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El rol preventivo de la firma por parte de Cuba de 61 tratados bilaterales de protección de la inversión extranjera fue destacado por el Doctor Raúl Lozano Merino, presidente de la Academia Interamericana de Derecho Internacional y Comparado.
Durante la segunda jornada del Congreso Internacional Abogacía 2014, Lozano consideró que esos acuerdos proporcionan el marco jurídico que garantiza la seguridad de ambas partes en los contratos económicos y permiten disponer de mecanismos de solución de controversias por medio de arbitrajes internacionales.
El ejecutivo se refirió a la reciente propuesta de crear un centro de arbitraje para América Latina, con sede en un país del área y el español como idioma, como otro paso que podría ser relevante, pues pondría a la región en igualdad de condiciones con el resto del mundo para este tipo de contratos.
Destacó que la idea de tener un centro de arbitraje en esta zona ya ha sido aprobada por varias Cámaras de Comercio, debido a las ventajas que traería comerciar con principios, leyes y culturas uniformes, en aras de lograr igualdad de condiciones en los negocios.
Lozano destacó igualmente la importancia de que la inversión extranjera se haga de modo socialmente responsable para que, además de generar ventajas como los empleos e intercambios de tecnologías, se protejan los recursos naturales y se empleen energías renovables.
Sobre este tema, la máster Armanda Nuris Piñero Sierra, directora del Bufete de Servicios Especializados, expuso que la nueva Ley de Inversión Extranjera aprobada en Cuba ha avanzado porque protege al inversionista.
En otro punto de la agenda de la jornada, el Doctor Juan Mendoza Díaz, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Procesal, se refirió al rol que debe desempeñar la abogacía frente a los retos de esta materia, que comenzó a actualizarse en el país desde que en el año 2011 fuera aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Según el especialista, para mejorar las condiciones actuales, se hace vital fortalecer el derecho a la defensa, lograr una presencia más temprana del abogado en el proceso, aprobar su función de tutela en prisión y dotarle de herramientas para adquirir pruebas de diversos organismos públicos durante la investigación. Asimismo, constituiría una mejora procesal incluir a la figura del consultor técnico para que apoye el momento pericial.
