El mes principiaba y habían regresado esos días en que, junto al pórtico de la entidad, se agolpaba la gente con el propósito de abonar la mensualidad por los servicios que esta brinda.
Se conservaba el orden en la cola, aunque más de una mirada transparentaba impaciencia. Muchos habían estado allí una hora o más bajo el sol y eran grandes las posibilidades de que, llegada la tarde, cayera un aguacero, otro más de los que por entonces convertían diligencias de ese tipo en una pesadilla.
Si la Naturaleza confirmaba los temores, muchos ya sabían lo que diría el agente de seguridad y protección: «Lo siento, pero no pueden pasar al salón. Deben esperar afuera. Son indicaciones de la Dirección de la empresa», mientras a sus espaldas un cartel en colores trataba de persuadir a los clientes de que para esa empresa ellos son lo primero.
Con adornos más o menos, recuerdo varias anécdotas como esta —publicadas en Acuse de Recibo y otras secciones de correspondencia de nuestra prensa— en las que uno se inquieta con la índole de una disposición de este tipo, y se pregunta si «la Dirección de la empresa» es capaz de colocarse en sus zapatos y honrar de veras la misión de atender a la ciudadanía.
Algunas recibieron respuesta en la Redacción y otras corrieron la suerte del «olvido» —que en el fondo es indiferencia e ineficiencia—, como aconteció a una lectora a la que tomaron por ladrona en cierta tienda y la registraron hasta el límite de la desvergüenza. Al final encontraron que no había hurtado nada, y ella lo contó a Acuse con la preocupación de qué legitimidad podía tener un recurso como ese en un país cuya Constitución la preside este anhelo martiano: «Yo quiero que la ley primera de nuestra República sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre».
Cuando meditamos sobre hechos de este tipo, generalmente solemos colocar la responsabilidad de lo ocurrido en las administraciones. Y es lógico que así sea: ellas representan al Estado socialista y su voluntad y mandato de brindar la mayor dosis de satisfacción posible.
Hay algo, sin embargo, que a no pocos inquieta: qué rol desempeñan los trabajadores ante actitudes que, como las aquí descritas, resultan completamente discordantes no solo con el respeto que todos nos debemos en un Estado de trabajadores, sino con las más elementales nociones cívicas y con la razón de ser de su empresa.
Las leyes cubanas enuncian y protegen su derecho a participar en las decisiones de la entidad que los emplea, aunque hacer que este se respete cotidianamente depende de asuntos tan medulares como la salud de los espacios de participación y debate, la tolerancia a opiniones diversas, la filosofía de trabajo de los directivos, el liderazgo sindical, la cultura jurídica… incluso las buenas o malas experiencias que podemos haber tenido.
Mas, por encima de aptitudes, percepciones y vivencias, esa posibilidad de decir lo que se piensa y aportar criterios es un derecho que, absolutamente, todos hemos de respetar.
La Revolución ha sentado la tradición de escuchar a los trabajadores sin ningún tipo de distinción, y no hay en las últimas dos décadas —el período más complejo que hemos enfrentado— algún tema cercano a ellos y a la suerte de nuestro socialismo que no se haya debatido en parlamentos de carácter popular que involucran a millones.
Esas experiencias son referencia esencial del estilo de trabajo político que pondera una sociedad con individuos más sensibles, informados y preparados, frente a un estilo vertical y excesivamente centralizador, responsable de que, en no pocas ocasiones, en el taller, la oficina o el surco los trabajadores se desentiendan de los resultados de lo que hacen.
Y resulta válido que ello se recuerde, pues la actualización del modelo económico cubano también comporta retos en lo participativo. La flexibilización del objeto social en el sistema empresarial y otras medidas que ya han sido anunciadas apuntan a la búsqueda de una mayor descentralización a este nivel y, por consiguiente, nuevas atribuciones para los equipos de dirección de las entidades, pero es fundamental que el ejercicio de las mismas descanse en la sabiduría y el interés colectivo.
No es fortuito que los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución hagan hincapié en que «los cambios estructurales, funcionales, organizativos y económicos del sistema empresarial, las unidades presupuestadas y la administración estatal en general, se realizarán programadamente, con orden y disciplina, sobre la base de la política aprobada, informando a los trabajadores y escuchando sus opiniones, lo que impone un proceso de capacitación en todas las estructuras que facilite su realización».
A fin de cuentas, ¿qué es el centro laboral o el aula sino el embrión de la cultura de hacer política?
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