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CARACAS.— El Gobierno venezolano podría acudir al Tribunal Internacional de La Haya para denunciar las acciones de la derecha local y su intención de dar un golpe de Estado y en contra de la Constitución de la República Bolivariana.
Jorge Rodríguez, jefe del equipo de campañas electorales del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico, señaló la víspera en rueda de prensa que es una obligación acudir al fuero internacional.
Explicó que, como ha ocurrido a lo largo de la Revolución, se estaba de nuevo frente a una estrategia para revertir la institucionalidad del país y sobre todo atacar su sistema electoral, acreedor de un amplio reconocimiento mundial.
En un recuento de maniobras similares en el pasado, en las que se aludió a supuestos fraudes electorales —los que nunca fueron probados—, ahora, dijo, el que está al frente es el ex candidato ultraderechista Henrique Capriles Radonski.
La denuncia del chavismo fue motivada por la presentación ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de una impugnación de los resultados de las elecciones presidenciales del 14 de abril (14-A) por parte del ex candidato de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD).
El paso —previsible y anunciado— sucedió: primero, al no reconocimiento por Capriles y la MUD de la victoria de Nicolás Maduro; después, al llamado que hicieron a la violencia y que dejó un saldo de nueve muertos y 78 heridos, y luego a la solicitud que hicieron al Consejo Nacional Electoral (CNE) para realizar una auditoría electoral.
Este proceso fue aprobado por el CNE y actualmente está en su fase de preparación técnica para iniciar el lunes, pero fue rechazado por el derechista, al calificarlo de «chimbo» (malo) —algo que también era pronosticable que hiciera.
La impugnación de ahora también será rechazada por la oposición —según ella misma ha sugerido. El propósito es que las acciones que desarrolla sobre un presunto fraude y descrédito institucional continúen en el plano internacional.
Este terreno ya lo están preparando con los continuos viajes de políticos de la derecha —incluidos parlamentarios opositores— a varios países, especialmente a Estados Unidos, el único de la comunidad internacional que no ha reconocido al actual Gobierno bolivariano.
El propio Capriles Radonski se ha encargado de dejar en claro que no reconocerá la impugnación en el TSJ al acusar como «oficialistas» a los miembros de la Sala Electoral del Tribunal Supremo, la instancia que deberá emitir un fallo sobre la solicitud.
Este jueves, en rueda de prensa, Capriles señaló que los jueces «son militantes del PSUV».
Sobre la magistrada miembro de ese tribunal, Janet Madriz Sotillo, dijo: «esta señora (...) fue embajadora de Venezuela en Canadá en el año 2010, y su jefe fue Nicolás Maduro.
«También sabemos que el vicepresidente, Malaquías Gil Rodríguez, fue diputado por el MVR (Movimiento V República, la organización política que fundó el Comandante Hugo Chávez)».
Más adelante aseveró: «el TSJ está controlado por el partido del Gobierno».
El jefe del comando de campaña Hugo Chávez, Jorge Rodríguez, señaló la víspera que la impugnación, a la cual calificó de «mamarracho», «devela lo que realmente está ocurriendo: un fraude continuado a la Constitución, a las leyes, a las instituciones de la República y a la democracia venezolana», por parte de la oligarquía.
También recordó que el abogado que presentó ante el TSJ la solicitud de impugnación de los comicios del 14-A estuvo entre los redactores del decreto que eliminó por unas pocas horas la Constitución Bolivariana durante el fracasado golpe de Estado de abril de 2002.
