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BRASILIA, septiembre 1ro.— La defensa de Dilma Rousseff presentó este jueves una apelación ante el Tribunal Supremo en la que demanda la anulación de la votación del Senado que la despojó de su mandato presidencial, informaron fuentes judiciales, dijeron EFE y ANSA.
La apelación presentada por la defensa, que ha anunciado su intención de formular diversos recursos contra el proceso considerado un golpe parlamentario-judicial, exige de momento la anulación de esa votación, al menos hasta que la propia Corte Suprema se pronuncie sobre los principios legales en que se apoyó la condena.
Según la defensa, los cargos formulados contra Rousseff estaban basados en dos artículos de una ley en vigor desde 1950 en la que se definen los «delitos de responsabilidad» que pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que alteraron los presupuestos sin una previa autorización del Congreso y por atrasos en depósitos que el Estado debería hacer en la banca pública para costear diversos planes sociales del Gobierno, y que la acusación sostuvo que se convirtieron en créditos y generaron costosos intereses.
La demanda ha caído en manos del magistrado Teori Zavascki, quien no tiene un plazo legal para pronunciarse y deberá decidir si esa acción puede ser admitida y llevada al pleno de la Corte Suprema, cuyo presidente, Ricardo Lewandowski, dirigió la etapa final del juicio contra Rousseff, como garante constitucional del proceso.
Mientras tanto, el Gobierno usurpador está dispuesto a «privatizar todo lo posible», dice un despacho de la agencia noticiosa española desde Brasilia, en el que asegura que la palabra que quedó prohibida tras la victoria del Partido de los Trabajadores (PT) en 2003 con Luiz Inácio Lula da Silva y continuó Dilma Rousseff hasta el golpe consumado ayer, ha dado un vuelco.
Todavía como interino, Temer le dio un giro liberal a la ruleta económica y las «desestatizaciones», como en Brasil se conoce de manera eufemística a las privatizaciones, se colaron en la agenda del nuevo Gobierno.
«El Estado debe transferir al sector privado todo lo que sea posible en materia de infraestructura», resaltaba un documento divulgado por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) cuando Temer todavía era vicepresidente de Rousseff y planeaba entre bastidores el salto a la presidencia.
EFE destaca que ese informe, titulado Travesía Social, definía las líneas maestras del PMDB en materia económica en caso de conquistar la presidencia, y es el que se está poniendo en práctica con un paquete de privatizaciones y concesiones con los que espera recaudar entre 20 000 y 30 000 millones de reales (entre 6 210 y 9 315 millones de dólares) el próximo año.
El paquete, que podría ser anunciado a mediados de mes según EFE, prevé transferir a la iniciativa privada en un primer momento los aeropuertos de Florianópolis, Porto Alegre, Salvador y Fortaleza y al menos dos terminales portuarias.
Temer había anunciado también la intención de estudiar la privatización de los aeropuertos de Congonhas (São Paulo) y Santos Dumont (Río de Janeiro), que acogen la mayor cantidad de vuelos nacionales.
Al mismo tiempo, AFP señaló que la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) propuso este jueves una reunión extraordinaria para analizar la situación de Brasil.
«La destitución de la presidenta Dilma Rousseff por parte del Senado de Brasil genera preocupación y tiene implicaciones regionales cuyo examen justifica una reunión extraordinaria de cancilleres», expresó el organismo en un comunicado, donde se agrega que su secretario general, Ernesto Samper, está «haciendo consultas con los cancilleres de la Unión», sin detallar una fecha concreta.
En Uruguay, un comunicado del Gobierno de ese país «considera una profunda injusticia dicha destitución», y EFE cita del mismo que «ha seguido con atención» los procesos políticos y jurisdiccionales en la República Federativa del Brasil, que culminaron hace dos días con la decisión del Senado de destituir a la «presidenta electa legítimamente por el pueblo».
El comunicado oficial destaca el rol de Rousseff en «fortalecer la histórica relación bilateral», que permitió alcanzar una «alianza estratégica» en beneficio de ambos pueblos.
Por su parte, el ministro del Interior uruguayo, Eduardo Bonomi, a título personal, valoró la destitución de Dilma Rousseff como un «golpe de Estado» y dijo que «el verdadero motivo» del proceso «es la investigación judicial que se estaba haciendo a la corrupción en Brasil».
La víspera el expresidente y senador José Pepe Mujica dijo que América Latina quedó «malherida» y que el Senado de Brasil destituyó a la presidenta Dilma Rousseff porque esta no cedió a las presiones para cubrir a políticos acusados por corrupción. «Lo que hubo en Brasil fue un golpe de Estado. Póngale el nombre que quieran pero es así», lo citó AVN.
Desde Bogotá, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, dijo: «Siento mucho en lo personal lo que ha sufrido la presidenta de Brasil Dilma (Rousseff), una amiga de Colombia. En lo personal he estado muy cerca de lo que ha sucedido», manifestó el mandatario durante la entrega de la bandera nacional a los deportistas colombianos que competirán en los Juegos Paralímpicos de Río 2016, informó EFE.
