Juventud Rebelde - Diario de la Juventud Cubana

Nada les arredra, ni la mentira para ir a la guerra —que ahora se sabe fue favorecida por informes falsos de la inteligencia alemana de que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva—, ni los multimillonarios costos monetarios de dos conflictos bélicos que le han virado la economía para peor; tampoco que la cifra de sus muertos esté por 4 102 —súmenle, además, 530 en Afganistán—, o que el número oficial de heridos sea 30 333 sin contar los 320 000 con daños cerebrales o psíquicos porque vieron hacer o hicieron.

Pero, aunque no lo expongan abiertamente, le temen a que siete de cada diez iraquíes no acepta la ocupación y que más de seis de cada diez estadounidenses tampoco consientan ahora aquella invasión y consideran un error el haber iniciado una guerra que parece interminable.

Por todo eso, y mucho más, tanto para comenzarla como para continuarla, Estados Unidos ha necesitado de su maquinaria de propaganda, y el Pentágono no es remiso a utilizarla y perfeccionarla, aunque para ello viole legislaciones de su Congreso.

Apenas cabe recordar los centenares de periodistas que estuvieron encamados con las tropas desde antes de comenzar el avance sobre el territorio mesopotámico, y reportaron lo que los censores del Pentágono les dejaron u orientaron hacer. Sin embargo, algunos de ellos terminaron escribiendo sus blogs para contar lo que realmente habían visto y vivido.

Por otra parte, aquellos hombres y mujeres de los medios que intentaron una visión independiente de las operaciones bélicas o reportaron con independencia desde el otro lado del conflicto, y quienes lo siguen haciendo, no solo sufrieron presiones, sino que han puesto una buena parte de las decenas de periodistas, fotógrafos y camarógrafos muertos en esta cruzada.

En este entorno de los medios y la guerra, ha habido mucha tela por donde cortar. Recordemos el caso del Lincoln Group, que salió a relucir en marzo de 2006, cuando se supo que la firma presidida por un ex especialista de inteligencia de los marines, Paige Craig, con 12 contratos del gobierno de Estados Unidos a su haber, por valor de 130 millones de dólares, le pagaba a periódicos iraquíes para que publicaran cientos de historias «noticiosas» que habían sido escritas secretamente por militares norteamericanos. Además de ocupar al país invadido era obvio que se intentaba el control de las mentes de sus habitantes.

Aquel caso no fue ni el único, ni el primero, tampoco el último, y mucho menos podemos decir que es historia antigua. Recién en la segunda quincena de abril de este 2008, el diario The New York Times reveló que el Pentágono ha utilizado a ex altos jefes militares, incluidos generales, como especialistas en los temas de la guerra para hacer análisis de su interés en las cadenas de televisión y otros medios. Hubo «sorprendidos» y las críticas se extendieron.

Esta política de crear o mantener una maquinaria de propaganda para influir sobre el pueblo estadounidense es considerada uno de los mayores «pecados de gobierno», según el periodista Joseph L. Galloway que en un artículo para Editor&Publisher aludía a la ley que desde 1951 planteó que ningún dinero público «puede ser usado para propósitos de publicidad o propaganda dentro de Estados Unidos», sin la aprobación previa de los legisladores.

(Un necesario paréntesis: Nótese que si se trata de influir, mentir, engañar o manipular como parte de las operaciones psicológicas habituales en los planes militares e injerencistas estadounidenses —¡oh, perdón!, quise decir hacer «publicidad o propaganda» para el exterior— no tiene cortapisa alguna. Por supuesto, si los congresistas le dan su visto bueno, tampoco están exentos los norteamericanos de ser blancos de los disparos mediáticos).

El asunto de la conexión entre numerosos analistas militares de los medios con el Pentágono y la industria bélica, fue planteado por el New York Times el 20 de abril, cuando su reportero investigador David Barstow, informó que «la administración Bush ha usado su control sobre accesos e informaciones en un esfuerzo por transformar» analistas militares «en una especie de caballo de Troya de los medios, un instrumento para intentar modelar la cobertura sobre el terrorismo desde dentro de los mayores noticieros de TV y radio». Así fueron comentaristas en segmentos de cobertura a la guerra de Iraq, antes y después de la invasión.

Privilegiados con briefings especiales del Pentágono —que incluían comidas con el entonces jefe del Departamento de Defensa, Donald H. Rumsfeld— e informaciones sensitivas, estos «periodistas» le daban punto y raya a reporteros que se les cerraban las puertas, por sus posiciones críticas a la guerra.

De cena con Rumsfeld, quien da las instrucciones y las informaciones, tres generales convertidos en «analistas» de los medios: Donald W. Shepperd, Thomas G. McInerney y Steven J. Greer. Foto: NYT Rumsfeld —quien se vio obligado a renunciar ante el fracaso de la guerra, aunque dijeran lo contrario—, estimuló el programa secreto del Pentágono que enroló a más de 50 altos oficiales retirados, a los que proveían de «información clave y valiosa» para beneficiar las posiciones del Departamento de Defensa desde sus comentarios en televisión y noticieros de las TV por cable.

