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Los sindicatos unidos lograrán cambios radicales a favor de los trabajadores en toda Europa. Autor: EFE Publicado: 21/09/2017 | 05:22 pm
Policías, jueces, bomberos, esta vez han tomado partido del lado opuesto a su habitual proceder y en algunas de las 80 ciudades españolas, calentadas por las protestas contra los recortes aprobados por el Gobierno conservador de Mariano Rajoy hace una semana, encabezaron o formaron parte de las multitudinarias manifestaciones. Sencillamente, les pisaron el callo y también gritan.
Este jueves 19 de julio marcaría un hito como resumen de todas las críticas y rechazos al duro paquete de medidas de ajustes que lanza a la calle a miles de empleados públicos o los deja sin beneficios sociales como el pago extra de Navidad, mientras suben el IVA (impuestos) y bajan las prestaciones por desempleo, pues a la participación de estos sectores de los funcionarios públicos tan afectados se agrega otro punto unitario que ya sobresalía desde el comienzo de las marchas, la convocatoria conjunta de las dos grandes centrales sindicales: la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC.OO.).
El diario El Mundo describía así algunos de los eventos: «Un grupo de bomberos lleva una pancarta que reza “Trabajadores quemados”»; en Valencia, donde la policía local encabezó la protesta, la banderola proclamaba: «Políticos ladrones, la Policía hasta los coj…», y los agentes llevaban tapados los escudos de sus uniformes que los identifican porque «están fuera de servicio». También está el personal de la salud y de educación, dos de los que más padecen los recortes que no solo perturban a los trabajadores, sino también a padres, estudiantes, pacientes y familiares.
Podría decirse que la indignación es un bien que se pega, y las movilizaciones en Madrid, Valencia, Bilbao, Barcelona, son multitudinarias y globales cuando el Parlamento del país ibérico convalidó este mismo día las medidas draconianas del señor del PP. Un lema impulsa a los manifestantes: «Quieren arruinar el país, hay que impedirlo, somos más». Y es que además están involucradas las redes sociales y el movimiento 15-M (15 de mayo, lo indignados de la Puerta del Sol), que van en bloque diferenciado, pero uno y el mismo el reclamo de justicia social y de que el Gobierno PP rectifique su política.
Simplemente, es el 99 por ciento —como se llaman los del Ocuppy estadounidense—, el pueblo llano para quienes las medidas dictadas revierten sus condiciones de vida a un nivel brutal para no pocos. Esa es la perspectiva inmediata que se verá reflejada en la mesa, en las deudas, en la pérdida de vivienda o del futuro educativo de sus hijos. Otros con luz más larga ven claramente que la crisis actual, que se extiende como una epidemia en los países acogotados por el neoliberalismo, constituyen una amenaza al desarrollo económico global.
En cuanto al debate de más de seis horas que se dio en el Congreso de Diputados, previo a la aprobación de estos recortes detallados en los dos reales decretos —como se les llama—, hubo dos elementos a notar: Rajoy, rajó, es decir estuvo ausente y solo se incorporó en el momento de la votación, y los 180 votos a favor que obtuvieron eran todos de su partido, el PP, y del único diputado que tiene la UPN.
Poco más de cien votos rechazaban las medidas, y una veintena de diputados de la Izquierda, la coalición vasca nacionalista Amaiur, y los catalanes de Esquerra Republicana (ERC) se ausentaron para expresar su rechazo y no ser «cómplices» de lo que calificaron como un ataque a los derechos sociales de los ciudadanos. Algunos habían anunciado que estarían en las calles junto a los manifestantes.
Como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, justificó los drásticos ajustes con la presentación de un escenario bien sombrío de la economía del país, puso como principal lastre a la «formidable deuda externa», y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, insistió en que «los errores del pasado no se vuelvan a repetir».
Se hace evidente que los malos manejos de la banca, de otros consorcios y de los políticos, tiene que pagarlos el pueblo, y muy en particular los más de cinco millones y medio de desempleados, el 24,6 por ciento de la población activa, y que en el caso de los jóvenes llega al 53 por ciento.
En Bruselas, Washington y Berlín deben haber aplaudido el proceder de Rajoy, Montoso y de Guindos, porque han seguido al pie de la letra las presiones de la Unión Europea, del Fondo Monetario Internacional y de la canciller germana, Angela Merkel.
«No es una crisis, es una estafa», decían carteles de las marchas ciudadanas, así están las cosas: los débiles pagan, los ricos ganan. Pero está presente la lucha, esa que el gran poeta del antifranquismo, Gabriel Celaya, clamó y Paco Ibáñez musicalizó: España en marcha.
