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El crimen contra las mujeres es un fenómeno que ha existido en todas las épocas. A primera vista no encontramos una explicación sobre su origen, pero en algunas regiones está tan arraigado en la sociedad que se le considera algo natural que alcanza a todas las clases sociales. La pobreza, el alcoholismo o la drogadicción pueden ser elementos desencadenantes, pero no causales de este fenómeno que tiene raíces sociales y culturales.
El acoso sexual, la violación, el rapto, el incesto, los abusos sexuales, la trata de mujeres o la inducción a la prostitución, expresan la descalificación de las del sexo femenino como seres humanos y el desprecio a su dignidad, integridad y libertad.
La falta de diligencia de los Estados para prevenir, reprimir o erradicar los actos de violencia contra la mujer, da rienda suelta —en el ámbito público o privado— a la violencia masculina y la subordinación de las féminas en detrimento de sus derechos inalienables.
Cada año, más de 1,6 millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, que afirma que las muertes y discapacidades por estas causas la convierten en uno de los principales problemas de salud pública.
América Latina no está al margen. Por ejemplo, desde 2001 más de 2 200 mujeres y niñas han sido asesinadas en Guatemala y durante este año, ya murieron cerca de 665. Ciudad Juárez, México, también ha sido escenario de sangrientos hechos contra las féminas; el 54 por ciento de las costarricenses sufren agresiones físicas; en Ecuador el 60 por ciento, y en Chile una de cada tres afirma ser objeto de maltratos físicos o psicológicos. La mayoría de estos crímenes brutales quedan impunes.
Pero no existen grandes diferencias entre países pobres e industrializados: el 80 por ciento de las mujeres asesinadas en Estados Unidos y Canadá han sido víctimas de sus esposos.
Desde los ataques terroristas del año 2001 en EE.UU., algunos gobiernos de América Latina siguen el liderazgo del gobierno Bush al subordinar los derechos humanos a definiciones militarizadas y sobre la «seguridad nacional». La tendencia ha minimizado las obligaciones estatales en cuestiones de derechos, incluyendo para la mujer tener una vida libre de violencia.
Parlamentos y gobiernos de varios países aprobaron en los últimos años leyes que sancionan el maltrato intrafamiliar o doméstico y crearon, junto con grupos de mujeres, mecanismos y centros de asistencia para las víctimas.
Sin embargo, resta aún legislar sobre fenómenos como las violaciones sexuales, el incesto, el hostigamiento sexual en el trabajo, la violencia contra la población femenina desarraigada y migrante y el tráfico de niñas y mujeres. No importan cuán fuertes puedan ser los términos de las resoluciones internacionales sobre el tema si no existe una respuesta gubernamental adecuada. ¿Podrán con esto?
