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Tensiones, intranquilidades, riesgos, malos entendidos. De todo eso y más ha padecido la mesa de diálogos de paz que mantienen, desde hace más de dos años en La Habana, el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP).
A lo largo de estos 37 ciclos de conversaciones no han faltado las amenazas de alguna de las partes con levantarse de la mesa. La historia vuelve a repetirse por estos días. Cuando ya se vislumbraban algunas esperanzas de culminar el proceso y darle paso a la tan anhelada paz, en la noche del jueves el Ejército colombiano bombardeó un campamento guerrillero en una zona rural del municipio de Guapi, en el departamento del Cauca y dejó 26 insurgentes muertos.
Este sábado también se reportó un nuevo ataque de la Fuerza Aérea colombiana contra un fuerte insurgente, que segó otras siete vidas.
La primera emboscada, según dijo el presidente Juan Manuel Santos, responde a dos ataques supuestamente perpetrados por las FARC-EP en abril pasado. El primero provocó la muerte de once uniformados y el segundo tuvo lugar en la isla de Gorgona, en fecha previa.
En una alocución desde la Casa de Nariño, Santos aseguró que seguirán las arremetidas contra la guerrilla hasta conseguir un pacto conclusivo en La Habana que ponga término a la conflagración.
En respuesta, el grupo insurgente anunció que abandonarían la tregua unilateral decretada en diciembre debido a su insostenibilidad en las condiciones actuales.
Luego de conocer que la insurgencia levantaba el silencio de los fusiles, el Presidente apuntó estar «preparados para enfrentar represalias de las FARC-EP» y advirtió a las capas militares del Gobierno que «esta ha sido, esta es y esta seguirá siendo la orden: No bajar la guardia». Pero luego recalcó: «insistiremos en búsqueda de la paz».
Desde que se inició el diálogo, una de las reglas del Ejecutivo ha sido negociar mientras persiste el conflicto armado, algo que no terminan de entender aquellos que viven en medio del fuego en las zonas rurales de Colombia.
Sin embargo, reiterados han sido los pronunciamientos de la insurgencia y de quienes abogan por la paz, en torno a la necesidad de sellar el fuego en ambos lados para generar un clima de confianza y minimizar la victimación de la población civil, opción rotundamente negada por el Gobierno.
Según la Fundación Paz y Reconciliación, un observatorio independiente del conflicto armado, antes de las negociaciones las FARC-EP y la fuerza pública se veían implicadas en unas 200 acciones armadas al mes. En los cinco meses de la tregua decretada por la guerrilla se contabilizaron solo 112.
El Gobierno había reconocido que la guerrilla, en gran parte, venía cumpliendo la pausa. Pero, ¿Y ahora? ¿Intensificarán las FARC-EP y el Gobierno sus ofensivas o se darán cuenta de que ponen en riesgo todo? Ojalá y, como especulan algunos, los hechos de estos últimos días lleven a la conclusión de las hostilidades de forma bilateral.
