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Una comisión del Senado brasileño se reúne este jueves para definir el cronograma con las fechas y procedimientos del proceso de juicio político contra la dignataria Dilma Rousseff, informa Telesur.
La comisión discute las próximas fases del trámite parlamentario que fueron propuestas por el relator del proceso, Antonio Anastasia.
Los senadores, añade el medio citado, están a favor de la destitución de la mandataria electa por la mayoría del pueblo, por lo que quieren disminuir los plazos presentados por el relator.
Para ello, invocan el inciso 78 de artículo 5 de la Ley de Defensa y sostienen que la prestación jurisdiccional se haga de manera acelerada y planificada.
Los senadores también indican que en las leyes brasileñas se establece que todo ciudadano debe tener acceso a plazos que garanticen la celeridad de su tramitación judicial y que, con sustento en la Constitucion, se busca que el proceso sea eficaz, eficiente y práctico en todos los procesos judiciales administrativos, sin embargo, la celeridad podría ser un obstáculo para el proceso de defensa.
Al respecto, José Eduardo Cardozo, abogado de la Presidenta brasileña, durante su intervención, indicó que la Constitución Federal no determina los plazos para desarrollarse un proceso judicial y que mucho menos un juez tiene la potestad para establecer una fecha límite.
La reunión se realiza luego de que el abogado entregara este miércoles a la Comisión a cargo del juicio político la estructura de la defensa de la mandataria.
El informe de 370 páginas argumenta que el proceso se activó, no porque la mandataria haya cometido un crimen de responsabilidad, sino porque sectores políticos de Brasil querían detener la investigación sobre corrupción en la petrolera estatal Petrobras, conocida como Lava Jato.
Reiteró que el proceso de juicio político en su contra es un golpe, pues tiene «vicios de origen» y se inició como «venganza» del presidente destituido de la Cámara, Eduador Cunha.
Asimismo, aseveró que la defensa de Rousseff cuenta con unos 50 testigos y expertos para expresar sus pareceres sobre el juicio político y añadió que utilizarán en sus alegatos las grabaciones difundidas en los últimos días, en la que dos ministros del presidente provisional Michel Temer criticaban la investigación Lava Jato.
Mientras tanto, más salarios para unos pocos
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en esta jornada en primera lectura una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) del gobierno interino, que a juicio del legislador Arnaldo Faria compromete de muerte a la seguridad social, informa PL.
Lo que están haciendo en la oscuridad de la noche es despojar de recursos a la seguridad para después decir que no hay fondos para pagar a los jubilados y pensionados, manifestó el legislador del Partido Laborista Brasileño (PTB) durante la discusión de la iniciativa, citado por ese medio.
La PEC enviada al Legislativo por el gobierno provisional de Brasil y aprobada por 334 votos a favor, 90 en contra y dos abstenciones, prorroga la desvinculación de los ingresos de la Unión hasta el 2023 y eleva del 20 al 30 por ciento el monto de las recaudaciones por impuestos y contribuciones sociales que puede ser reorientados.
De este modo, el Ejecutivo asegura el derecho de usar libremente los ingresos que antes debían ser destinados a determinadas áreas.
En ese sentido, el diputado del Partido Democrático Laborista (PDT) André Figueiredo afirmó que de aprobarse definitivamente esa propuesta habrá una cuantiosa pérdida para la seguridad social.
Ya le dimos (al presidente interino Michel Temer) un cheque en blanco al aprobar un déficit fiscal de 170 mil 496 millones de reales (unos 47 mil 600 millones de dólares) y ahora quieren concederle otro con esa propuesta, subrayó Figuereido, cita PL.
Una vez aprobado el texto en primera lectura, añaden, la idea del Gobierno es llevarlo al análisis del plenario de la Cámara baja la próxima semana para el segundo turno de votación.
Por otra parte, y pese a la anunciada determinación del Ejecutivo de reducir gastos, un acuerdo entre los líderes partidarios de esa Casa permitió aprobar otros proyectos de ley con reajustes al alza para los salarios de 16 categorías de servidores públicos.
Los más beneficiados serán los del Poder Judicial, cuyos sueldos aumentarán 41 por ciento en ocho cuotas entre este año y julio de 2019.
También fueron aprobados incrementos salariales para el Ministerio Público de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado Federal, y un aumento inmediato de las subvenciones pagadas al Tribunal Supremo Federal (STF) y la Procuraduría General de la República (PGR).
