El complejo programa de reordenamiento territorial y urbanístico, más allá de cualquier negligencia en su concreción, constituye un ejemplo de cómo hacer cumplir las disposiciones legales sin extremismos, pero sin admitir el desacato.
En esencia va mostrando que solo es posible revertir la situación de desorden cuando, en vez de solicitar que la gente cumpla la ley, se actúa de manera resuelta contra aquellos que la quebrantan.
Y este modo de proceder está dando, incuestionablemente, resultados.
En Villa Clara tenemos un ejemplo. El pasado año se eliminaron 1 168 transgresiones en el programa de ordenamiento territorial y urbanístico.
Si bien esa cifra quedó por debajo de lo que estaba previsto enfrentar, significó un avance en el empeño de restablecer la legalidad en tan importantes aspectos de la convivencia social.
Otra lectura de lo realizado indica que la mayoría de las violaciones fueron erradicadas en el sector estatal, cuestión esencial, porque este debe ser ejemplo en el acatamiento de las disposiciones legales.
También destaca el hecho de la eliminación de las transgresiones en las zonas costeras y las playas, así como la disminución, en sentido general, del surgimiento de nuevas contravenciones en comparación con 2012.
Según Omar Rodríguez López, director del Instituto de Planificación Física en la provincia, lo realizado significó un afianzamiento del trabajo que, en los dos últimos años, muestra un grado de enfrentamiento superior a las irregularidades.
Entre los principales incumplidores en este aspecto aparecen el sistema de la vivienda, que dejó de erradicar 246 transgresiones fundamentalmente en edificios multifamiliares; la Delegación de la Agricultura, que cuenta con construcciones ilegales en tierras bajo su control, y el Grupo Azucarero Azcuba, que cambió el uso de locales en bateyes sin la debida autorización legal. En este último caso también figura Comercio Interior, con instalaciones que pasaron del patrimonio estatal a usarse como viviendas.
En lo que corresponde a los municipios villaclareños, los de más significativos atrasos son Placetas, Cifuentes, Camajuaní y Santa Clara, el de mayor peso en el tema de las violaciones.
Esa situación confirma que aún hay falta de exigencia y control de las empresas y organismos involucrados en esta tarea, bajo la rectoría de Planificación Física.
El pasado año, de las nuevas casas edificadas de manera ilegal, se demolieron 59, y están en estudio los casos de otros inmuebles en similar situación, a fin de determinar la medida que se aplicará.
El programa prevé, igualmente, la búsqueda de soluciones a través de los mecanismos establecidos para la construcción de casas por esfuerzo propio.
En cuanto a las infracciones detectadas en edificios multifamiliares (obras anexas en áreas comunes), también se ha avanzado.
En el reparto 26 de Julio, de Sagua la Grande, por ejemplo, se erradicaron 210 violaciones, mientras que en el José Martí, de Santa Clara, se construyó un parqueo para autos y está previsto hacer otro a fin de eliminar los garajes hechos en áreas comunes.
Otro de los aciertos del programa de reordenamiento territorial y urbanístico radica en el rescate del papel protagónico y rector de Planificación Física.
Lo que está ocurriendo confirma, en definitiva, que jamás se puede dejar únicamente a la conciencia de cada cual el acatamiento de lo establecido, porque resulta funesto.
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