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Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo. Autor: Roberto Ruiz Espinosa Publicado: 22/12/2017 | 04:31 am
La fortaleza mayor del sistema de tribunales populares radicará siempre en la actitud de los hombres y mujeres que prestan servicios en esta institución. Lo principal es ponernos a la altura de lo que el pueblo cubano espera de nosotros, resaltó Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), al rendir cuenta ante la Asamblea Nacional del Poder Popular como parte del Décimo Período Ordinario de Sesiones de la VIII legislatura.
Remigio Ferro resaltó que enjuiciar y decidir adecuadamente —en nombre del pueblo y de conformidad con lo regulado en leyes y otras disposiciones— la diversidad de conflictos familiares, laborales, patrimoniales, económicos, administrativos y penales, que llegan a las instancias judiciales, constituye una elevada responsabilidad, por su significativo impacto en el ejercicio efectivo de los derechos esenciales, y en la preservación de la legalidad, la tranquilidad ciudadana, el acceso a la justicia y la seguridad jurídica.
Foto: Roberto Ruiz
En el quinquenio 2012-2016, ingresaron a los tribunales populares del país, en todas sus instancias y materias, un total de 949 068 asuntos y, en ese mismo período, resultaron tramitados y resueltos por esos órganos 924 685 (el 97,4 por ciento); esto puede considerarse, en sentido general, un resultado satisfactorio, declaró.
Del total de los asuntos resueltos, el 84 por ciento se tramitó y concluyó en los términos y plazos establecidos, mientras que en los restantes se produjeron dilaciones, algunas por razones objetivas justificadas y otras por deficiencias e insuficiencias en el desempeño de jueces y el resto del personal judicial.
El entorno socioeconómico se refleja e impacta en la actividad judicial y, en consecuencia, la labor de los tribunales no puede permanecer ajena al contexto nacional y precisa que los jueces, además de estar técnicamente preparados en las cuestiones jurídicas, estén también muy informados de lo que acontece en la sociedad, y sean sagaces y agudos en su desempeño.
El Sistema de Tribunales presta especial atención al fortalecimiento de la preparación ideológica, ética y técnico-profesional de los jueces, secretarios judiciales y el resto del personal de la institución, confirmó.
En el transcurso de estos años, ha continuado fortaleciéndose la labor orientadora y supervisora que —en cumplimiento de las facultades conferidas por la Constitución— desarrolla el Consejo de Gobierno del TSP, fijando pautas en cuanto a la interpretación y aplicación de la ley, para establecer una práctica judicial uniforme.
Entre las indicaciones que se han emitido está la pertinencia de que los jueces sean más activos en la conducción de los procesos judiciales; que le den un tratamiento especial a los conflictos relacionados con la familia, así como el reforzamiento de los actos de colegiación de las decisiones y resoluciones judiciales entre los jueces del caso.
El presidente del Tribunal recalcó que se sigue con interés el comportamiento de la justicia penal en la actuación de los tribunales, a los efectos de asegurar la aplicación de la política de prevención y enfrentamiento trazada en ese sentido por la ley y el Estado.
Los cambios del modelo económico y social del país, la evolución del ámbito nacional e internacional en torno al Derecho procesal, y los patrones de actuación estipulados en instrumentos internacionales suscritos por Cuba en este tema, refuerzan la impostergable necesidad de actualizar las normas de procedimientos vigentes en el país desde hace décadas, tanto en materia penal como en el resto de las especialidades, en aras de hacer más efectiva, dinámica y garantista la actividad jurisdiccional en su conjunto.
Cada año queda adecuadamente ejecutada la gran mayoría de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales en cada una de las materias. No obstante, todavía se presentan demoras que resquebrajan la autoridad judicial y la confianza de la población en la capacidad de nuestros órganos para hacer cumplir sus decisiones, apuntó.
La necesidad de asegurar que el servicio judicial se preste con la mayor calidad posible compete a que se continúen desplegando y fortaleciendo las acciones de supervisión y control que permitan gestionar el desempeño cualitativo al que se aspira, significó Remigio, y ejemplificó con los aspectos esenciales que determinan un buen hacer, además de dar a conocer que se trabaja en el diseño y aplicación de un Sistema de gestión de calidad, técnicamente avanzado y propio para la actividad judicial.
