24
¿Quién puede dudar de la conducta dolosa de una administración, que mientras hace morir a miles de norteamericanos y a centenares de miles de ciudadanos de otros países en nombre de una supuesta guerra contra el terrorismo, sigue dándole amparo a Luis Posada Carriles, prófugo de la justicia venezolana, y favoreciendo a su socio mas íntimo, Santiago Álvarez?
La denuncia la reiteró Ricardo Alarcón de Quesada, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la clausura del IV Encuentro Internacional Justicia y Derecho, que concluyó este viernes en la capital.
Alarcón recordó que en el transcurso de la semana se produjo una denuncia de la cancillería cubana acerca de una serie de violaciones, por parte de la representación diplomática de Estados Unidos en La Habana, de las convenciones que rigen el funcionamiento de las misiones diplomáticas y consulares, de otras normas del derecho internacional, y de las leyes norteamericanas y cubanas.
«A través de esa sede diplomática se hacía llegar dinero a personas dentro de nuestro país, que el gobierno norteamericano trata de organizar para fabricar una oposición interna en la Isla.
«La República de Cuba ha emplazado a la administración estadounidense a que responda cómo es posible que sus diplomáticos aquí hubieran canalizado recursos financieros provenientes de un ciudadano que está cumpliendo prisión en ese país por el delito de terrorismo».
Alarcón explicó que la Oficina de Intereses norteamericana usó a esos individuos para que sirviesen como testigos que favorecieran a Santiago Álvarez —condenado por un tribunal estadounidense después que se le ocupara un gran alijo de armas— y justificaran una reducción de la sentencia que se le impuso.
«Esos acontecimientos constituyen pruebas elocuentes de las razones que asisten a la actuación de los cinco cubanos luchadores contra el terrorismo, que hoy cumplen injustas condenas en cárceles norteamericanas.
«¿Cómo podía Cuba dejar de ejercer el derecho sagrado a la defensa, a la salvaguarda de las vidas de nuestros ciudadanos frente al terrorismo? Había que hacer lo que hicieron esos compañeros».
En el IV Encuentro Internacional Justicia y Derecho participaron alrededor de 400 delegados de 26 países. Al mismo asistieron María Esther Reus, ministra de Justicia; Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, y Arnel Medina, presidente de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.
