en pos de la nueva Constitución avanza, mas no ha alcanzado a calmar un descontento con raíces profundas que, según analistas, podría conducir a que fuera otro presidente quien concluyera el proceso constituyente si, como la oposición en el Parlamento quiere, las elecciones se adelantan, para coincidir con la escogencia de los constituyentistas, el próximo abril.
Muchos piensan que ello es difícil, pero también estiman que solo el planteamiento de adelantar las presidenciales exhibe la debilidad de Sebastián Piñera. Lo que está en tela de juicio, en verdad, es el modelo que representa.