También informó que en el transcurso de estos años ha continuado avanzando el programa de mejoramiento de las condiciones de trabajo de los tribunales, orientado por la alta dirección del país y en cumplimiento de lo recomendado al respecto por la Asamblea Nacional del Poder Popular, a raíz del anterior proceso de rendición de cuenta.
Fortalecer la institucionalidad
Con nuevos sistemas de trabajo para la implementación y seguimiento de las diez recomendaciones realizadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular en diciembre de 2011, llegó la Fiscalía General de la República (FGR) a rendir nuevamente cuenta al Parlamento.
Darío Delgado Cura, máximo representante de la FGR, recordó que el artículo 127 de la Constitución de la República «expresa los objetivos fundamentales de la institución referidos al control de la legalidad y al ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado».
La rendición de cuenta ante la presente legislatura incluyó, detalle a detalle, las acciones realizadas en el cumplimiento de las recomendaciones hechas anteriormente y lo realizado en este quinquenio.
El Informe a la Asamblea Nacional también contuvo las líneas de trabajo para el período que inicia, en correspondencia con la proyección estratégica de la FGR para la etapa 2017-2021, los Lineamientos y otros documentos programáticos.
Entre los objetivos está «continuar el perfeccionamiento funcional, de estructura y composición de la Fiscalía, en función de mayor eficacia y eficiencia en el cumplimiento de sus misiones, los objetivos constitucionales, las funciones asignadas por ley, y las tareas encomendadas por la dirección del Partido y el Estado».
Además de otras direcciones de trabajo al interior de la entidad, se plantea continuar contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad, a partir de la adecuación permanente de la prevención y las políticas de enfrentamiento.
Para el período 2017-2021 la Fiscalía General de la República tiene entre sus proyecciones de trabajo alcanzar niveles superiores de calidad y celeridad de los procesos penales y perfeccionar la dirección, el control y la preparación del fiscal como representante de los intereses del Estado, especialmente en los casos priorizados, los que están vinculados a la corrupción, las ilegalidades y las indisciplinas sociales. También se prioriza el enfrentamiento al lavado de activos, la evasión fiscal y las drogas, entre otros delitos.
Darío Cura Delgado, Fiscal General de la República. Foto: Roberto Ruiz
La FGR trabaja además para brindar una eficiente atención a las quejas, reclamaciones y denuncias de los ciudadanos, y las necesidades de orientación, inconformidades y el ejercicio de los derechos de las personas privadas de libertad.
Otra de las proyecciones es alcanzar mayor eficiencia en la protección de los menores de edad, personas de la tercera edad, mujeres y otros sectores vulnerables.
Hacer justica en nuevas condiciones
Este es el resultado final de un proceso que a lo largo del país se ha desarrollado con jueces y fiscales y que demuestra la validez democrática de nuestro sistema, destacó Homero Acosta, secretario del Consejo de Estado, quien razonó que eso no ocurre en otros países del mundo, porque el personal de justicia está completamente aislado del pueblo, contrario a la realidad cubana.
También recordó que Raúl llamó a hacer justicia con la justicia, cuando en pasadas legislaturas se habló de los problemas materiales de este sector, y ya cada órgano los ha ido solucionando. Esta es la respuesta, señaló Acosta, y dijo que los jueces y fiscales han sido acreedores de la confianza que se les pidió.
La construcción de un sistema judicial como el nuestro ha sido —mirando hacia el pasado— en condiciones muy difíciles, analizó, y dijo que transformar la situación inicial después del triunfo de la Revolución fue muy complicado.
El ejercicio de hoy imprime a quienes trabajan en estas instituciones el nuevo impulso para perfeccionar su labor en cada una de las misiones que tienen por la Constitución. Miremos hacia el futuro con el compromiso de lo que hemos hecho y con el deseo de impulsar más lo que hemos realizado hasta aquí. Lo que no puede perder este sistema es la credibilidad del pueblo, acentuó.
La diputada Aixa Hevia reconoció cuánto han avanzado ambas instituciones en materia de comunicación institucional. Todo eso se ve en el modo superior en el que dialogan con el pueblo y aumentan su preparación, señaló.
Marlene Curbelo de la Rosa, del municipio de Cienfuegos, reconoció el trabajo de ambas instituciones en la formación de valores y en la instrucción vocacional en las instituciones primarias y en las universidades.
