Los procesos constituyentistas de Venezuela en 1999, Bolivia en 2006-2008 y Ecuador en 2008, marcan momentos importantes para la historia Latinoamericana. Una izquierda que tenía comprensión histórica de la razón de la miseria y desigualdades en Latinoamérica no solo quiso poner en orden las condiciones en que la región se insertaba en las reglas del juego del capitalismo mundial y en redistribuir las riquezas, sino que colocó en prioridad entender la participación política y económica como un momento seminal.
Entre mutiladas perspectivas engendradas en largas décadas de dominación, donde todo se volcaba en reproducir los patrones y paradigmas europeos y norteamericanos, aparecieron estas Constituciones armadas de instituciones democráticas jamás conocidas en otras partes del mundo.
Las dictaduras militares, las transiciones democráticas y la crudeza del neoliberalismo habían sido siempre coincidentes en desconstruir e impedir patrones participativos. Los textos constitucionales encarnaban roles hipócritas, cuando la realidad forzaba brechas enormes entre ricos y pobres, y descolocaba al indígena, al obrero o la mujer de todo cuando era importante para su vida, bajo el rostro consolador y feliz de un «Estado Democrático y Social de Derecho».
Para este momento, son muchos los rasgos que definen lo que algunos círculos académicos han calificado de un Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano. Un elemento común está en la existencia de fórmulas democratizadoras de la vida pública, a partir del reconocimiento de la elección de cargos públicos y la revocación de mandato; la iniciativa legislativa, constitucional y constituyente; el cabildo abierto, las asambleas de ciudadanos y ciudadanas con carácter vinculante, los referendos populares —consultivo, revocatorio y abrogatorio—, y en lo económico, la autogestión, la cogestión, las cooperativas en sus diversas formas, así como la integración de sectores marginados con el reconocimiento de las autonomías indígenas, el pluralismo jurídico y la extensión de los derechos indígenas, entre otros.
(…) Hace bastante tiempo la miseria y la pobreza dejaron de ser en América Latina de la exclusividad de la selva, las minas y el
latifundio, para colocarse en la dimensión colonizadora del capitalismo moderno en todos los ámbitos de la vida social. Estas constituciones pugnan por configurar, en la medida que les es posible, un escenario emancipatorio frente a estructuras no destruidas del gran capital y de sectores oligárquicos productores de ideologías, y nucleados alrededor de partidos políticos tradicionales.
Los verdaderos objetivos de estos procesos no deben estar alejados de una futura radicalización en términos de igualdad política y económica en la región que implica cambios reales en la médula del propio sistema económico desigual, y la construcción de una hegemonía político-ideológica a partir de nuevos valores y principios.
Pese a que sea cierto que esta nueva constitucionalidad se reproduzca en general en los marcos del llamado constitucionalismo burgués, difícilmente pueda objetarse que intenta reinventar una institucionalidad que escape de todo formalismo, y coloque en el centro de sus reflexiones y de la vida pública los canales más viables para construir relaciones de poder que no pasen por un reconocimiento formal de la soberanía popular y de su voluntad, y que su existencia tenga por primacía calzar la representación en las masas y su poder, de modo que permitan la existencia real de «ciudadanos activos», donde la participación popular se convierta en un sentido de la vida con efectos constitutivos.
*Jurista y presidente del Club Martiano Enrique Hart
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