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Rosa Cañete asegura que el problema no es la riqueza sino su nivel de concentración. Autor: Juventud Rebelde Publicado: 21/09/2017 | 07:02 pm
—Los economistas suelen insistir en las bondades del crecimiento económico, pero usted ha afirmado que el crecimiento por sí mismo no es bueno. ¿Por qué?
—El crecimiento es un medio, no un fin en sí mismo, no es un objetivo final, por lo tanto funciona cuando colabora con la satisfacción de las necesidades de la sociedad. El crecimiento puede no respetar el medio ambiente ni los derechos de las mujeres, o basarse en la explotación de los derechos económicos y sociales de los trabajadores y las trabajadoras. El crecimiento sirve cuando permite garantizar derechos y muy a menudo no ha estado ocurriendo así en América Latina.
—En su investigación Privilegios que niegan derechos. Desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina y el Caribe, usted ha afirmado que los llamados sistemas democráticos funcionan como «democracias secuestradas, en las que las élites políticas y económicas moldean las reglas y utilizan al Estado para mantener sus privilegios a costa de los derechos de muchos y muchas. En nuestro informe planteamos múltiples políticas que son efectivas en la lucha contra la desigualdad y la pobreza pero el primer paso es tener la voluntad política de gobernar para las mayorías». ¿Cuál es la relación entre pobreza y desigualdad? ¿Cómo asociaría usted democracia y desigualdad?
—Oxfam es una organización internacional cuyo fin principal es luchar contra la pobreza. Con ese propósito llevamos más de 50 años trabajando con organizaciones comunitarias, con organizaciones de mujeres y en plena alianza con otros grupos, y nos damos cuenta que cuando te centras solo en atacar la pobreza, no la resuelves de manera estructural; mientras que si te enfocas más en la desigualdad y ves una relación dinámica entre la pobreza y la riqueza, entre la exclusión y las garantías, entiendes dónde están los nudos que podrían desmontar la pobreza de una manera estructural. Por lo tanto cuando reduces desigualdad, reduces de una manera más permanente la pobreza; en otras palabras, sientas las bases para que esa pobreza no se vuelva a reproducir.
«La eliminación de la pobreza no consiste solo en garantizar un mejor ingreso monetario, sino en propiciar que las voces sean escuchadas, que los intereses de grandes poblaciones sean puestos sobre la mesa y sean garantizados. En esa misma línea, el tema conecta con la democracia, con la capacidad que tenga el sistema democrático de nivelar los intereses de una sociedad, de defender los intereses de las mayorías sobre los privilegios de unos pocos. Ese es uno de los roles que debe tener la democracia, por lo tanto, democracia, pobreza y desigualdad conforman un círculo que, si fuera virtuoso, debería garantizar los derechos de las grandes mayorías. No como ha ocurrido en gran parte de América Latina, donde las políticas públicas se diseñan, muy a menudo, para defender los intereses de unos pocos privilegiados, eliminando la posibilidad de grandes partes de la población de contar con sus derechos económicos y sociales».
—¿Cómo relaciona los procesos electorales y las reformas fiscales?
—Es difícil para la población asumir las reformas fiscales, tributarias, como un proceso beneficioso. La ciudadanía tiene que aportar al Estado con sus impuestos y a cambio, espera recibir servicios de calidad. Cuando los Gobiernos no tienen suficiente transparencia a la hora de explicar cómo utilizan los recursos públicos, o la población no se siente satisfecha con los servicios públicos, no querrá aportar más al Estado a través de los impuestos. Necesita un intercambio, por eso es importante que en los procesos electorales la población sepa que el sistema fiscal es garante de sus derechos y pueda posicionarse no solo con respecto a los servicios públicos, sino en cómo estos deben ser financiados. Por lo tanto ese debería ser un tema central de los debates alrededor de los procesos electorales, en el que la ciudadanía participe y pueda expresar cómo le interesa su relación con el sistema tributario y fiscal, y por ende, con los servicios públicos.
—Enfoques que defienden los informes presentados por la Campaña Iguales, abordando el tema de la extrema riqueza, podrían hacer pensar que hay envidia detrás de esa mirada. ¿Qué respondería a las personas que piensan que atacar a los ricos o a las grandes riquezas, tiene tras de sí un sentimiento de envidia?
—El problema no es la riqueza sino su nivel de concentración. En América Latina hay 32 personas que concentran tanta riqueza como 300 millones de personas de toda la región. Es un nivel de concentración extremo que uno casi no puede ni imaginar los volúmenes de riqueza que están manejando unas pocas manos.
