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QUITO, julio 3.— El Movimiento Revolución Ciudadana de Ecuador convocó para el próximo jueves una marcha nacional en contra de la persecución política que, denuncian, pesa sobre el expresidente Rafael Correa, a quien se acusa de ser el autor intelectual del secuestro del exdiputado opositor Fernando Balda, en Colombia, en 2012.
«Esperamos que en esta marcha (…) tengamos la participación de aquellos ciudadanos que están siendo vulnerados en sus derechos», dijo la diputada y miembro del Movimiento, Gabriela Rivadeneira, según EFE.
«Es evidente que buscan implicarlo injustamente, buscan destruirlo políticamente», había afirmado el lunes la también asambleísta Doris Soliz, quien calificó de «infame» la acción judicial que se desarrolla contra del líder de la Revolución Ciudadana.
De modo paralelo, el fiscal general Paúl Pérez pidió este martes notificar a la Interpol difusión de alerta roja para la captura y extradición del exmandatario, para quien solicitó prisión preventiva, informó la agencia ecuatoriana Andes.
La solicitud fue realizada en la audiencia de revisión de medidas cautelares contra Correa, que se inició esta jornada en la Corte Nacional de Justicia, a solicitud de la defensa.
Según la fuente, la medida se basa en el supuesto incumplimiento por Correa de una medida cautelar según la cual debía presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ).
Sin embargo, letrados como Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha (cuya capital es Quito), consideraron «suficiente» que Correa se haya presentado el lunes ante el consulado en Bélgica a fin de cumplir la medida cautelar. «Dentro de los criterios de la racionalidad, no tiene sentido pedirle a una persona que recorra medio mundo para presentarse cinco minutos, habiendo una delegación consular allá», dijo. «No cabe una prisión preventiva en este caso».
Despachos de EFE dijeron que el fiscal encargado, el propio Pérez Reina, había admitido su presentación periódica en la embajada o en el consulado en Bélgica, donde el líder de la Revolución Ciudadana vive desde 2017, y adonde acudió el lunes.
Pero la jueza de Garantías Penales Daniella Camacho resolvió que debía presentarse ante la Corte Nacional de Justicia en Ecuador.
Correa ha rechazado cualquier vinculación en el caso por no existir pruebas sobre su presunta implicación en los hechos, y se considera objeto de una persecución política como la que sufre el ex jefe de Estado brasileño Lula da Silva.
De hecho, las acusaciones en su contra se basan apenas en el testimonio de Balda, quien ha dicho que presentaría acciones legales contra el expresidente en Bélgica y España.
