Todavía está fresca en la memoria del mundo un lamentable suceso: el 3 de octubre del 2015 un centro hospitalario enclavado en el poblado de Kunduz, norte de Afganistán, fue atacado por la fuerza aérea estadounidense. Allí perdieron la vida 42 civiles, entre ellos, 24 pacientes, 3 niños, y 14 miembros de la Organización Médicos sin frontera (MSF).
El hospital contaba con 92 camas y había sido creado hacía menos de un lustro. Era el único sitio en el norte de esa nación destinado especialmente para atender pacientes con traumas físicos —generados sustancialmente por la guerra—, y donde se hacían operaciones gratuitas de cirugía general y reconstructiva, ortopedia, angiología y neurocirugía.
Según fuentes de MSF, en ese año ya se habían practicado más de 3 000 operaciones, y en la semana del ataque aéreo, y previo a este, unas 400 personas heridas habían sido atendidas.
Este tipo de ataques a hospitales y al personal médico no son hechos aislados. Podríamos tomar como ejemplos lo que ha acontecido en Siria, Pakistán y Yemen.
Desde 2011, cerca del 60 por ciento de los hospitales de Siria han sido parcial o totalmente destruidos, y más de la mitad de los trabajadores sanitarios han huido o han sido asesinados —se estiman en más de 600 los profesionales de la salud que han muerto—. En Pakistán, otra nación muy golpeada por conflictos armados, se ha reportado desde el año 2012 el asesinato de poco más de una treintena de profesionales de la salud que participaban en programas de erradicación de la poliomielitis.
El 28 de octubre del 2015, precisamente a finales del mes en que ocurrió el ataque al centro hospitalario afgano, la Organización Mundial de la Salud (OMS) reprobaba otro bombardeo, pero entonces en la provincia de Saada, al norte del Yemen. En el mismo se inutilizó un hospital que, según estimados de MSF, privó a cerca de 200 000 personas de recibir atención médica.
Como si los ataques a esas instalaciones y las muertes de por sí no fueran suficientes, hay que tener en cuenta que la pérdida de trabajadores, servicios y establecimientos sanitarios invalida las oportunidades de atender a determinada población necesitada, con lo cual se agravan disímiles sufrimientos suscitados por conflictos armados y otras situaciones de emergencia.
Esta problemática, junto con la existencia de información fragmentada y ausencia de un procedimiento normalizado, llevó a la OMS a implementar a principios del presente año un nuevo sistema de monitoreo encaminado a la notificación de actos donde se atacaban centros asistenciales de salud y eran asesinados trabajadores sanitarios.
En mayo del 2016 se presentó un primer informe donde los resultados de este monitoreo muestran cifras alarmantes: en medio de los conflictos armados acaecidos en los años 2014 y 2015, cerca de 600 hospitales y otros centros de salud del mundo fueron atacados. Como secuela de estos incidentes se produjo la muerte de poco menos de un millar de personas entre médicos, personal paramédico, pacientes y visitantes; otras 1 500 resultaron heridas.
La OMS ha notificado con suma preocupación cómo más del 60 por ciento de los ataques a hospitales han sido intencionales. Más de la mitad de estos fueron perpetrados por fuerzas gubernamentales, un tercio por grupos armados no estatales, y el resto por fuerzas no identificadas.
Inquieta sobremanera la forma en que se nos exhibe el lado salvaje del mundo contemporáneo, donde los autores «todopoderosos» de los ataques a hospitales, trabajadores de la salud y pacientes pisotean valores sagrados como el humanismo, camuflan sus actos bajo el deslustrado término bélico de «daño colateral», y son incapaces de conmoverse ante la posibilidad de ser catalogados, por cuenta de una longeva norma internacional, como criminales de guerra.
(*) Doctor en Ciencias. Especialista de Segundo Grado en Medicina Interna
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