«Ese nivel de concentración no es resultado del esfuerzo, por un lado es fruto de siglos de acumulación, basado en estructuras coloniales y de exclusión. Por otro lado, es el resultado de políticas públicas que propician esa situación. Sistemas democráticos que no están garantizando que las políticas públicas vayan a que los derechos de todas y todos sean tenidos en cuenta, sino que privilegian a muy pocas familias.
«Estamos hablando de 32 personas en América Latina y si vas país por país, te encuentras cien, 200 familias que concentran gran parte de la riqueza. La riqueza no es solo riqueza, también es poder y eso pervierte el sistema democrático. Cuando nos hablan de envidia o nos acusan de querer atacar a los ricos, es importante que se entienda que lo que estamos planteando es la necesidad de una redistribución mejor de la riqueza, que sería beneficiosa para las grandes mayorías, pero incluso, beneficiaría a las élites que necesitan un sistema económico que crezca y con niveles de concentración tan altos hasta el propio crecimiento económico se ve afectado. Las grandes mayorías no están siendo capaces de consumir o demandar lo que producen esas mismas élites a través de sus sectores productivos».
—¿De dónde proviene la riqueza en estas pocas manos, de su trabajo?
—Al analizar el origen de las principales fortunas de los grandes multimillonarios de América Latina, más de la mitad son heredadas, vienen de sus familias, de décadas, siglos de acumulación. Pocos de ellos lo han conseguido por su propio esfuerzo, mediante empresas que han fundado y gestionado y a las que deban esos niveles de acumulación. Pero la concentración es tan alta que en cualquier caso han contado con políticas públicas que los han beneficiado en el sistema financiero, por ejemplo, la falta de regulación de los monopolios, que les ha permitido niveles de acumulación muy altos. Ese es el caso del monopolio de las telecomunicaciones de Carlos Slim —el latinoamericano más rico del mundo—, que le costó a los mexicanos pagar servicios de telefonía a más del doble del precio que se hubiera podido proveer, si a Carlos no se le hubiera entregado el control total de ese sector.
—¿Cómo cree que se pueda acabar con la pobreza?
—Para acabar con la pobreza hay que garantizar los derechos de las grandes mayorías. La única posibilidad real de ello es reduciendo los privilegios de unos pocos. Hay que tocar ciertos intereses si quieres realmente garantizar los intereses de las grandes mayorías. En un sistema democrático existen conflictos de intereses alrededor de la definición de las políticas públicas. Garantizar los de unos implica reducir los de otros. No se trata de quitárselos, pero sí de repartirlos mejor.
—¿Cuándo se puede decir que prima eficiencia sobre justicia en un sistema fiscal?
—Por ejemplo, un sistema fiscal donde prima la eficiencia por encima de la justicia, se basa en impuestos al consumo, que suelen ser más fáciles de cobrar. Lo que ocurre es que este tipo de impuestos hace a los pobres más pobres, pues esas capas de la población no son capaces de ahorrar, todo el ingreso que tienen lo consumen. Entonces son sistemas que hacen pagar más a los que menos tienen, priorizan la eficiencia recaudatoria por encima de la justicia tributaria, que implicaría hacer pagar más a los que más tienen. La estructura actual de los sistemas fiscales en América Latina sigue reproduciendo la desigualdad.
—Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ha dicho que «lo que está haciendo ahora Cuba es modernizar su sector productivo para que sea más eficiente, con la claridad de que los derechos sociales son irrenunciables». ¿Qué le diría a las cubanas y cubanos, después de estudiar el contexto latinoamericano como lo ha hecho usted?
—Los avances que ha tenido la Revolución Cubana en la garantía de derechos económicos y sociales son altísimos, los niveles educativos o de salud son incomparables con los niveles de otros países de la región. En el proceso de transformaciones que se impulsa en Cuba, es importante tener en cuenta que esos derechos no solo hay que mantenerlos, sino también refortalecerlos, y por otro lado, el diseño de las políticas públicas —y en particular de la política fiscal que es central— debe concebirse tomando en cuenta la necesidad de que las brechas o las desigualdades no aumenten con el fortalecimiento del sector no estatal.
Eso es posible si las políticas públicas son diseñadas para garantizar no solo que recaudemos más sino que se haga de manera justa. Ese es un gran reto y al mismo tiempo una gran posibilidad que tiene la sociedad cubana, de seguir protegiendo sus logros y a la vez, prepararse para que no sean puestos en juego en esta nueva etapa.
