Acuse de recibo
Iris Lago Pozo (San Gregorio 1312, entre 2 y 3, Sur, ciudad de Guantánamo) cuenta los avatares sufridos desde que el 5 de noviembre pasado se derrumbaran dos viviendas, entre ellas la suya, y se encontraban los moradores dentro de estas.
Entonces llamaron al puesto de mando del Poder Popular municipal para informar lo sucedido. Les comunicaron que la queja estaba registrada y dijeron los pasos a seguir. Ellos comunicaron con el Cuerpo de Bomberos, que a su vez llamaron a la Policía y a la Organización Básica Eléctrica.
Los afectados contactaron vía telefónica con Marilyn Céspedes, directora municipal de Vivienda, quien les notificó que mandaría a la técnica de la Vivienda. Y esa misma mañana, al ver que no llegaba nadie, llamaron al Partido municipal y les atendió Magalis Azahares, jefa de Atención a la Población, quien respondió que no se preocuparan, que tendrían respuestas.
A las 3.30 p.m. de ese día se presentó Maribel Mansfarroll, técnica de la Vivienda, quien impresionada con lo que vio, tomó los datos de las dos viviendas, midió y tiró fotos que fueron enviadas de inmediato a su jefa por WhatsApp.
Presente ella allí, añade, los vecinos fueron a ayudar a apuntalar la parte del techo que no había caído. La mayoría de este no se pudo recuperar porque era de fibrocemento. Uno de los vecinos les prestó lo que tenía como techo para hacerle la casa a su hija. En estos momentos el techo está supuesto y con miedo cada vez que hace viento: siguen con peligro de derrumbe.
Ese día se comunicaron con José Montero Cobas, funcionario de la oficina de Inversiones del Poder Popular municipal, quien les dijo que apuntalaran la casa, expresando que la vivienda era de ellos, en una forma inadecuada. Al otro día se personó de nuevo Maribel Mansfarroll y les pidió una carta del CDR, del delegado y un militante del Partido que recogería al otro día. Todavía obran en nuestro poder esos documentos, señala.
Se personaron en el Poder Popular municipal y les atendió Rolando Cantillo Hernández, intendente municipal. Le explicaron lo que estaban pasando, y les dijo que mandaría la comisión evaluadora de esos tipos de casos. Y nunca llegó. Dio su número de teléfono corporativo para que lo llamaran. Dijo que no se preocuparan, que a su caso se le daría solución. Y ellos se retiraron confiados.
A la semana siguiente volvieron a comunicarse, y este expresó que había una brigada de la Empresa de Comercio y Gastronomía que les haría el 25 por ciento de las viviendas. Cuando investigaron, supieron que no existe brigada alguna. Y el viernes 12 de ese mismo mes lo llamaron y dijo que no podía hacer nada, porque la vivienda era particular, que ellos eran los dueños. «Hemos sido engañados», afirma.
Llamaron a Atención a la Población del Partido municipal y comunicaron lo sucedido con el Intendente. Les plantearon que despacharían la situación con José Montero Cobas, funcionario de Inversiones del Poder Popular municipal y la respuesta fue que la vivienda es particular y debían hacerla con esfuerzo propio. «Esta es la fecha en que aún no hemos tenido respuesta», refiere.
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