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SAN JUAN, mayo 2.— Una comisión de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que investiga el abuso policíaco en Puerto Rico, determinó este martes que la falta de querellas contra la policía que cometió desmedidos abusos contra los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) al intervenir durante manifestaciones y protestas recientes, es la causa principal de que no se haya juzgado a ninguna autoridad policial.
Durante las dos jornadas de trabajo de la ACLU, Anthony Romero, director nacional de la entidad, indagó entre quienes ofrecieron su testimonio sobre los abusos policiales si habían levantado cargos, reportó El Nuevo Día.
Ante la negativa de varios alumnos, que alegan no hacerlo por falta de fe en el sistema, Romero recordó que en reunión con las autoridades de la isla, estas alegaron que la falta de querellas presentadas en ese sentido, eran «evidencia de que nada malo ocurría en Puerto Rico».
Asimismo, exhortó a los alumnos maltratados a radicar formalmente las denuncias contra la policía, así como a tener a mano todo tipo de documentación, incluso médica, por si el Departamento de Justicia de Estados Unidos acoge su petición de que también se investigue.
Los estudiantes aclararon que no se acusaron a los policías porque muchas veces no exhibían sus placas, además de la negativa de los agentes a proceder como establecen las normas en casos de querellas.
Una comisión de la ACLU realizó una visita de dos días para investigar las alegaciones de brutalidad policíaca en el contexto de las huelgas y protestas que contra la administración de la UPR protagonizaron hace algunas semanas los alumnos, exigiendo no se impusiera la cuota de 800 dólares a la matrícula, una decisión que no fue escuchada y ocasionó que quedaran fuera de los estudios universitarios más de 3 000 alumnos.
«Lo que he visto y oído es impactante, fuerte, impresionante», afirmó Juan Cartagena, miembro de la comisión de la ACLU, quien ha dedicado su carrera como abogado a defender los derechos de la comunidad latina en EE.UU.
Dijo creer que los sucesos son parte de un plan claro de privatizar la UPR y cambiar su filosofía, y auguró que con estas luchas los jóvenes abrirán puertas.
La comisión aseguró que este proceso será para largo y trascenderá Puerto Rico, y anunció que preparará un informe que espera tener listo en dos meses, el cual, indicó Romero, será presentado a altos funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Washington.
