Cuba ya no es todo lo homogénea y uniforme de años atrás. Las propias transformaciones de su modelo económico revelan una diversificación social, una estratificación de intereses entre lo privado y lo público, que requieren cada vez más un patrón de gobernabilidad cimentado en el consenso, y ya no en la pretendida y falsa unanimidad de tiempos pasados.
Para sustentar hoy los paradigmas de soberanía, independencia y justicia social, que cabrían en las alas de un colibrí —verbigracia José Martí—, nuestro socialismo necesita alejarse de la visión centrípeta y transitar hacia un ascendente movimiento pendular entre la unidad de principios y la diversidad de intereses y visiones.
Hoy como nunca urge plasmar dos apotegmas martianos: la república con todos y para el bien de todos, y ese que pondera el gobernar como el prever. Porque el manejo de los asuntos públicos se hace más difícil en medio de tantas complejidades, sumadas a las carencias económicas. Tanto el voluntarismo como la improvisación, sin retroalimentaciones desde abajo, pueden dar al traste con la credibilidad hacia las instituciones, y generar aún más contradicciones en un entramado económico social cada vez más variopinto.
No es fortuito que el Partido Comunista de Cuba haya estimulado el enriquecedor debate ciudadano de los Lineamientos Económicos y Sociales. Y que en sus documentos programáticos más recientes, haya ponderado la investigación y el basamento científico para fundamentar las grandes políticas y estrategias del país, cuyo exponente más representativo es la conceptualización del modelo económico hacia el cual transitamos. La bitácora de país.
Pero la búsqueda de consensos, la investigación y fundamentación previas a las grandes decisiones, deberían convertirse en el estilo cotidiano de gobernar y manejar los asuntos públicos. Porque en el día a día, aún asoma su cabezota terca, de vez en cuando, ese espíritu de ordeno y mando, de campamento.
Ejemplos hay de que la toma de decisiones en tópicos muy sensibles de la vida de la gente, no pasa siempre por la investigación sedimentada y la consulta con los propios implicados. Y se dan los casos de instituciones y organismos estatales que, acostumbrados a supeditar a los ciudadanos a sus reglas del juego y a sus laberintos burocráticos, de un día para otro adoptan medidas sin sopesar sus secuelas en los destinatarios ni el malestar que ocasionan.
La improvisación empirista, el culto al ultimátum y el mando «por decreto», se arraigan más cuando se aprueban normativas y cuerpos legales que tempranamente hay que modificar, actualizar o sustituir por su inviabilidad; porque no responden a la lógica y las urgencias de la realidad. O porque... pueden ser legales, pero no llegan a ser legítimos.
En las decisiones operativas, en los cómo de las aplicaciones, la investigación previa y la consulta con los implicados en cualquier tópico, son técnicas de dirección interactivas y saludables. Ni el bandazo autoritario sin diagnósticos fundamentados, ni la orden aséptica, salida de una oficina sin oreo popular y callejero, pueden acercarse a los requerimientos de la realidad. Ya no son tiempos del puñetazo en el buró. Las órdenes se cumplen y sí se debaten. Basamentar, consultar y convencer son hoy garantías democráticas de gobernabilidad.
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