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El taller fue punto de encuentro para revisar el funcionamiento de estas entidades. Autor: Roberto Suárez Publicado: 21/09/2017 | 05:40 pm
De aquí y de allá comenzaron a aparecer rumores y no faltó quien aseverara que en La Habana estaban cerrando las paladares. La realidad, sin embargo, habla de un ordenamiento necesario en una urbe donde suman más de 500 los restaurantes de trabajadores por cuenta propia.
Isabel Hamze Ruiz, vicepresidenta en funciones del Consejo de Administración Provincial (CAP) en la capital, afirma que no es la intención del gobierno cerrar estos negocios, al contrario; queremos que sean exitosos, pero no podemos permitir la indisciplina, manifestó.
Es por ello que desde el mes de septiembre el CAP de La Habana decidió suspender de forma temporal, el otorgamiento de nuevas licencias para esta actividad, con vistas a organizar su funcionamiento.
De conjunto con esta medida, emprendieron un proceso de diálogo con todos los titulares de las licencias, para alertar sobre algunas tendencias negativas que se venían detectando en esos servicios, para luego proceder a un control de lo que ocurre al interior de estos locales.
Hamze Ruiz explicó que La Habana tiene un grupo de atención al trabajo por cuenta propia (TCP) que es el encargado de velar por la organización, el control y de regular todo lo concerniente a esta fuente de empleo, en la cual hay más de 150 000 trabajadores en la capital, en 201 actividades aprobadas.
Fruto de la labor de ese grupo y atendiendo a lo dispuesto por las normas jurídicas, en febrero del 2015 el CAP, mediante el acuerdo 21, dispuso algunas regulaciones para la actividad de restaurantes. El texto de ese acuerdo, precisó la Vicepresidenta citada por el diario Granma, fue dado por escrito a todos los titulares de licencias y además se anexó al expediente que tiene cada uno de ellos, el cual se crea una vez inscritos.
Dicho acuerdo es la antesala de lo que ocurre desde finales de septiembre, cuando comenzaron las reuniones e intercambios con los dueños de paladares de los 15 municipios capitalinos. Todas ellas fueron conducidas por la propia Isabel Hamze Ruiz, y contaron con la participación de funcionarios de los gobiernos locales, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT), la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), y las direcciones de Trabajo y Seguridad Social.
En palabras de la vicepresidenta del CAP, la asistencia fue excelente, pues de los 135 convocados asistieron 129.
Las reuniones, que se extendieron hasta los primeros días de octubre, estuvieron encaminadas a alertar sobre aspectos que enturbian el orden y buen desempeño del trabajo por cuenta propia, particularmente en los restaurantes.
Allí se habló de algunos de los aspectos recogidos en el acuerdo de febrero del 2015, como lo relacionado con la hora de cierre, la cual desde entonces fue establecida a las 3:00 a.m. Igualmente se reflexionó sobre las vías adecuadas para la contratación de los artistas, que debe ser a través de la agencia a la cual estos pertenecen y no de forma personal, además de detenerse en lo relativo al parqueo de los autos.
Hamze Ruiz explicó que este diálogo permitió llamar la atención sobre la adquisición de mercancías ilícitas, el contrabando y el delito de receptación, en los cuales podrían incurrir o incurren en ocasiones los dueños de algunos de estos negocios, escudándose en la no existencia de un mercado mayorista. Insistió en que la creación de este último continúa en la voluntad del país, pero su concreción ha sido muy difícil. Ello, sin embargo, no exime de responsabilidad a quienes cometen delitos como los ya mencionados.
En este sentido, manifestó que también advirtieron a los titulares de las licencias sobre la necesidad de que velaran porque sus establecimientos no se convirtieran en blanco para el expendio de drogas, el proxenetismo y la prostitución; males que deben ser combatidos con rigor donde quiera que afloren.
De igual forma el conversatorio sirvió para trasladar la alerta ante la utilización para inversiones de capital de dudosa procedencia, pues se corre el riesgo de incurrir en el lavado de dinero, algo que también constituye una violación de las leyes, no solo en Cuba.
El problema de la contratación de la fuerza de trabajo fue otro de los puntos discutidos en las reuniones, dada la existencia de personas que emplean a otras que no tienen licencia para ejercer el TCP. Otra violación detectada es el no establecimiento de un contrato de trabajo, dispuesto en la Ley 116, a la cual están sujetos todos los empleadores, sean estatales o privados.
Los incumplimientos de las regulaciones urbanísticas, los trámites fraudulentos en la compraventa de viviendas, el ruido y la importación de mercancías con fines comerciales, que no está aprobada por la Aduana General de la República, fueron también asuntos discutidos en esas reuniones.
El alcance de las actividades para las que les fue otorgada la licencia, resaltó entre los aspectos sobre los cuales alertaron las autoridades habaneras, pues se ha dado el caso en que restaurantes han derivado en clubes y discotecas.
Asimismo, se insistió en el pago de los tributos y el delito de evasión fiscal, sancionable también en cualquier parte del mundo. Al respecto Hamze Ruiz manifestó que de conjunto con la evasión se dan otras formas de incumplimiento de las obligaciones, como son las demoras en el abono de las cuotas y la subdeclaración.
Terminado el proceso de diálogo con los titulares, comenzó entonces el control, que estuvo dirigido a comprobar esos mismos puntos sobre los cuales se discutió y cuyos resultados, al decir de la vicepresidenta en funciones del CAP, han sido positivos.
Se han impuesto multas menores —argumentó la funcionaria— y de los 32 negocios inspeccionados desde el día 11 de octubre a la fecha, solo uno ha sido propuesto para su cierre, por violar el alcance de la licencia que le había sido otorgada.
Enfatizó en que los controles los están llevando a cabo las entidades facultadas para ello, como la Dirección Integral de Supervisión y la dirección de trabajo y seguridad social en la capital; y que para ello están empleando lo establecido en el Decreto Ley 315 y la Ley 116 Código del Trabajo.
Este control que se está haciendo, aunque ahora es más masivo, forma parte de las actividades de rutina, esclareció la vicepresidenta del CAP, al tiempo que afirmó que se ha procedido de forma discreta y sin interrumpir los servicios.
Apreciamos los servicios que prestan nuestros trabajadores por cuenta propia, valoró Hamze Ruiz, hoy son insustituibles y queremos preservarlos, que sean exitosos, pero todo ello con orden.
