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Sin derogación de la Ley APP no hay negociación posible, dicen sindicalistas y campesinos. Autor: EFE Publicado: 21/09/2017 | 05:47 pm
Exitoso fue el paro general que, desde el primer minuto del miércoles 26 de marzo —y luego de la euforia dejada en Asunción por una presentación en concierto de la banda de rock Metallica la noche antes—, desarrollaron campesinos y trabajadores de Paraguay y que fue catalogado como la mayor demostración de rechazo a la política económica y social del Gobierno de Horacio Cartes, desde que asumió el poder en agosto último.
Tal como habían pronosticado desde días antes, el 90 por ciento de los paraguayos se adhirieron a la primera huelga general en 20 años, organizada por los tres frentes principales del país: la Coordinadora Democrática, la Plenaria de Centrales Sindicales y la Federación Nacional Campesina (FNC), los cuales aglutinan, a su vez, a varios sindicatos y a organizaciones sociales, campesinas y de obreros.
Mientras se desarrollaba la acción de protesta, paralelamente, miles de labriegos, llegados de todo el país, se manifestaron por las calles de Asunción dentro de la XXI Marcha del Campesinado Pobre, que este año se unió a las reivindicaciones de los sindicatos.
Con reclamos que van desde lo particular para cada sector, hasta lo general, una exigencia hacia el Gobierno de Cartes marcó la jornada: la derogación de la Ley de Alianzas Público Privadas (APP), que los sindicatos han denunciado como una privatización encubierta de las empresas estatales, aunque el Gobierno la presenta como el desarrollo de la infraestructura y el mejoramiento del acceso a los servicios básicos. Sin embargo, apuestan a multinacionales extranjeras que ya tienen los ojos puestos en la nación guaraní.
Otros pedidos se centran en el aumento de un 25 por ciento del salario mínimo para todos los trabajadores, y así rechazan el incremento del diez por ciento vigente desde este mes.
Incluyen, además, el pedido de un modelo económico, productivo y agroecológico al servicio de las grandes mayorías; el fin de la criminalización de la lucha social; la aplicación de la reforma agraria que recupere las tierras que fueron otorgadas deliberadamente a oligarcas durante la dictadura de Alfredo Strossner; e impugnan el impuesto a la soja.
Rechazan también la política neoliberal del actual Gobierno y piden la libertad de los presos políticos, en referencia a la media docena de campesinos encarcelados tras el grave enfrentamiento entre labriegos y policías ocurrido en Curuguaty en 2012.
Cartes y su ejecutivo dicen encontrar justos los reclamos y los atenderán todos en una mesa de diálogo, cuya instalación fue convocada para los próximos días, con lo que marcó un leve giro en su postura inicial, cuando se mostró reacio a cualquier acercamiento.
No obstante, la FNC y los sindicatos exigen la derogación de la APP, y anunciaron un plazo de cuatro meses para que se atiendan sus reivindicaciones o volverán a otro paro general.
Es obvio que la exitosa huelga, que fue apoyada también por los principales partidos de la oposición: el Liberal y el Frente Guasú, del derrocado presidente Fernando Lugo (lo que provocó que algunos voceros del oficialismo gobernante la calificaran de política), ha sido una ventana que se abre para el fortalecimiento de la alianza entre los movimientos obreros y campesinos, de cara al futuro.
