La hora de América Latina y el Caribe

No es un problema de escasez. América Latina y el Caribe produce más alimentos de los que necesita, y hasta los exporta. Pero los precios de los productos de la canasta básica se caracterizan por su alta volatilidad, lo que dificulta el acceso para los más pobres que, aunque sumaban muchos más hace diez años —225 millones—, todavía representan una cifra, 164 millones, que constituye un reto para los gobiernos de la región.

El esperanzador comportamiento de estos indicadores no es casual. En los últimos años, diversos gobiernos llevaron a cabo políticas encaminadas a combatir males históricos de la región como la propia pobreza, la insalubridad, el hambre y el analfabetismo.

Es un signo también de la llegada de mandatarios democráticos que gobiernan para sus pueblos. Muchos llaman a los últimos años, con total justeza, la década ganada de América Latina y el Caribe, y no solo porque buena parte de nuestros países aprendieron que el neoliberalismo nos estaba matando, sino por la forma en que se blindan en mecanismos de integración que buscan devolver la verdadera emancipación política y económica, a 200 años de los procesos independentistas anticoloniales.

Pero el virtuoso crecimiento económico no es la única causa de los avances en lo social, aunque permitió aumentar el empleo y mejorar los ingresos en los hogares vulnerables, lo que se tradujo en un mayor acceso a los alimentos. Si el crecimiento no viene acompañado de otras transformaciones necesarias y de la elaboración de políticas públicas que busquen disminuir la inequidad y distribuir mejor las riquezas, los favorables índices económicos no se traducirían en los resultados que experimenta la región, de manera global, en la lucha contra la pobreza y el hambre.

Desde la crisis del alza de los precios de 2008, la seguridad alimentaria ha ganado un espacio que no tuvo antes —a pesar de los gritos de alerta— en la agenda de prioridades políticas, tanto a nivel nacional como regional.

Ese compromiso quedó patentizado en la Declaración de Santiago de Chile de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en enero de 2013, y ha marcado el rumbo del organismo en su devenir durante el último año bajo la presidencia pro-témpore de Cuba. Los Estados del bloque se comprometieron a promover la seguridad alimentaria y el apoyo a distintas iniciativas internacionales como el «Desafío Mundial Hambre Cero» y «América Latina y el Caribe sin Hambre 2025».

Se trata, más que todo, de un asunto político, y quienes lo comprendieron y llevaron a cabo profundas reformas sociales, demostraron que nos encontramos enfrascados en una cruzada que se puede ganar.

La región tiene recursos para ello. Los 33 países que conforman la Celac —el más abarcador de los espacios de concertación política regional, sin la presencia de Estados Unidos y Canadá— comparten una gran riqueza y de recursos naturales.

La Comunidad destaca por ser el tercer mayor productor de energía eléctrica y el entorno de mayor diversidad biológica del planeta. Alberga casi la mitad de los bosques tropicales del mundo, el 23 por ciento de las áreas forestadas, más del 30 por ciento de toda el agua dulce disponible y aproximadamente, el 40 por ciento del total de recursos hídricos renovables.

Comprende, además, un área de singulares atractivos turísticos y posee la quinta parte de las reservas mundiales de petróleo.

Su economía, de conjunto, constituye la tercera más grande y potente a nivel mundial con 6,06 billones de dólares. En 2012, el Producto Interno Bruto (PIB) de la región creció en un 3,1 por ciento, superando la media del orbe.

En ese sentido, se trata de recuperar el control de los sectores económicos estratégicos —así han hecho algunas naciones como Ecuador, Venezuela y Bolivia—, para poner en la bolsa estatal mayores ingresos que puedan ser destinados a garantizar los derechos humanos de sus ciudadanías, como la educación, la salud y la alimentación.

La Celac mira el asunto de una manera integradora. Por eso todos estos temas ocupan su agenda, más allá del crecimiento económico y el comercio. Está previsto que en su II Cumbre, a celebrarse en La Habana el 28 y 29 de este mes, sus miembros presenten planes de acción que apunten a paliar y solucionar las deudas sociales del continente.

Se trata, como dijo el presidente venezolano Nicolás Maduro, de conferirle a la integración «un piso social, de justicia e igualdad», lo que significa traducir las ganancias económicas en bienestar, sobre bases sostenibles.

Un camino de concertación de visiones comunes que no solo se da en la Celac, sino en otros mecanismos de integración como la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) y Petrocaribe, que antes de culminar 2013 decidieron crear una Zona Económica Complementaria común para potenciar el desarrollo social en beneficio de los pueblos que integran esos bloques.

Estos dos espacios también acordaron un plan de acción conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), con el propósito de fomentar la seguridad alimentaria y la erradicación del hambre, luchar contra el analfabetismo y mejorar la calidad de los servicios.

Este es el derrotero que también toma la Celac. Es la hora de América Latina y El Caribe. Quieren y tienen que aprovecharla.