Es importante distinguir los avances en la defensa de la legalidad y el derecho en la base de nuestro socialismo, porque sin eso no podemos preservarlo, recalcó el diputado Pablo Odén Marichal, quien resaltó el rol de mujeres y jóvenes en ambas instituciones de justicia.
Hemos podido comprobar que la misión que les confirió el país a estos órganos la han cumplido con creces, dijo la diputada Yolanda Gómez, quien reflejó el compromiso latente en estos profesionales, pues es fácil advertir el alto sentido de humanidad y profesionalismo en todos.
Nuestros jueces y fiscales van por el camino correcto. Estos son los resultados que llevaremos a Fidel por este nuevo aniversario de la Revolución, afirmó Marlenys Barzaga Rodríguez, diputada por Holguín. También felicitó a estos profesionales por el aniversario que cumplen sus órganos mañana 23 de diciembre.
Tenemos la confianza de que este ejército de profesionales de la justicia seguirá las recomendaciones de la Asamblea, apoyó Ania María Aparicio Albelo, diputada villaclareña de Cifuentes, quien ratificó que siempre se ha trabajado por y para el pueblo, y cada ejemplo da muestra de ello. Todo debe acompañarse del clima de orden y eficiencia, respaldó.
Después de las consideraciones del Parlamento, todos los diputados aprobaron los informes de ambos órganos de justicia y el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos que los avala.
Recomendaciones
En la presentación del Dictamen a la rendición de cuenta del Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República, José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, informó que, previo a la X sesión ordinaria de la VIII Legislatura, en cada provincia se desarrolló un intenso intercambio entre los diputados, jueces, fiscales y demás trabajadores de ambas entidades.
Cada tribunal y fiscalía fueron visitados y pudieron constatarse los resultados del trabajo, sus aciertos y dificultades, señaló. «Del mismo modo, se pudieron apreciar las transformaciones operadas en beneficio de las condiciones de vida y trabajo de jueces, fiscales y trabajadores en general».
Tanto en los Tribunales Populares como en la Fiscalía General —señaló Toledo— se aprecian avances en su gestión, impresionando positivamente la consagración al trabajo de sus integrantes y la labor desarrollada para el cumplimiento de las recomendaciones aprobadas por la Asamblea Nacional en la anterior rendición de cuenta de ambas instituciones.
No obstante, son comunes a los dos órganos, problemas como la falta de estabilidad en el personal y la necesidad de continuar trabajando por imprimir mayor calidad a su trabajo, además de la incorporación a su gestión de nuevas estructuras y procedimientos.
Por ello se recomendó a los mismos continuar trabajando en el completamiento de sus plantillas de personal técnico y auxiliar; y, entre otras acciones, garantizar mayor estabilidad en sus cargos del personal técnico, «teniendo en cuenta que la profesionalidad requerida para que jueces y fiscales desempeñen eficientemente su labor se adquiere, además de con la preparación técnica, con una alta permanencia en sus cargos, en los que se conjugue la experiencia personal y la derivada del ejercicio profesional».
También se recomendó que el Tribunal Supremo Popular y la Fiscalía General de la República, en coordinación con los ministerios de Educación Superior, Trabajo y Seguridad Social, y Justicia, evalúen y pongan en práctica «los requerimientos y condiciones necesarias para garantizar de manera particular, desde el inicio de la carrera, el proceso de selección y asignación de estudiantes de Derecho» para estas instituciones.
De conjunto con los ministerios de Educación y Justicia, se insistió en evaluar y precisar las medidas para el inicio de la enseñanza de Técnico Medio en Derecho, y garantizar que estas y otras instituciones reciban el personal auxiliar requerido para el mejor desempeño de su gestión.
El Dictamen parlamentario también destacó, teniendo en cuenta el papel de los Tribunales y la Fiscalía en la actualización del modelo económico y social cubano, su rol en el perfeccionamiento del orden institucional, la lucha contra la corrupción y la necesidad de crear un estado de orden y disciplina en la nación.
Un mensaje de felicitación a los jueces, fiscales y demás trabajadores de ambas instituciones, el reconocimiento por la labor que desarrollan, y la exhortación a cumplir cada día con mayor eficiencia la labor de defender al pueblo y a su Revolución y garantizar el imperio de la legalidad socialista en el país, fue transmitido por los diputados a los Tribunales Populares y la Fiscalía General, ante el advenimiento, el próximo día 23, del aniversario de fundación de estos órganos por nuestro Estado Socialista.
