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Según la ONU, existen más de 370 millones de nativos originarios en 90 países. Autor: Getty Images Publicado: 21/09/2017 | 05:15 pm
Colaboración de Estado a Estado, diálogo político y lucha conjunta contra el narcotráfico. Son esos los tres pilares sobre los que se sustentará el restablecimiento de relaciones entre Bolivia y EE.UU.: de igual a igual.
Así ha quedado estampado en el acuerdo marco suscrito la semana que concluye por los respectivos vicecancilleres. El acontecimiento, que hace tres años se negociaba luego de la expulsión de La Paz del embajador estadounidense Philip Goldberg, de ninguna manera iba a cristalizar si no quedaban las cosas como han sido estampadas. Bien claras.
Ni gesto de genuflexión de parte de Bolivia —aclaró en su momento su vicepresidente Álvaro García Linera—, ni sumisión, remarcó el jefe de Estado, Evo Morales, quien ha apuntado que desde ahora EE.UU. debe respetar las leyes y la Constitución bolivianas. No volverán los tiempos de la dependencia; ni del intervencionismo.
No podía ser de otra manera luego que el ejecutivo del Movimiento al Socialismo (MAS) recuperara para su país el derecho a la autodeterminación y a la dignidad frente a la nación que por centurias se ha sentido ama.
La salida por la puerta trasera de Goldberg —un diplomático que venía con pésimo historial de la antigua Yugoslavia, a cuya balcanización contribuyó, y que en Bolivia alentaba el separatismo para dividir la nación y dar al traste con el Gobierno de Evo— marcó el punto de inflexión del que Washington debió aprender la lección.
Digo, si es que todavía aspira, como anunciara el presidente Barack Obama en su ya lejano discurso de la Cumbre de las Américas de Puerto España, a una nueva relación con América Latina.
Es más: el acuerdo bien podría servir a la Casa Blanca de modelo para esos vínculos cordiales que, ha declarado, aspira a sostener con el sur del hemisferio. Con escasas excepciones, a estas alturas muchos en Latinoamérica no permitirán la vuelta a los viejos tiempos en los que el Norte decidía.
También habría que preguntarse hasta dónde seguirá siendo sostenible para la Casa Blanca mantener hacia nuestros países la política del garrote con el que azota, por ejemplo, a Venezuela, incluida injustamente en la lista negra de los países que no colaboran en el enfrentamiento al narcotráfico, como castigo por su ejercicio de independencia; o a la propia Bolivia, también descertificada. Y qué decir de esta Cuba indoblegable y, por eso, hace más de 50 años bloqueada.
El nuevo Ecuador tampoco le permite ya injerencias, ni Nicaragua, ni Argentina... (¿Son castigados nuestros países o es EE.UU. el que se aísla?)
De vuelta al acuerdo, vale repasar las declaraciones del canciller boliviano, David Choquehuanca, según el cual, el texto también establece la conformación de una comisión conjunta que evaluará periódicamente el estado de los nexos y propondrá medidas para su fortalecimiento, con la posibilidad de abordar diversos temas. Entre ellos, por ejemplo, uno tan trascendente para los bolivianos como la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, con asilo político en Estados Unidos a pesar de que es solicitado por la justicia de su país para que responda por la masacre que ordenó, en agosto de 2003, contra el movimiento social que se levantó hasta lograr que dimitiera.
Otro aspecto importante es el que establece que el enfrentamiento al narcotráfico se realizará de manera conjunta y con responsabilidad com-par-ti-da.
Precisamente, uno de los pasos de mayor soberanía dados por Evo y el MAS ha sido sacar del país a la desprestigiada DEA, el Departamento Antidrogas de EE.UU. Ello asestó un golpe mortal en Bolivia a la falsa cruzada declarada por Washington al narcotráfico, que solo ha perseguido camuflar su injerencismo en América Latina y, concretamente, en las naciones andinas.
Terminaron así de una vez la impuesta erradicación forzosa de los cultivos de coca, la planta ancestral de la cultura indígena, cuya existencia en cantidades limitadas Evo ha defendido con un lema simple —«coca no es cocaína»—, y la presencia ofensiva de los agentes yanquis, a quienes se les permitía hasta la potestad de dar órdenes a la policía y a los militares bolivianos.
No volverá la DEA, ha reiterado Morales, y mucho menos la USAID (la denominada Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional), mampara de los planes de inteligencia del Departamento de Estado y cuyos fondos, supuestamente dirigidos a fomentar la democracia y ayudar a los pobres estaban destinados, en realidad, a subvertir.
Según afirman los investigadores Eva Golinger y Jean-Guy Allard en su libro La agresión permanente, las partidas de la USAID destinadas a Bolivia sumaban 86 millones de dólares en 2009 y 101 millones en 2010, a pesar de que hacía dos años se habían roto los nexos bilaterales.
Evo Morales sabe de qué habla cuando apunta que a partir de ahora se abre una nueva etapa en las relaciones con EE.UU. Y en Washington, donde los halcones no son nada tontos, deben haber entendido bien.