Un memorando que le envió a Rumsfeld en 2005 el secretario asistente de Defensa para los asuntos públicos, Larry DiRita, decía «este grupo central de confianza estará más que dispuesto a trabajar estrechamente con nosotros porque nosotros somos su pan y mantequilla».

¿Quiénes comían o comen de la mano del Departamento de Defensa? Entre otros, los generales u oficiales de alto rango David L. Grange, Donald W. Shepperd, Barry R. McCaffrey, James Marks, Rick Francona, Wayne A. Downing, David L. Grange, Robert H. Scales Jr., William V. Cowan, Kenneth Allard, Thomas G. McInerney, Montgomery Meigs, Robert L. Maginnis, William L. Nash, Paul E. Vallely, Charles T. Nash, Robert S. Bevelacqua, Jeffrey D. McCausland, Timur J. Eads, Joseph W. Ralston y John C. Garrett.

En la documentación que presentó Barstow en el Times neoyorquino —basada en más de 8 000 páginas de mensajes de correo electrónico, transcripciones y grabaciones—, quedó expuesto un nuevo complejo, el militar-medios-industrial, tan corrupto como el que le precedió y fue revelado en su momento con preocupación por el general y presidente Dwight Eisenhower.

En este caso, el maridaje triangular aseguró que los mensajes de la administración estuvieran a diario en el aire, dando cobertura a los asuntos bélicos, utilizando argumentos a favor de la guerra, manipulando conscientemente a la opinión pública y favoreciendo a más de 150 contratistas de la industria de la muerte, a la que sirven también como cabilderos o lobbystas, directores ejecutivos, consultores o miembros de sus juntas directivas

Algunos de los altos oficiales retirados como «analistas» en espacios televisivos. La manipulación ejercida a través de estos analistas se extiende también a los periódicos. Un artículo de Greg Mitchell en Editor&Publisher, escrito tras la revelación de Barstow, mencionó que el mismo New York Times «publicó “al menos” nueve opiniones editoriales de miembros de la cabala medios/militares del Pentágono», además dos de ellos lo hicieron en The Wall Street Journal, otros en The Washington Post, y todos los periódicos más importantes de EE.UU. los citaban frecuentemente.

Los ejemplos están a la vista, el general James A. Marks, analista de CNN escribió una opinión editorial en The New York Times el 10 de noviembre de 2004, en la que por supuesto ofrecía una visión optimista y exitosa tras el ataque a Falluja, y fue citado en numerosas ocasiones en otros trabajos de ese diario.

El mayor general Marks, apodado «Spider» (Araña), se retiró en octubre de 2004, luego de más de 30 años en los servicios de inteligencia. Considerado un «guerrero del espionaje», su último cargo fue comandante general del Centro de Inteligencia del Ejército de Estados Unidos y de Fort Huachuca, en Arizona, luego de pasar por toda la cadena de mando y servir, entre otras, en la guerra de los Balcanes y en la operación Iraqi Freedom, de Bush.

Otro de los escritores del diario, Thomas O. McInerney, analista de la Fox News también con profundos lazos con los contratistas, publicó varias veces desde el año 2002 y en 2006 fue citado diciendo que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva, cuando prácticamente ya estaba demostrada esa falacia.

Vuelos sobre Vietnam y de reconocimiento durante la Crisis de Octubre, están en el currículo de McInerney, además de ser uno de estos «sabios» de los medios, es director del NetStar Systems, compañía que suministra seguridad para intranet y sistemas de bases de conocimientos para los sectores de la Defensa y la Inteligencia. También preside el Business Executives for National Security, lobby de negocios involucradas en los programas de defensa nacional, y es director del Defense Performance Review que llevó al Pentágono a reducir la plantilla gubernamental contratando a compañías privadas para hacer los trabajos. Dirige, además, el Comité de Política hacia Irán...

Los expedientes de todo el grupo se asemejan en cuanto a vínculos, servicios al imperio, y como exitosos hombres de negocio.

El editor de E&P sin tenderle un manto protector a los diarios, pues considera que sería interesante seguirle las huellas a la labor de estos «analistas» en los periódicos, explica la mayor connotación de la televisión, porque «esta gente: 1) eran usados con regularidad, 2) les daban verdadera prominencia y nunca les hacían preguntas, y 3) frecuentemente les pagaban por sus apariciones» en las pantallas.

Pero solo cuando ya había pasado un mes de la revelación del Times, la Cámara de Representantes, a instancia demócrata, pasó una enmienda a la ley de autorización de la defensa que constituye un ejemplo más de hipocresía: le dio el mandato al Departamento de Defensa para que investigara su propio programa de propaganda, ser juez y parte.

Probablemente se llenen muchas páginas de documentos oficiales y al final sean pura hojarasca. Como dijo no hace mucho el ex vocero de la Casa Blanca, Scott McClellan, la existencia de una prohibición legal no detuvo el programa del Pentágono, porque es una cultura dentro de la administración Bush favorecer la propaganda sobre la honestidad cuando se trata de venderle la guerra al público.