Hace unos días, en el Aeropuerto Internacional de Miami fue arrestado por la policía local el cantante Fernando Medina, líder del grupo de rock Reincidentes.
Medina fue detenido después de protagonizar un escándalo en el lugar y fue acusado de desorden público. Resulta que el cantante empezó a insultar a un empleado de una aerolínea. Cuando llegó la policía, lo conminó a que abandonara el edificio y este, sin hacerle el menor caso a las autoridades, siguió insultando al empleado, con lo cual procedieron a su arresto. Tres días después fue puesto en libertad y abandonó el país de regreso a Madrid.
Durante el tiempo que permaneció detenido, nadie de su banda pudo contactarlo, a pesar de innumerables gestiones con diferentes departamentos estatales, los cuales negaban que lo tuvieran cautivo. Se puso dichoso el vocalista de ese grupo de haber solo insultado a un empleado de una aerolínea, ya que si lo hubiera hecho con un oficial de Inmigración o de la Aduana, bien caro le hubiese costado el soltar la lengua como lo hizo.
Mi consejo a los lectores de esta columna, si piensan viajar: cuando entren en este país o a cualquier otro del mundo, lo mejor que pueden hacer es respetar a las autoridades. Limítense a contestar las preguntas que les hacen los oficiales si no quieren dar con sus huesos, por un buen tiempo, en la cárcel más cercana a la terminal aérea.
Dichoso también se puso el vocalista del grupo de rock que no formó ese escándalo en su país, España, ya que el Consejo de Ministros español acaba de aprobar un anteproyecto de ley con el cual intenta silenciar cualquier tipo de protesta en las calles o en las edificaciones gubernamentales. El proyecto es conocido como Ley de la Seguridad Ciudadana, y es tan fuerte en sus restricciones a la población, que sus detractores están acusando al Gobierno de Mariano Rajoy de tratar de imponer un régimen fascista en España. Bueno, esa extrema derecha española sigue soñando con la época de Franco.
En el proyecto de ley las multas se dividen entre las infracciones muy graves y las infracciones graves, de mil euros hasta 30 000 euros para las graves y de 30 000 a 600 000 euros las más graves. Por supuesto, quien no pague las multas terminará en la prisión.
Se considera una falta muy grave, entre otras, realizar concentraciones no comunicadas ante el Congreso, el Senado o las Asambleas Legislativas de las comunidades, y como falta grave, acudir a una protesta encapuchado, cerrar una vía pública, o injuriar, vejar o amenazar a las fuerzas de seguridad; así que ya saben qué caro la va a pagar cualquiera que por cualquier razón insulte a un policía.
Según los portavoces del cuerpo policial, este no cree que sea posible arrestar a los miles que los insultan en una manifestación, pero tampoco pueden aceptar que una persona pase frente a un agente de la autoridad y le insulte gravemente, gritándole groserías. Los guardianes del orden público afirman que quienes van por la policía para insultarla o para atentar contra ella, lo hacen en realidad contra el principio de autoridad y que eso es inaceptable.
Es verdad que no hay Estado que pueda aceptar el desorden público y que en nombre de la libertad se cree el caos. Todos los países del mundo tienen leyes y esas se deben obedecer. El problema es que «a palo limpio» no se llega a ningún lugar, y para detener a cualquier ciudadano las autoridades no deben utilizar el palo o la porra, como lo hacen en las llamadas grandes democracias de occidente, lo mismo en Madrid que en Atenas, Santiago de Chile o Nueva York.
Pero a la policía española, en especial, no le hace ninguna falta que hagan una ley a su favor, ya que es un cuerpo que anda con el palo en la mano y lo han empleado hasta el cansancio contra las cabezas de los que han salido a las calles a protestar. Y allí sí son de verdad las palizas. Lo he visto en varias ocasiones, tanto personalmente como en la pantalla de la televisión.
Válgale Dios a un ciudadano —de cualquier país de esos que se llaman campeones de la democracia y que se pasan la vida criticando a otros que no piensan como ellos— que se resista a un arresto, pues se lo llevan, no cargadito o a empujones sino a palo limpio.
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