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Fueron hostigadas también todas las personas con atuendos originarios, como ponchos y polleras. Foto: Reuters LA PAZ.— Las agresiones perpetradas este viernes en Sucre contra varios asambleístas constituyentes son repudiadas ampliamente en Bolivia, donde el gobierno denunció una confabulación entre oligarcas y líderes cívicos regionales.
Desde media mañana se suceden las voces que condenan la violencia vivida en la llamada Ciudad Blanca, cuyas autoridades azuzaron a una turba alcoholizada contra los asambleístas que debían reiniciar este viernes las sesiones plenarias del trascendental foro, dice PL.
Emisoras radiales reciben desde entonces llamadas provenientes de todos los departamentos del país denunciando los hechos que fueron mostrados por la televisión: imágenes de los camorristas pateando las puertas del Teatro Gran Mariscal Sucre, y detonando «cachorros» (petardos).
Ebrios con el ron facilitado por la propia alcaldía sucreña, dicen las informaciones, los agresores golpearon incluso a mujeres, como las asambleístas Mirta Jiménez y Marcela Revollo, Loyola Guzmán y Marcela Choquehuanca.
Los malhechores fueron encabezados por la alcaldesa Aideé Nava y los líderes cívicos Jaime Barrón y Jhon Cava. Incluso fueron hostigadas todas las personas con atuendos originarios, como ponchos y polleras.
Uno de los constituyentes golpeados por la turba, Raúl Prada, ratificó al ser entrevistado por la televisión nacional que «a pesar de las alevosas agresiones, estamos con la moral alta para defender el cambio, proceso que debe continuar en democracia y en la unidad de los bolivianos».
Este incidente desnudó la encerrona del Comité Interinstitucional de Chuquisaca, que les garantizó seguridad a los 255 asambleístas para que permanecieran en Sucre, y luego instigó contra ellos a supuestos universitarios extremistas venidos desde Santa Cruz.
A pesar de las agresiones, los constituyentes bolivianos ratificaron que permanecerán en Sucre para cumplir con su misión histórica de redactar una nueva carta magna, apunta PL, aunque será decisión de la dirección de la Constituyente si continúan sus labores en la ciudad de Oruro.
La Federación Única de Campesinos y Pueblos Originarios de Chuquisaca patentizó su respaldo a la Asamblea, y denunció que las determinaciones del Comité Interinstitucional responden a intereses minoritarios e individuales.
Por su parte, el vocero gubernamental, Alex Contreras, denunció la presencia tras bambalinas de la oposición política aglutinada en la llamada «Media Luna» departamental (Beni, Pando, Tarija y Santa Cruz), una minoría acaudalada en contubernio con el sector extremista de Chuquisaca, que financia las acciones desestabilizadoras y de saboteo al proceso de cambios que impulsa el gobierno del presidente Evo Morales.
De ese sector nació la idea de resucitar el reclamo cruceño de los poderes estatales plenos, perdidos en 1899, y que ahora funcionó de maravillas en su propósito de generar enfrentamientos, explicó Contreras al analizar el complot oligárquico contra la Constituyente, porque esta significa la pérdida inminente de los poderes políticos, económico y social.
Señaló que pese a ello el pueblo derribará cualquier obstáculo a los cambios profundos que se desarrollarán en Bolivia a través de la Constituyente.
Los departamentos involucrados en esas acciones desestabilizadoras han anunciado que se declararán autónomos si la Constituyente cierra su plazo sin pronunciarse al respecto, decisión que Contreras consideró «ilegal e inconstitucional».
«Están actuando de manera irresponsable, en defensa de intereses políticos y partidarios para preservar un modelo neoliberal que ha fracasado en el país», destacó el portavoz.
