Imagine que llega a un establecimiento de servicios de reparación, propiedad estatal. Le indican que pase por la mesa de la recepcionista que, además de tener la responsabilidad de tomar sus señas particulares, confecciona el vale mediante el cual se recoge, en los documentos contables, el tipo de atención que le prestarán y el consiguiente costo.
A seguidas le indican dirigirse a algunos de los reparadores presentes. Este mirará con denuedo su aparato, ¡el de la rotura, por supuesto!, y a continuación se establecerá un curioso diálogo en el que el susodicho le dirá que para el tipo de desperfecto de su equipo no hay piezas en la unidad… Pero —y este es siempre un interesante acto salvador— el reparador se las arregló para conseguirla, y está dispuesto a resolverle su perentorio problema.
Claro que hacerlo implica un «costo», con seguridad mucho más costoso que si la pieza «sustituyente» fuera propiedad del taller… A partir de entonces usted no terminará su «encadenamiento productivo» dentro del establecimiento regresando a pagar el servicio con la primigenia compañera que le atendió, sino en un acuerdo íntimo, muy privado, con el reparador, que salpicará hacia otros confines internos…
Historias como la anterior le dan forma en Cuba, paulatinamente, a un tipo de propiedad que no se recogió en Lineamiento económico o social alguno, y por consiguiente tampoco en la Constitución de la que celebramos ya su primer año de aprobada en mayoritario referendo popular, o en cualesquiera del resto de los documentos programáticos que apuntan a la reconfiguración de nuestro modelo socialista.
La racionalidad y sentido prácticos del ciudadano común ya le hizo su acto de bautizo, con nombre incluido, a esta curiosa variante de dueño: la propiedad «estaticular». Un amigo directo y certero la define como un establecimiento híbrido, que en los papeles está a nombre del Estado pero, en la concreta, buena parte de las piezas y los dividendos van, subrepticiamente, a los bolsillos de sus trabajadores.
Se trata de una sigilosa y extraña forma de expropiación de la posesión pública a la que ya no son pocos los acostumbrados, a fuerza de necesidad, porque de lo contrario les sería muy difícil conseguir la solución de asuntos que enmarañan la existencia.
En el reciente balance del Ministerio de Comercio Interior saltaban algunas de las esquirlas de esta deformación. Buena parte de los productos que se destinan, por ejemplo, a los establecimientos gastronómicos terminan trasvasándose al sector privado o cooperativo, sin que cumplan los propósitos por los que fueron financiados por el Estado. Y lo más doloroso es que ello ocurre mientras las deudas financieras en esos ámbitos son sumamente abultadas, tanto como los pagos por pérdidas a la cuenta del bolsillo de la nación y lamentables cadenas corruptivas.
Estos fenómenos son más visibles ahora, mientras nuestro Estado intenta encontrar sus límites verdaderos. El cuerpo de esa insoslayable institución para la justicia, la libertad y la soberanía en Cuba, desproporcionado por años, cede en tamaño y funciones.
Una de las definiciones más importantes de la denominada Actualización es precisamente la aceptación de que una cosa es el Estado como propietario en nombre de la nación y del pueblo, y otra los diversos modelos en que puede gestionarse la propiedad, algo en discusión desde que se decidiera la llamada «ofensiva revolucionaria», que convirtió a la propiedad estatal casi todo el entramado económico nacional, uno de los «errores de idealismo», reconocidos por Fidel.
Dicha definición permite avanzar en la ampliación del trabajo por cuenta propia o la pequeña propiedad personal o familiar —incluso la prevista aceptación del concepto de propiedad privada, hasta la escala de pequeñas y medianas empresas—, la apertura experimental de cooperativas en el sector no agropecuario, la entrega de tierras ociosas en usufructo, el arrendamiento de locales estatales de servicios, y el incipiente propósito de transformar la empresa estatal socialista, vista como el corazón de la economía y de la actualización.
Ejemplos como el citado obligan a una visión más flexible y acotada a las circunstancias actuales, que favorezca la aparición de formas más socializadas de gestión de la propiedad, todo lo cual debería contribuir a zanjar el arrastre de las experiencias socialistas con respecto a la enajenación de los trabajadores de los procesos productivos.
Ir a las causas de esa fragilidad implica revisar el papel de los trabajadores en la concepción política de nuestro Estado, para lo cual es preciso abarcar aristas de mayor significación, como el tema de la propiedad y sus formas de organización.
No olvidemos que el tema de la propiedad es tan básico que los teóricos del neoconservadurismo norteamericano sostienen que en él se desarrolla el verdadero y crucial escenario de la decisiva guerra cultural a escala planetaria. No por gusto sus tanques pensantes y su ajustada maquinaria publicitaria intentaron fabricar el fantasma de un Obama «socialista», y la misma receta ahora con el emergente Bernie Sanders.
No es cualquier minucia desdeñable entonces nuestro «híbridopropietario» estaticular.
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